Sin un nuevo paraguas legal, la industria advierte sobre el riesgo de un vacío que frene las inversiones previstas para los próximos años y expuestas a lo que en algún momento se denominó el “impuesto al viento”, un concepto que surgió como una respuesta de la industria ante los intentos de municipios y provincias -principalmente en la región patagónica- de aplicar tasas por el uso del espacio aéreo o por la inspección de torres eólicas.
El sector de las energías renovables en la Argentina atraviesa un momento de incertidumbre normativa tras el vencimiento de la Ley 27.191 en diciembre pasado. Esta legislación, que funcionó como el gran motor para el despliegue de las distintas tecnologías de la industria de las energías limpias garantizaba un marco de previsibilidad que hoy se encuentra formalmente ausente.
Desde mediados del año pasado, diversos sectores impulsaron un proyecto para prorrogar los beneficios, pero la iniciativa perdió estado parlamentario ante la falta de oportunidad de su tratamiento en el recinto. Posteriormente, se intentó incluir un artículo específico en la Ley de Presupuesto para subsanar la situación, pero tambien se dio de baja el capítulo como parte de la negociación política con la oposición.
Estas administraciones locales argumentaban que las ráfagas eran un recurso natural del dominio público que debía tributar, de forma similar a las regalías que paga el petróleo, y si bien la exposición pública permitiría adelantar que no se darán situaciones similares en el futuro, no se descartan otros típos de cánones o tributos.
Respecto al complejo escenario parlamentario y la pérdida de estado del proyecto anterior, el directivo explicó la hoja de ruta para este año: “Volvemos a la carga para tratar de que este año esta norma pueda verse plasmada en términos de prórroga su vigencia como una norma autónoma fundamentalmente… lo que se necesita básicamente es eso: la aprobación de esta norma que dé seguridad jurídica y estabilidad fiscal”.
La industria y el futuro de las renovables
Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, explicó a iProfesional que “lo que caducó fueron los beneficios fiscales que la ley tenía hasta diciembre. Hay solamente dos aspectos que al sector le importan y que para la industria son trascendentes en términos de financiamiento y en términos de decisión de inversión que básicamente son la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal“.
Finalmente, sobre el ritmo actual de la industria frente a la incertidumbre, aclaró que el interés sigue vigente pero condicionado: “De ninguna manera se ha detenido, los proyectos continúan tanto los que estaban en construcción como los que están en cartera; pero claramente con un escenario de seguridad jurídica, estabilidad fiscal y una macroeconomía creciendo, el proceso tendría claramente una dinámica mayor”.
Al analizar el éxito del marco legal previo, Ruiz Moreno aportó cifras contundentes sobre el desarrollo alcanzado en la Argentina: “La inversión global del sector en términos de eólica y solar es cercano a los 10.000 millones de dólares, una cifra realmente importante e impactante para un sector que tiene bastante pocos años… representan unos 7.000 MW instalados y funcionando”.
De esta manera, se intenta restablecer un horizonte de largo plazo para una actividad que requiere de una fuerte inversión de capital inicial y que busca la protección contra la presión impositiva de las jurisdicciones locales.
La seguridad juridica y fiscal
En este contexto, el Poder Ejecutivo decidió retomar la iniciativa mediante un nuevo proyecto de ley que busca dar una solución de largo plazo. El eje central de la propuesta oficial, plasmado en una norma que incluye varios otros temas del sector energético, apunta a prolongar por 20 años -hasta el 31 de diciembre de 2045- los beneficios de estabilidad que originalmente planteaba la normativa previa.
Desde el punto de vista técnico, la prórroga del Artículo 17 de la Ley 27.191 es vista como la clave para mantener la competitividad de los proyectos en el país. La posibilidad de que un parque solar o eólico sea alcanzado por tasas sorpresivas encarece el costo de capital y, por ende, el precio final de la energía. Al garantizar que no habrá nuevos costos tributarios por dos décadas, el Gobierno busca equiparar las condiciones locales con las de otros mercados regionales.
El proyecto establece de forma taxativa que el acceso y uso de fuentes renovables no podrán ser gravados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías. Esta restricción alcanza a los tres niveles del Estado: Nación, provincias y municipios, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, blindando la rentabilidad de los proyectos frente a cambios en las políticas locales.
