Un grupo de senadores oficialistas presentó un proyecto de ley que propone transformar el marco regulatorio de los biocombustibles en Argentina, con el objetivo de crear un mercado más dinámico, desregulado y abierto a la inversión privada. Promovida por Patricia Bullrich y otros legisladores, la iniciativa busca modernizar el esquema vigente mediante aumentos en los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, la incorporación de nuevos combustibles vinculados a la transición energética y la habilitación de mecanismos comerciales electrónicos.
Principales cambios propuestos
– Aumento de mezclas obligatorias: el proyecto eleva el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% dentro del primer año de vigencia. Además, faculta al Poder Ejecutivo a modificar esos porcentajes por razones técnicas o de abastecimiento.
– Flex fuel: por primera vez en la legislación argentina se incorpora el concepto de vehículos “flex fuel”, que pueden operar con distintas proporciones de combustibles líquidos y biocombustibles, siguiendo modelos de países como Brasil. Esto permite, en algunos casos, el uso de hasta 100% de bioetanol.
– Nuevos mercados y combustibles: la propuesta habilita la inyección de biometano en redes de gas natural, impulsa el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y crea un mercado electrónico para la comercialización de biocombustibles.
– Duración regulatoria y objetivos: la norma regularía actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo por 15 años desde su aprobación, buscando previsibilidad para inversiones.
Impacto en la estructura del sector
El proyecto redefine categorías empresarias, diferenciando entre compañías integradas y no integradas, lo que podría modificar la participación relativa de grandes grupos aceiteros, petroleras y plantas pymes. Según sus impulsores, la reforma pretende fomentar la competencia y atraer inversiones al sector, pero las modificaciones en los límites y en la participación de actores no integrados generan inquietudes en distintos segmentos de la industria.
Efectos regionales y sobre cadenas productivas
Las cadenas productivas vinculadas al maíz, la soja y la caña de azúcar —insumos clave para bioetanol y biodiésel— serían las más afectadas. Provincias productoras como Córdoba, Santa Fe y Tucumán podrían beneficiarse por el aumento de la demanda de materias primas y la posible reactivación de plantas y puestos de trabajo en la agroindustria.
Reacciones del sector
La recepción inicial en la industria del biodiésel fue mayoritariamente favorable, aunque con reservas sobre los porcentajes propuestos. La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) valoró la oportunidad de una norma en un contexto internacional favorable para los biocombustibles, pero reclamó que el corte obligatorio de biodiésel debería ubicarse en 15% para sustituir importaciones de gasoil.
La Cámara de Bioetanol destacó que el proyecto promueve seguridad energética, una transición hacia energías más limpias y un mercado más competitivo y moderno. Subrayaron que la mayor mezcla obligatoria de bioetanol y la posibilidad de mercados libres por encima del umbral podrían permitir a los consumidores elegir mezclas mayores.
Críticas y observaciones técnicas
Organizaciones y cámaras del sector plantearon una serie de reparos técnicos y económicos que, según advierten, convendría corregir durante el debate legislativo:
– Disminución del espacio para empresas no integradas: se alerta que la transición reduciría la porción de mercado disponible para plantas no integradas, afectando la competencia y la diversidad de proveedores.
– Discrecionalidad del Ejecutivo: se cuestiona que la facultad del Poder Ejecutivo para modificar los porcentajes de corte deje una amplitud discrecional que podría generar incertidumbre en el mediano plazo.
– Comercio electrónico y concentración: algunos actores temen que reemplazar licitaciones públicas por un mercado electrónico no elimine el poder de compra concentrado y, por tanto, no garantice condiciones equitativas para las pymes.
– Coprocesamiento y beneficios fiscales: se criticó que el cálculo del corte obligatorio incluya el coprocesamiento (mezcla de bioproductos en refinerías) y que se extiendan beneficios fiscales a la porción de gasoil coprocesado, lo que podría favorecer a refinadores en desmedro de productores de biocombustibles.
– Ausencia de mecanismos contractuales automáticos: se señaló la falta de cláusulas tipo “take, deliver or pay” que aseguren sanciones o compensaciones automáticas ante incumplimientos de entrega o retiro, lo que puede aumentar el riesgo comercial para productores.
Comparaciones internacionales y lecciones
Voces del sector compararon el escenario argentino con la experiencia brasileña, donde mandatos crecientes de biodiésel contribuyeron a un fuerte aumento en la producción de soja en las últimas décadas. El argumento apunta a que mandatos más ambiciosos en Argentina podrían estimular la producción agrícola y la industrialización asociada; en cambio, la falta de actualización y de impulso a la demanda habría contribuido al estancamiento de la producción local.
Contexto legislativo y otros proyectos
En el Congreso ya existen iniciativas previas sobre biocombustibles impulsadas por distintos bloques y provincias productoras, que proponían extender el régimen vigente y actualizar los porcentajes de corte hasta 2030. La nueva propuesta oficialista se suma a esas alternativas, aunque con un enfoque más orientado a la desregulación, la apertura de mercados y la integración de nuevos combustibles como el biometano y los SAF.
Balance y próximas etapas
El proyecto busca un equilibrio entre incentivar inversiones privadas, modernizar la matriz de combustibles y cumplir objetivos de descarbonización del transporte. Para lograrlo de forma efectiva, el debate parlamentario probablemente deberá abordar las observaciones técnicas y las preocupaciones sobre competencia, reglas de mercado y mecanismos de cumplimiento. La definición de porcentajes, condiciones para las empresas no integradas, reglas de comercialización y garantías contractuales serán puntos clave para conseguir consenso y evitar efectos adversos en la producción local y en las pymes.
Conclusión
La iniciativa representa un intento significativo de actualizar la normativa de biocombustibles en Argentina, incorporando flexibilidad tecnológica (flex fuel), nuevos vectores energéticos (biometano, SAF) y mecanismos comerciales digitales. Si bien puede atraer inversiones y favorecer la transición energética, su éxito dependerá de ajustes técnicos que preserven la competencia, garanticen previsibilidad regulatoria y protejan a los actores más vulnerables de la cadena productiva. El debate en el Congreso determinará si la propuesta se transforma en una ley que impulse una mayor penetración de biocombustibles sin generar distorsiones que recaigan en productores locales o en la seguridad de abastecimiento.
