Frente a un IPC de 1,9%, tanto la canasta básica -la que marca la línea de pobreza- como la alimentaria -la que indica el límite de indigencia- dieron un 1,7%. Y esto ocurrió a pesar de que se trató de un mes con aumentos estacionales de los alimentos.
Se rompió una saga de cuatro meses en los que las canastas de pobreza e indigencia se encarecían a mayor velocidad que el IPC. Fue un dato algo opacado por la polémica sobre el estancamiento de la actividad económica, pero lo cierto es que en septiembre, estos indicadores volvieron a mostrar una mejora en términos reales.
En septiembre, el encarecimiento de alimentos estuvo liderado por farináceos, como fideos y galletitas, así como verduras y hortalizas, donde hubo variaciones de dos dígitos. También hubo subas importantes en los lácteos y, como compensación, hubo variaciones mínimas en carnes rojas, un rubro que en los meses pasados había empujado el índice al alza.
Es la primera noticia positiva en cuanto a indicadores sociales desde la publicación del último censo de pobreza e indigencia -que midió la situación del primer semestre del año- y que marcó un empeoramiento de la estadística, con dos millones de nuevos pobres en comparación con el semestre previo.
En cambio, la ponderación para la canasta alimentaria tiene una composición diferente, y eso se refleja en el hecho de que el rubro de alimentos varió un 2% en el IPC, tres décimas más que la canasta para la población de menores ingresos.
La canasta que se calcula para medir el IPC -y que el ministro Luis Caputo se negó a modificar a inicios de año- sigue dándole al rubro alimentos una elevada ponderación. De hecho, sigue considerándose la misma incidencia de la carne vacuna que la que regía en 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.
Optimismo por el IPC núcleo
Pese a la reciente mejora, cuando el cálculo se realiza en términos acumulados del año, los datos sociales siguen siendo negativos: frente a una inflación que en nueve meses totalizó un 23,6%, la canasta básica aumentó un 24,7% y la canasta alimentaria se encareció un 25,2%.
Hablando en plata, una familia tipo con dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó en septiembre $1.632.505 para ubicarse por encima del nivel de pobreza, y $738.690 para evitar caer en situación de indigencia.
Por lo pronto, hay un relativo optimismo, derivado del hecho de que la inflación “núcleo” -que no incluye las variaciones estacionales- fue de 1,7%, es decir más baja que el IPC. Para el próximo trimestre, los economistas que participan en la encuesta REM del Banco Central prevén una leve tendencia a la baja, tanto en el IPC general como en la núcleo. La previsión de octubre es una inflación de 1,7%, la de noviembre 1,6% y, como suele ser la tónica findeañera, se espera un repunte a 1,8% en diciembre.
Esto lleva a la pregunta de si lo que ocurrió en septiembre debe considerarse como un hecho aislado o si puede ser un quiebre de tendencia, que lleve nuevamente a una disminución en los índices de pobreza e indigencia.
Cuáles son las perspectivas para los salarios
Además de la evolución de los precios, lo que determinará si puede haber un alivio en las cifras de pobreza e indigencia es si los salarios mantienen una variación superior a la inflación, especialmente en las franjas de menores ingresos de la población.
Por otra parte, el gobierno ha dado muestras de mantener su política de “mano dura” en materia monetaria. Sin ir más lejos, en la última licitación del Tesoro se retiraron del mercado unos $1,76 billones, lo cual implica una señal en el sentido de que el estancamiento en la actividad industrial no supondrá un cambio en el ranking oficial de prioridades, que tiene a la inflación en primer lugar.
Pero claro, esa proyección sólo alcanza a la clase media, que es la que tiene acceso al empleo formal registrado. Las franjas de la población más pobre tienen, en su mayoría, ingresos variables derivados de “changas”, ocupaciones cuentapropistas o trabajos informales.
En el gobierno hay optimismo sobre una recuperación del poder adquisitivo del salario: tomando como referencia las paritarias de los principales gremios, puede proyectarse que los ingresos de los trabajadores subirán hasta un 10% en el último cuatrimestre, mientras que la inflación no llegará al 8%.
Entre los economistas hay debate respecto de qué tan confiables son estas cifras, primero por lo difícil que resulta censar a un universo de informales en el que, por definición, no hay muchos registros fiables. Y, además, porque la recopilación de datos suele darse con mayor retraso que para el caso de los trabajadores asalariados.
La medición salarial del Indec viene registrando, sistemáticamente, aumentos superiores en el sector informal que en el registrado. Para el primer semestre, por ejemplo, marca que los asalariados del sector público tuvieron una suba acumulada de 17,6% y los privados un 14,5%, mientras que el sector informal mejoró un 29,4%.
En cambio, la expectativa es de una mayor carga del rubro servicios, por la suba de los combustibles y las tarifas de servicios públicos, que afectará a toda la población, por el “efecto cascada” de estos costos sobre los bienes transables.
La perspectiva de corto plazo es que el poder adquisitivo mejorará para la clase media porque algunos de sus consumos típicos, como la indumentaria, está experimentando un proceso de deflación -es decir, caída de precios- gracias al efecto de la apertura comercial.
