La frase que encabeza esta nota proviene de Andrea Passerini, productora tambera y dirigente rural de Carlos Casares, y sintetiza uno de los reclamos recurrentes del sector agropecuario en materia tributaria: el cobro de las llamadas “guias de hacienda” por parte de municipios. En terminos generales, el argumento que exponen productores y entidades rurales es que estos tributos, concebidos en su momento para compensar los danos provocados por el arreo de animales por caminos rurales, han perdido su sentido original y hoy representan un costo adicional que el campo enfrenta sin recibir a cambio mejoras apreciables en infraestructura o servicios.
Historicamente, las guias se asociaban a la necesidad de habilitar y controlar el traslado de ganado cuando los animales se sacaban de los campos mediante arreo. Aquella tasa buscaba reparar los danos materiales y ordenar el transito de hacienda. En la actualidad, la tramitacion suele realizarse a traves de sistemas electronicos -documentos de transito como el DTE- y, sin embargo, en muchos municipios se mantiene el cobro por animal. Ese cobro por unidad es percibido por productores y organizaciones rurales como una renta municipal que no se refleja en una contraprestacion equivalente: caminos rurales que dependen de los municipios permanecen deteriorados, y los recursos que recaen por estas guias no se ven reinvertidos de manera transparente o suficiente en infraestructura vial o servicios vinculados.
El problema de las guias se inserta en un panorama tributario mas amplio que incluye retenciones nacionales y el impuesto inmobiliario rural provincial. A ello se suma la multiplicidad de gravamenes municipales, que en ocasiones pasan desapercibidos pero impactan de forma directa en los costos de logistica y comercializacion de la produccion ganadera. Por esta razon, el sector define a las guias como un “costo impositivo invisible” que, en conjunto con otros cargos, termina por erosionar margenes y competitividad.
En los ultimos dias este conflicto cobro visibilidad por decisiones municipales contradictorias. En Canuelas, la intendenta Marisa Bassi decidio un incremento significativo: las tarifas de las guias para traslado de hacienda aumentaron 124% en ese municipio. Esa suba genero criticas de productores y referentes rurales, que consideran que incrementos de esa magnitud agravan la presion fiscal sobre el sector y no se justifican por mejoras evidentes en los servicios relacionados.
En sentido contrario, en la provincia de Cordoba surgieron decisiones que alivian la carga para los productores. Dos municipios cordobeses, Colonia Caroya y Bell Ville, anunciaron la eliminacion o discontinuacion del cobro de guias de hacienda. En el caso de Colonia Caroya la medida fue comunicada como la exencion del pago de la Guia Hacienda para ganado en pie (Documento de Transito Electronico – DTE), a partir de 2026. La Sociedad Rural de Jesus Maria (SRJM), que participa en gestiones con las rurales del Arco Noroeste, destaco esa resolucion como resultado del trabajo conjunto entre productores y autoridades locales. La intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, senalo que la exencion busca colaborar con los productores y permitir que los fondos que antes se destinaban al pago de guias puedan reinvertirse en favor de la economia local.
La importancia de esta decision en Colonia Caroya no es menor: en esa region se ubica uno de los mercados concentradores de bovinos mas relevantes del pais y la Sociedad Rural de Jesus Maria administra el segundo mercado fisico de animales en importancia nacional, donde se rematan mas de 1.000 animales todos los lunes. Desde la SRJM se expreso la esperanza de que la medida sea replicada por otros intendentes y jefes comunales que aun sostienen el cobro de este peaje, que segun criticos “no devuelve ninguna prestacion” a cambio.
Bell Ville tambien comunico la decision de discontinuar el cobro de guias a partir del 1 de enero, tras gestiones realizadas por la Sociedad Rural local ante la municipalidad. La ruralidad de Bell Ville valoro la medida como un alivio en los costos operativos para los productores ganaderos y la interpreto como un reconocimiento al esfuerzo que realizan para sostener la economia regional. La Sociedad Rural local reafirmo su compromiso de continuar gestionando y defendiendo los intereses de sus asociados y del desarrollo de la produccion local, y expreso su agradecimiento por la disposicion al dialogo de las autoridades municipales. Ademas, invito a otros municipios a adoptar medidas similares que contribuyan a reducir cargas y costos para el sector productivo.
Fuera de estos ejemplos, hay menciones a otros distritos cordobeses -como General Cabrera y Rio Cuarto- que podrian sumarse a la tendencia de eliminar o reducir el cobro de guias, segun gestiones que se encuentran en curso. En contraste, el aumento en Canuelas evidencia que no existe una postura uniforme entre municipios y que las decisiones pueden variar segun prioridades locales, necesidades fiscales y presion politica.
Los representantes del sector argumentan que, si las guias historicamente cumplian una funcion de reparacion por danos provocados por el arreo, hoy su justificacion tecnica es debil cuando los traslados se registran electronicamente y no se generan los mismos problemas materiales. Por ello, mas alla de la eliminacion en algunos casos puntuales, el reclamo incluye la revision general de la politica tributaria municipal aplicada al transporte y comercializacion de hacienda, y un reclamo por mayor transparencia en la utilizacion de los fondos recaudados.
En sintesis, el conflicto sobre las guias de hacienda refleja tensiones entre productores y administraciones locales por una tasa que originalmente tuvo un objetivo concreto, pero que para muchos hoy constituye un gravamen adicional sin contraprestacion clara. Las decisiones dispares de municipios como Canuelas por un lado, y Colonia Caroya y Bell Ville por otro, muestran caminos distintos: aumento de la recaudacion municipal frente a medidas de alivio fiscal destinadas a apoyar la actividad productiva. La discusion remite tambien a una demanda mas amplia del campo: que los recursos publicos se gestionen con criterios de eficiencia y que las cargas fiscales no se acumulen de forma que perjudiquen la produccion y el mantenimiento de la infraestructura rural.
