El Gobierno nacional lanzó la convocatoria para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, en un movimiento clave para la logística agroexportadora.
El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y busca que la inversión privada recupere la infraestructura ferroviaria que hoy muestra un marcado deterioro.
La medida afecta a la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística SA (BCyL), que administra los tres ramales y será objeto de la concesión.
El llamado a licitación fue formalizado en la resolución 1350/2026, publicada en el Boletín Oficial, y está abierto a oferentes nacionales e internacionales.
Pueden consultarse los detalles oficiales en el Boletín Oficial en este enlace: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346112/20260820.
El alcance logístico de la concesión es amplio y estratégico para el sector agroindustrial del país.
En total, la medida cubre 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, conectando zonas productivas con puertos y pasos internacionales.
Los corredores licitados unen el Gran Rosario con el NOA, atraviesan el país de este a oeste y recorren todo el Litoral, según la Casa Rosada.
Cómo será la concesión y los incentivos
La concesión se ofrecerá bajo un régimen de open access, que permite el acceso no discriminatorio de distintos operadores a la infraestructura ferroviaria.
Además, los oferentes podrán presentar Planes de Inversiones y acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si cumplen los requisitos.
El Gobierno sostiene que el objetivo es incorporar capital privado y capacidad de gestión para revertir décadas de deterioro.
Según fuentes oficiales, desde 1970 la producción agropecuaria se multiplicó por seis mientras la capacidad transportista del Belgrano no acompañó ese crecimiento.
Los informes técnicos citados por la administración detallan pérdidas económicas, infraestructura dañada y una elevada cantidad de descarrilamientos.
También se menciona un incumplimiento estimado entre el 20 % y el 40 % del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.
Para atraer inversiones, el contrato incluirá obligaciones mínimas de obras que deberán ejecutarse en los primeros cinco años de la concesión.
Asimismo, los oferentes podrán comprometer obras optativas que serán ponderadas en el proceso de adjudicación, buscando priorizar proyectos de alto impacto.
Obras previstas y financiamiento
Entre las obras obligatorias figuran la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero del Belgrano.
También están previstas la rehabilitación del corredor principal de la Línea San Martín y la recuperación del troncal de la Línea Urquiza.
El esquema prevé que los concesionarios puedan adquirir material rodante asociado a cada línea, lo que facilita la renovación de locomotoras y vagones.
El Estado informó que los recursos obtenidos por la venta o remate de activos se destinarán a un fideicomiso para financiar, al menos en parte, las Obras Obligatorias.
Ese mecanismo busca que los activos existentes contribuyan a la propia recuperación del sistema ferroviario a través de un fondo específico.
Desde la Casa Rosada sostienen que el horizonte de 50 años ofrece previsibilidad para proyectos de largo plazo y permite amortizar inversiones de gran escala.
El modelo implica que el Estado mantendrá funciones de regulación, fiscalización y control mientras el sector privado asume la gestión y el riesgo empresario.
El objetivo explícito es transformar el sistema ferroviario de cargas en un factor de competitividad para las exportaciones argentinas.
Impacto esperado para el agro y riesgos a considerar
Para el complejo agroindustrial, una red ferroviaria eficiente puede reducir costos logísticos y mejorar los tiempos de acceso a puerto, lo que impacta en la competitividad.
La conectividad con pasos fronterizos hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay también puede dinamizar rutas de comercio regional.
No obstante, la privatización y la concesión a largo plazo implican riesgos políticos y regulatorios que los inversores evaluarán en su análisis.
La garantía de reglas claras, contratos sólidos y fiscalización efectiva será clave para que la transferencia de activos rinda beneficios sostenibles.
El sector agropecuario, los transportistas y las provincias impactadas estarán atentos a las condiciones tarifarias y a la calidad del servicio que ofrezcan los futuros concesionarios.
Asimismo, sindicatos y actores locales pueden reclamar cláusulas sociales y laborales que protejan empleos y condiciones de trabajo durante la transición.
El proceso de licitación abre una ventana para modernizar la logística nacional, pero su éxito dependerá de la ejecución técnica y de la gobernanza del proyecto.
En las próximas semanas se esperan presentaciones técnicas, consultas públicas y la recepción formal de ofertas que definirán el rumbo de la concesión.
