La jueza federal Mariel Borruto de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país sudamericano, dio curso a una medida cautelar solicitada por ambientalistas y excombatientes argentinos de la guerra contra los británicos por el archipiélago del Atlántico Sur en 1982.
Buenos Aires (AP) — La justicia argentina ordenó el miércoles a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited frenar el desarrollo de un yacimiento en aguas profundas en las islas Malvinas en medio de la creciente tensión entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago.
La medida judicial es preventiva y tiene lugar en un contexto de creciente tensión entre Argentina y Gran Bretaña luego de que el presidente argentino Javier Milei anunciara recientemente la instalación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano al archipiélago, y el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones vigentes contra compañías nacionales y extranjeras que operen en las islas.
La magistrada ordenó a las compañías británica e israelí, respectivamente, “que se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales” del proyecto Sea Lion, según el escrito al que tuvo acceso The Associated Press.
El anuncio de Milei ocurrió después de que el presidente estadounidense Donald Trump, con el cual está alineado geopolíticamente, afirmara que podría reconsiderar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas, que los ingleses llaman Falklands y que en los hechos se ha traducido en un alineamiento con la administración británica.
El gobierno argentino, además, impulsó acciones penales contra varias petroleras y proveedores que sospecha estarían desarrollando actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
Los ambientalistas y excombatientes que impulsaron la demanda alegaron que la explotación del yacimiento provocaría “la alteración del lecho marino, contaminación química, ruido submarino, descargas operativas, tránsito marítimo, interacción con mamíferos y aves marinas, emisiones y contingencias derivadas de eventuales derrames de hidrocarburos”.
Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited desarrollan el yacimiento Sea Lion con el aval de las autoridades de las islas. Las compañías planean una inversión de más de 2000 millones de dólares para extraer 55.000 barriles diarios del yacimiento a partir de 2028.
Si bien las petroleras no registran domicilio legal en Argentina, la jueza sostuvo que están alcanzadas por la ley argentina “desde que el emprendimiento cuestionado se proyecta sobre la plataforma continental argentina y sobre los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas”.
La jueza Borruto consideró que “el riesgo no es hipotético ni remoto” y aclaró que la medida cautelar regirá hasta que las petroleras tramiten ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Argentina reclama como propias las Islas Malvinas desde hace más de un siglo. En 1982, el ejército argentino invadió el archipiélago, lo que desencadenó una guerra con Gran Bretaña en el que murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos antes de la rendición del país sudamericano.
En los hechos las demandadas probablemente desconozcan la resolución teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con aval de las autoridades isleñas, que en un referendo en 2013 aprobaron su autodeterminación como territorio británico de ultramar.
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Desde el conflicto bélico Gran Bretaña ha desconocido los llamamientos de Naciones Unidas y de otras organizaciones a retomar las negociaciones con Argentina por la soberanía de las islas.
La corresponsal de AP en Buenos Aires Débora Rey contribuyó en este reporte.
