CRA y Santa Fe debaten el impacto del acuerdo Mercosur‐UE: oportunidades y advertencias sobre sustentabilidad y retenciones
Una jornada organizada por Carsfe en la ciudad de Santa Fe reunió a dirigentes, funcionarios y productores para analizar la entrada en vigor del acuerdo Mercosur‐UE y su efecto sobre la cadena agroindustrial argentina. El encuentro puso en escena tanto las oportunidades comerciales como las preocupaciones por exigencias regulatorias que podrían convertirse en barreras.
En la mesa principal participó Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien defendió la apertura comercial como una vía para potenciar las economías regionales. Sus intervenciones combinaron optimismo por nuevos mercados con advertencias sobre costos y burocracia que afectan a los productores.
Castagnani subrayó que la Argentina necesita “producir más, exportar más y generar más valor agregado” para aprovechar mejor las oportunidades internacionales. Al mismo tiempo, señaló que la inserción global debe darse en condiciones de competencia justa y con reglas claras para el sector productivo.
Los oradores advirtieron que, bajo la bandera de la sustentabilidad, pueden surgir mecanismos que funcionan como restricciones al comercio si no se diseñan con criterio técnico y equidad. Esa preocupación incluye certificaciones onerosas y barreras no arancelarias que, según CRA, pueden complicar la competitividad.
La audiencia escuchó además que los productores argentinos ya vienen invirtiendo en tecnología, genética e innovación, y que la sustentabilidad es parte del trabajo cotidiano en el campo. Esa trayectoria, dijeron los panelistas, debe ser reconocida y valorada en cualquier esquema de comercio internacional.
Desde CRA manifestaron respaldo a la inserción internacional del país, pero marcaron límites claros: no aceptarán regulaciones que actúen como nuevos impuestos o que añadan trámites que encarecen la producción. Los dirigentes enfatizaron la necesidad de reglas transparentes que no penalicen la competitividad del sector.
La discusión en Santa Fe buscó también vincular la apertura comercial con la posibilidad de agregar valor dentro del país, transformando materias primas en productos industrializados. Esa apuesta por la industrialización interna se presentó como un camino para generar empleo y arraigo en el interior argentino.
En síntesis, la jornada dejó una idea central: el acuerdo Mercosur‐UE puede abrir mercados, pero su aprovechamiento depende de que las reglas comerciales reconozcan la realidad productiva y no introduzcan trabas encubiertas. Los productores reclaman que la sustentabilidad sea herramienta de impulso y no argumento para restringir exportaciones.
El acuerdo Mercosur‐UE y la sustentabilidad
El debate sobre sustentabilidad se situó en el centro porque la Unión Europea exige estándares ambientales que impactan a proveedores externos. Para los productores argentinos, la clave es que esas exigencias sean técnicas, proporcionales y basadas en evidencia científica.
Castagnani planteó que la sustentabilidad ya forma parte de las prácticas agrícolas y ganaderas nacionales y que ese avance debe ser valorado en los mercados internacionales. Añadió que las certificaciones excesivas pueden traducirse en costos que afectan la viabilidad de los productores rurales.
En el encuentro se hizo foco en evitar que medidas ambientales se transformen en barreras no arancelarias que limiten el acceso a mercados clave. Los asistentes reclamaron mecanismos de convergencia que faciliten el comercio y reconozcan mejoras productivas demostradas en campo.
Los especialistas presentes propusieron avanzar en acuerdos de reconocimiento mutuo y en estándares equivalentes que permitan exportar sin duplicar trámites. Esa línea buscaría equilibrar la protección ambiental con la apertura comercial y la competitividad de la agroindustria.
Agregar valor y el dilema de las retenciones
Otro eje central fue la necesidad de impulsar políticas que promuevan la industrialización y el agregado de valor en origen, transformando commodities en productos con mayor renta y empleo. La misión del sector es pasar de exportar materias primas a exportar alimentos y manufacturas con mayor valor agregado.
En ese marco, Castagnani volvió a reclamar la eliminación de los derechos de exportación, que definió como un impuesto distorsivo que desalienta la inversión. Según su visión, sólo con menores cargas se podrá capitalizar plenamente las oportunidades que abre el comercio internacional.
Las retenciones fueron descritas por CRA como un obstáculo para la competitividad y la inversión en la cadena agroindustrial, un fenómeno que afecta tanto a grandes como a pequeños productores. El sector demanda señales de política claras y sostenibles en el tiempo para fomentar proyectos industriales y biocombustibles.
Los asistentes también coincidieron en que cada etapa de agregado de valor genera empleo y arraigo rural, y por eso reclamaron incentivos que promuevan inversiones en plantas, logística y transferencia tecnológica. Esa visión apunta a fortalecer economías regionales y diversificar la oferta exportable argentina.
La palabra de Santa Fe
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó del encuentro y destacó las políticas provinciales orientadas a disminuir el gasto público y redirigir recursos a infraestructura productiva. Según Pullaro, ese enfoque permitió realizar en 30 meses inversiones equivalentes a las de los últimos 8 años en la provincia.
El mandatario señaló que en su gestión se redujeron los gastos corrientes en 40 % y que esos ahorros se volcaron a obras que benefician directamente al sector productivo. En su discurso, Pullaro también habló de alivios fiscales y de un Estado que facilita la inversión privada.
Pullaro defendió la alianza público‐privada como motor del desarrollo y afirmó que Santa Fe demostró que es posible combinar austeridad con inversión productiva. Desde su perspectiva, la provincia actúa como ejemplo para el resto del país en materia de eficiencia y apoyo a la producción.
El cierre del encuentro dejó un llamado compartido: aprovechar la apertura comercial del acuerdo Mercosur‐UE cuidando la competitividad, promoviendo el agregado de valor y evitando que exigencias regulatorias se conviertan en barreras. La consigna que repitieron organizadores y asistentes fue clara: abrir mercados con reglas justas para que la agroindustria argentina pueda crecer y generar empleo.
