La petición pretende revocar una decisión de marzo del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos, que dictaminó que las demandas debían tramitarse en los tribunales argentinos y no en los de Estados Unidos. Esa decisión anuló una sentencia dictada tras más de una década de litigio. Los inversores argumentan que la resolución permite indebidamente que un país extranjero se acoja a sus propias leyes para eludir su responsabilidad ante los tribunales estadounidenses.
Las sociedades de inversión Petersen Energía y Eton Park solicitaron este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que restableciera una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina en el prolongado litigio sobre YPF.
Argentina modificó los estatutos de YPF antes de su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York en 1993 para exigir una oferta pública de adquisición obligatoria a todos los accionistas en caso de que el Gobierno recuperara en algún momento el control mayoritario.
ANTECEDENTES
La controversia gira en torno a la nacionalización por parte de Argentina, en 2012, de una participación mayoritaria en YPF. Petersen y Eton Park alegan que Argentina infringió los estatutos de YPF al no lanzar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios tras expropiar una participación del 51% a la española Repsol.
ARGUMENTOS CLAVE
La petición plantea si un Estado extranjero puede invocar su propia legislación para exigir que las demandas se presenten ante sus tribunales nacionales, a pesar de la jurisdicción establecida en virtud de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera.
Un tribunal de distrito de Estados Unidos había dictado anteriormente una sentencia de 16.100 millones de dólares —descrita en la demanda como la mayor indemnización comercial de la historia de Estados Unidos— tras un juicio por daños y perjuicios de tres días de duración.
La petición, presentada por el exfiscal general adjunto de Estados Unidos Paul Clement, sostiene que la decisión del Segundo Circuito entra en conflicto con la jurisprudencia de la Corte Suprema y crea una divergencia entre los tribunales federales de apelación.
También cuestiona si los tribunales estadounidenses deben acatar la interpretación que un Estado soberano hace de su propia legislación cuando dicha interpretación se plantea por primera vez en apelación.
Una portavoz de la Procuración del Tesoro del país austral señaló que: “Esta presentación constituye un paso procesal que ya había sido previsto por la República Argentina y sobre el que ya estamos trabajando”.
