Agricultores Federados Argentinos (AFA), la mayor cooperativa agrícola de primer grado del país, avanza con un proyecto estratégico para agregar valor al maíz: la construcción de una planta de producción de bioetanol. La iniciativa, estimada en más de US$150 millones, refuerza la posición de AFA en la cadena agroindustrial y moviliza el debate sobre la necesidad de una nueva ley de biocombustibles que liberalice el mercado y permita una mayor competencia y mezcla en los combustibles.
Quién es AFA y su capacidad operativa
AFA nació del esfuerzo conjunto de productores nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA) y hoy agrupa a más de 16.000 socios activos que participaron durante el último ejercicio. Su estructura es federal: tiene oficinas comerciales, centros de distribución y plantas de acopio en 130 localidades de 10 provincias. La cooperativa declara una capacidad de almacenaje de 3.200.000 toneladas, lo que la posiciona como el actor individual con mayor capacidad de almacenamiento en Argentina, y reporta que en el último ejercicio logró acopiar 6.800.000 toneladas, gracias a su planificación y logística.
En términos financieros y productivos, AFA exhibe una facturación superior a los US$2.200 millones en el último ejercicio y un patrimonio que supera los US$830 millones. Entre sus activos se encuentran un molino harinero y una aceitera con niveles relevantes de producción, además de inversiones recientes en investigación y desarrollo.
Inversiones en I+D y biológicos
En 2024, AFA inauguró una planta dedicada a la investigación, formulación y comercialización de insumos biológicos de alta calidad. La inversión en su parque industrial de Ramallo ascendió a US$6 millones y la capacidad del nuevo centro permite cubrir hasta 1,5 millones de hectáreas. Esta apuesta por tecnología y bioinsumos forma parte de una estrategia de valor agregado que complementa la ocurrencia de la futura planta de bioetanol.
Proyecto de planta de bioetanol de maíz
La cooperativa proyecta una planta de bioetanol basada en maíz con una capacidad declarada de 400 metros cúbicos —dato aportado por la empresa— y una inversión estimada en más de US$150 millones. AFA ha firmado, además, un memorándum de entendimiento con una petrolera internacional de origen emiratí; medios señalan que podría tratarse de ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), aunque la cooperativa no confirmó la identidad por motivos de confidencialidad.
La cooperativa evalúa emplazamientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Para AFA, la obra es una pieza clave para completar la cadena de valor: “La cooperativa ya le agrega valor a soja y trigo y queremos hacer lo propio con el maíz”, señaló Gonzalo Del Piano, gerente general de AFA. No obstante, Del Piano también advirtió sobre la actual limitación regulatoria: el mercado de biocombustibles está hoy cerrado por un sistema de cupos que impide el ingreso de nuevos actores.
Obstáculos regulatorios y propuesta de cambio
La ejecución y la viabilidad comercial de la planta dependen, según AFA, de una modificación del marco legal vigente. En las últimas horas trascendió un proyecto de ley impulsado por la senadora nacional Patricia Bullrich y otros legisladores que propone, entre otros puntos, un régimen de 15 años orientado a un mercado más abierto y competitivo. Las medidas clave de la iniciativa son:
– Libre acceso a la actividad, permitiendo la competencia entre distintos productores y mezcladores.
– Aumento gradual de los cortes: la mezcla de biodiésel en gasoil pasaría del 7,5% al 10% en 12 meses; la de bioetanol en nafta subiría del 12% al 15% en el mismo plazo.
– Creación de un mercado electrónico obligatorio para negociar precios y volúmenes entre productores y empresas mezcladoras, sin intervención directa del Estado; ese mercado sería administrado por un organismo independiente.
– Permiso para cortes superiores al obligatorio y habilitación a circular con vehículos flex fuel que acepten mezclas mayores a las definidas.
AFA considera que un mercado más liberal y un aumento del corte obligatorio serían fundamentales para justificar la inversión en bioetanol y garantizar demanda estable. “Nos parece un buen mercado, siempre y cuando se promulgue una nueva ley de biocombustibles que libere el mercado y aumente el corte permitido, que en la Argentina es uno de los más bajos de la región”, resumieron desde la cooperativa.
Impacto y objetivos estratégicos
La planta de bioetanol tendría varios efectos directos y estratégicos. En lo productivo, permitiría a AFA transformar maíz en biocombustible, agregando valor local y reduciendo la dependencia de la exportación de materias primas sin industrializar. En lo económico, la inversión contribuiría a la diversificación de ingresos de la cooperativa y la creación de empleo en las regiones donde se instale. En lo climático y energético, el fortalecimiento del mercado de biocombustibles puede alinearse con políticas de reducción de emisiones, siempre que la cadena productiva y el manejo de subproductos cumplan estándares ambientales.
El proyecto también es coherente con otras acciones de AFA orientadas a innovar: desde la planta de biológicos hasta la ampliación de su red logística y de acopio. Ese enfoque integral es parte de la propuesta de AFA para mantenerse competitiva y responder a los desafíos del mercado interno y externo.
Qué queda por definirse
Para que la planta sea viable, quedan varias decisiones y condiciones por confirmarse: la sanción de una nueva ley de biocombustibles o cambios regulatorios que permitan competir en igualdad de condiciones; la definición del socio estratégico o inversionista extranjero (entre las hipótesis figura ADNOC, aunque no está confirmado); la elección del sitio definitivo entre las provincias evaluadas; y el cierre del esquema financiero detallado que respalde la inversión superior a los US$150 millones.
Conclusión
AFA impulsa una apuesta de largo plazo para agregar valor al maíz con una planta de bioetanol que podría transformar su rol en la cadena energética y agroindustrial argentina. La iniciativa pone de manifiesto la interacción entre inversión privada, capacidad operativa de una cooperativa de escala y la necesidad de un marco normativo que facilite el ingreso de nuevos actores y aumente los cortes obligatorios en combustibles. Si se concreta, el proyecto sería una pieza relevante para la industrialización nacional del cereal y una señal de que las cooperativas pueden liderar iniciativas de transformación productiva.
