En el debate público sobre si Argentina debe adherirse al convenio UPOV 91 aparecen como eje central los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, en particular la capacidad de quien invierte en germoplasma y eventos biotecnológicos para recuperar esa inversión. Un contraste útil para entender las consecuencias prácticas de esos marcos regulatorios es comparar la situación reciente de la soja en Brasil y en Argentina.
Ambos países mantienen un catálogo nacional de cultivares donde los obtentores registran las nuevas variedades vegetales. En los últimos tres años, Brasil inscribió 954 cultivares de soja, frente a 102 en la Argentina. Esa diferencia, de 9,4 veces a favor de Brasil, no se explica completamente por la mayor extensión agrícola brasileña: la superficie sojera en Brasil en ese período fue de alrededor de 48 millones de hectáreas, mientras que en Argentina rondó los 17 millones, un 2,8 veces mayor. Así, sin llegar a triplicar la superficie, Brasil incorpora casi diez veces más variedades nuevas que Argentina.
Al ponderar los registros por área sembrada, la diferencia persiste y se acentúa. Por cada millón de hectáreas de soja plantadas, el productor brasileño tuvo disponible en promedio 6,6 nuevas variedades por año, mientras que el productor argentino contó con apenas dos. En términos prácticos, la oferta de genética en Brasil resulta 3,3 veces superior a la de Argentina, lo que influye directamente en las opciones tecnológicas y en la capacidad de adaptación de los cultivos a condiciones locales y nuevos desafíos agronómicos.
Esos números se reflejan también en los rendimientos. A comienzos del siglo, los rendimientos promedio nacionales de soja en ambos países eran muy similares, alrededor de 2.700 kg/ha. Sin embargo, en los últimos tres años el rendimiento medio en Brasil se incrementó hasta aproximadamente 3.525 kg/ha, mientras que en Argentina se mantuvo en torno a 2.851 kg/ha, una brecha de 674 kg/ha a favor de Brasil. Si la productividad argentina hubiera crecido al mismo ritmo que la brasileña, con la misma superficie sembrada la producción nacional estaría por encima de 60 millones de toneladas en lugar de las cerca de 50 millones actuales.
Es importante señalar que la existencia de cultivos de segunda cosecha u otras prácticas de manejo no explican por sí solas la diferencia en rendimiento, porque la proporción de soja de segunda con respecto a la siembra total se ha mantenido relativamente constante en el tiempo. Por ello, aunque hay múltiples factores que afectan la productividad —clima, manejo agronómico, insumos, infraestructura y logística— la cuestión genética no puede descartarse como un factor relevante detrás del estancamiento relativo del rendimiento argentino.
Una causa evidente de la mayor dinámica en Brasil es la presencia de muchos más programas de mejoramiento genético y la inversión en investigación y desarrollo con retornos económicos claros. Donde existe posibilidad de recuperar la inversión en I+D a través de derechos de propiedad intelectual y mercados funcionales, las empresas y los programas de mejoramiento desarrollan y registran variedades con mayor frecuencia. Esa mayor oferta génica traduce en más herramientas para enfrentar problemas emergentes, como malezas resistentes, plagas y condiciones climáticas variables.
Un ejemplo reciente ilustra ese punto: el lanzamiento en Estados Unidos de un nuevo evento con mayor resistencia a herbicidas pensado para mitigar el problema de malezas resistentes, cuya presencia eleva los costos del cultivo. La compañía que comercializa ese evento registró 128 nuevos cultivares en Brasil durante los últimos tres años, pero solo ocho en Argentina en el mismo período. Ese diferencial sugiere que las innovaciones tecnológicas tienden a transferirse y adoptarse antes en mercados donde la protección de la inversión es más efectiva o donde el entorno regulatorio y comercial facilita su penetración.
Las implicaciones económicas y estratégicas de estas diferencias son claras para la cadena oleaginosa: una mayor disponibilidad de germoplasma y tecnologías modernas puede incrementar la productividad promedio, reducir costos y mejorar la competitividad internacional. Para un país cuyo complejo exportador de soja es un pilar de la economía, la pérdida de dinamismo genético se traduce en capacidad productiva y en potencial de crecimiento que no se concreta.
Frente a esta realidad, la dirigencia política y los responsables de diseñar los marcos normativos enfrentan dos opciones básicas. Mantener el statu quo implica aceptar el deterioro gradual de la competitividad y la transferencia de tecnologías hacia mercados más atractivos económicamente. Alternativamente, adoptar medidas concretas para mejorar las reglas de juego —incluyendo, según algunos, una adhesión a marcos internacionales de protección de obtenciones vegetales o la reforma de la legislación doméstica— podría incentivar la inversión en investigación y fortalecimiento de los programas de mejoramiento locales y privados.
Al plantear soluciones, conviene separar la discusión sobre propiedad intelectual de otras cuestiones estructurales de la cadena, como los derechos de exportación o retenciones. Si bien ambas son cuestiones relevantes para el sector, sus soluciones siguen caminos distintos: la política fiscal de la exportación no sustituye a un sistema que garantice retorno a la inversión en innovación genética, y viceversa.
En términos prácticos, fortalecer la oferta genética requiere un entorno que ofrezca incentivos a la inversión en I+D, acceso a mercados nacionales y mecanismos que garanticen el retorno de esa inversión. También es necesario un marco regulatorio que facilite la incorporación de tecnologías, sin descuidar consideraciones socioambientales y de acceso a la semilla para los productores. La discusión pública debe centrarse en cómo equilibrar esos elementos para recuperar competitividad, y no en simplificaciones que unan temas con soluciones incompatibles.
En resumen, los datos recientes muestran una ventaja notable de Brasil en cantidad de cultivares registrados y en el ritmo de mejora de los rendimientos de soja. Esa ventaja se asocia a una mayor inversión y retorno en programas de mejoramiento y en adopción tecnológica. Para Argentina, la evidencia sugiere que si la intención es revertir la pérdida de competitividad del principal complejo exportador, es necesario revisar el marco que regula las semillas y la propiedad intelectual, junto con políticas que fomenten la inversión en investigación y la transferencia de tecnología al productor.
