Senasa obliga DT-e para traslado de material melario: el sector apícola advierte impacto operativo y económico

Una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que exigirá a partir del 1 de agosto la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para el traslado del material melario desde los apiarios hacia las salas de extracción desató la reacción del sector apícola. La medida, que introduce la autogestión del trámite por parte de los apicultores a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) y obliga a las salas de extracción a cerrar la operación para garantizar la trazabilidad, busca reforzar controles sanitarios y digitalizar el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA).

Qué cambia en la práctica

Según Senasa, la nueva normativa apunta a que cada traslado de colmenas o materiales con miel sea acompañado por un DT-e generado en Sigsa, y que las salas de extracción registren el ingreso del material para dejar constancia de la cadena de custodia. Además, el organismo busca evitar que el material melario permanezca más de 48 horas en las salas, como parte de un esquema de control sanitario y rapidez operativa.

Por qué Senasa lo impulsa: riesgos sanitarios y exigencias externas

La autoridad sanitaria indica que la medida fortalece las garantías frente a los mercados internacionales y ayuda a prevenir la introducción y diseminación del Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC), una plaga de riesgo epidemiológico que se encuentra en algunos países limítrofes. La digitalización y el registro detallado del movimiento de material apícola también responden a una tendencia global: los compradores extranjeros exigen cada vez más trazabilidad y certificaciones sanitarias para importar productos apícolas.

Rechazo del sector: Carbap alerta sobre operatividad y costos

La Comisión Apícola de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) criticó la implementación del DT-e para estos traslados y solicitó la reapertura del diálogo con Senasa. Los productores sostienen que el actual SITA ya asegura la trazabilidad exigida por los mercados y cuestionan la necesidad de una nueva carga administrativa.

Entre las objeciones del sector figuran:

• La dinámica productiva: el apicultor sale a cosechar sin conocer de antemano la cantidad exacta de miel y los lotes se conforman al llegar a la sala de extracción, lo que dificulta la emisión previa y precisa de un DT-e por carga.
• Impacto en tiempos de cosecha: la exigencia podría generar demoras durante la etapa de recolección, cuando la rapidez es clave.
• Limitaciones tecnológicas: la conectividad en zonas rurales y el funcionamiento intermitente de portales públicos complican la gestión digital, especialmente para pequeños productores.
• Costos y necesidad de personal administrativo adicional: la carga documental puede obligar a sumar recursos no productivos, afectando márgenes ya ajustados.

Alcance y contexto productivo

La medida afectará a un volumen importante del sector: se estima que el sistema alcanzará aproximadamente a 1,2 millones de colmenas a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires concentra cerca del 56% de la producción argentina de miel; junto con Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba conforma la región pampeana, responsable de alrededor del 80% de la miel que sale del país. En un contexto de márgenes estrechos —con incrementos en costos de mano de obra y combustibles— los productores advierten que cualquier carga operativa adicional puede traducirse en pérdidas o en una merma de la competitividad exportadora.

El debate entre bioseguridad y operacionalidad

El conflicto refleja una tensión habitual en políticas sanitarias: por un lado, la necesidad estatal de minimizar riesgos sanitarios y asegurar la cadena de suministro ante amenazas concretas; por el otro, la viabilidad operativa de los actores productivos que deben adaptarse a nuevos requisitos. El pequeño escarabajo de las colmenas, por su capacidad de afectar colmenas y procesos de extracción, es citado por las autoridades como motivo principal para intensificar la trazabilidad. Los productores, en cambio, piden pruebas técnicas que justifiquen la exigencia y alternativas que no paralicen la cosecha.

Alternativas y recomendaciones prácticas

Para reducir tensiones mientras se mantienen los objetivos sanitarios, especialistas y referentes del sector sugieren medidas complementarias:

• Fases de implementación escalonada: periodos pilotos por región para ajustar requisitos operativos y solucionar fallos técnicos.
• Flexibilización temporal para lotes conformados en sala: permitir la generación del DT-e al momento de conformar lotes en la extracción, con controles y auditorías posteriores.
• Mejoras en conectividad y asistencia técnica: refuerzos en puntos rurales y líneas de apoyo para evitar que la digitalización excluya a pequeños productores.
• Capacitaciones y centros de ayuda: formación práctica sobre el uso de Sigsa y el DT-e, y asistencia para evitar la necesidad de contratar personal extra.
• Mecanismos de diálogo institucional: mesas de trabajo permanentes entre Senasa, asociaciones apícolas y cámaras rurales para ajustar procedimientos.

Impacto sobre el comercio exterior

La trazabilidad reforzada puede ser una ventaja competitiva si se implementa sin fricciones: los compradores internacionales valoran la documentación sanitaria y el control de plagas. No obstante, si la exigencia provoca demoras o reduce el volumen exportable, podría generar efectos contraproducentes para la cadena de valor. Por eso, el desafío es aplicar controles que garanticen salud animal y comercio seguro sin ahogar la operativa de campo.

Conclusión

La obligación de emitir DT-e para el traslado de material melario busca elevar la defensa sanitaria del sector apícola y proteger mercados, pero enfrenta resistencias por su impacto operativo y tecnológico. Para evitar un conflicto que perjudique producción y exportaciones, resulta crucial combinar la digitalización con soluciones prácticas: pilotos regionales, flexibilidades temporales, mejoras en conectividad y diálogo abierto entre el Estado y los productores.

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