Bolsa de Cereales de Entre Rios presenta argumentos tecnicos ante el STJ
La Bolsa de Cereales de Entre Rios (BolsaCER) se presento como amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Rios (STJ) para aportar analisis tecnicos e institucionales en los recursos de amparo que impugnan articulos de la ley provincial que regulan las distancias de exclusion para la aplicacion de productos fitosanitarios. La entidad sostiene que la norma vigente es el resultado de un proceso legislativo amplio, participativo y respaldado por evidencia cientifica, y advierte que una modificacion por via judicial podria generar efectos directos sobre la produccion agropecuaria y la economia rural de amplias zonas de la provincia.
En su intervencion formal, la BolsaCER expuso estudios espaciales y economicos que evaluan el impacto de escenarios alternativos de exclusion -en particular, los parametros que surgen de antecedentes judiciales- sobre la superficie productiva y la capacidad de producir granos basicos. El objetivo, segun la institucion, fue que el maximo tribunal conozca informacion tecnica que aporte al debate juridico y territorial.
Contexto del proceso legislativo y participantes
La ley que regula distancias y otras condiciones para la aplicacion de fitosanitarios fue impulsada despues de una orden del STJ en 2019, que insto al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial a avanzar en una regulacion. El proyecto fue debatido durante mas de un ano en la Camara de Diputados, con especial tratamiento en la Comision de Ambiente, donde se incorporaron aportes de distintos sectores: representantes del sector agropecuario, especialistas tecnicos, organizaciones de buenas practicas y autoridades publicas.
La presentacion de la BolsaCER ante el STJ fue precedida por un encuentro institucional en el que participaron el presidente de la BolsaCER, Hector Bolzan; el ministro de Desarrollo Economico de la provincia, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura y Ganaderia, Raul Boc Ho; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; y representantes de la Mesa de Buenas Practicas Agropecuarias y de la Cooperativa La Ganadera de General Ramirez, actuando esta ultima como tercero interesado en la causa. La entidad reafirmo que el proceso que derivo en la ley busco integrar diversas miradas y consolidar criterios basados en evidencia tecnica.
Que cuestionan los amparos y que propone la BolsaCER
Los amparos que llegaron al STJ cuestionan la constitucionalidad de dos articulos de la ley que fijan distancias de exclusion en aplicaciones terrestres y aereas. En algunos antecedentes judiciales citados por los amparistas se plantearon distancias de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aereas, cifras que la BolsaCER advierte podrian generar efectos de gran magnitud si se aplicaran de manera generalizada en todo el territorio entrerriano.
La BolsaCER presento mapas y analisis de superposicion territorial que muestran la afectacion de lotes agricolas en zonas representativas -por ejemplo, Loteo Tierra Alta y Aldea Salto- bajo esos umbrales de restriccion. El estudio no se limito a contabilizar hectareas perdidas, sino que estimo la consecuencia productiva en toneladas de trigo y maiz y tradujo ese volumen a una dimension de seguridad alimentaria para poner en perspectiva la magnitud de la afectacion.
Impacto estimado sobre la produccion y la seguridad alimentaria
Segun el informe tecnico de la BolsaCER, la adopcion generalizada de las distancias de 1.095 y 3.000 metros implicaria la imposibilidad de producir aproximadamente 33.700 toneladas de trigo y maiz en las areas analizadas. Para dar una referencia de impacto social, la entidad calculo que ese volumen equivale a la perdida de mas de 112.300.000 platos de comida derivados de harinas basicas, lo que coloca la discusion en terminos de seguridad alimentaria ademas de los tradicionales indicadores economicos.
La BolsaCER advierte que la limitacion de superficie productiva no solo reduce la oferta local de granos, sino que tambien repercute en la planificacion territorial, la viabilidad economica de productores y cooperativas, y la sustentabilidad de cadenas productivas que sostienen empleo y servicios en comunidades rurales.
Mecanismos de la ley y argumentos cientificos
En su aporte ante el STJ, la BolsaCER subrayo que la ley provincial incorpora mecanismos de resguardo que, segun la entidad, se ajustan o incluso superan estandares razonables desde la evidencia cientifica disponible. Entre esos mecanismos se citan la obligacion de aplicar buenas practicas, la exigencia de recetas agronomicas y procedimientos de monitoreo y control, asi como la posibilidad de establecer zonas de amortiguamiento y protocolos de mitigacion del drift en aplicaciones terrestres y aereas.
La exposicion de la BolsaCER incluyo referencias a estudios sobre deriva de plaguicidas, factores climaticos y operativos que determinan la dispersion de particulas y goticulas, y medidas tecnicas de reduccion del riesgo, como la seleccion de equipos, condiciones meteorologicas favorables y franjas de no aplicacion en proximidad a areas sensibles.
Implicancias para el ordenamiento territorial y la convivencia urbano-rural
Mas alla de la discusion tecnica sobre metros de exclusion, la entidad planteo ante el tribunal que la solucion a los conflictos derivados del uso de fitosanitarios no puede depender unicamente de criterios judiciales que fijen distancias uniformes sin considerar la heterogeneidad territorial. La BolsaCER aboga por un ordenamiento territorial equilibrado que permita compatibilizar la expansion urbana con la preservacion de la actividad agropecuaria, evitando que la ocupacion residencial genere restricciones que terminen desplazando la produccion de alimentos.
La institucion remarco que las decisiones deben aplicarse en el marco de la ley y de politicas publicas que promuevan la convivencia entre ciudades y campos, con herramientas de planificacion que otorguen seguridad juridica a productores y a pobladores urbanos.
Que sigue en el camino judicial y administrativo
Con la presentacion del amicus curiae, el STJ cuenta ahora con insumos tecnicos adicionales que pueden orientar su resolucion sobre la constitucionalidad de los articulos impugnados. La decision judicial tendra efectos practicos sobre la vigencia y la aplicacion de las normas de exclusion en la provincia y, en consecuencia, sobre la organizacion del uso del suelo y la actividad productiva.
Mientras tanto, la BolsaCER y otros actores del sector insisten en la necesidad de reforzar las buenas practicas, la formacion tecnica y los mecanismos de control para minimizar riesgos sanitarios y ambientales, al tiempo que se preserva la capacidad productiva. El debate combina componentes juridicos, tecnicos, productivos y sociales, y su resolucion exigira ponderar derechos, competencias y el interes publico en torno a la produccion de alimentos y la proteccion de la salud y el ambiente.
