La Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva por amplia mayoría a la nueva Ley de Hidrocarburos impulsada por el Poder Ejecutivo provincial. La normativa actualiza un marco regulatorio que regía desde hace dos décadas en la provincia, con el propósito de reactivar la actividad en los yacimientos convencionales maduros, promover el desarrollo del no convencional en la Cuenca Neuquina e incorporar mayores exigencias ambientales.
Tras la aprobación, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que los cambios normativos responden a los profundos cambios operados a nivel local y global durante los últimos veinte años y al récord de exportaciones de petróleo del país, tanto en el plano tecnológico como en el regulatorio, incluyendo las adecuaciones derivadas de la legislación federal a nivel nacional.
“Tras la aprobación, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que los cambios normativos responden a los profundos cambios normativos y «al récord de exportaciones de petróleo del país», tanto en el plano tecnológico como en el regulatorio”.
Un esquema flexible de regalías e incentivos a la producción
Uno de los ejes fundamentales de la reforma legislativa es la modernización del sistema de regalías aplicable a las futuras licitaciones de áreas hidrocarburíferas. Mientras la legislación anterior establecía un esquema rígido con una regalía general del 12 % y reducciones excepcionales de hasta el 5 %, el nuevo régimen fija una regalía de referencia del 15 % pero otorga flexibilidad para que las empresas oferentes propongan porcentajes adaptados a la ecuación económica de cada proyecto.
El nuevo texto legal ratifica el dominio originario de la provincia sobre sus recursos de gas y petróleo y rediseña los instrumentos económicos y de control para adaptarlos a dos realidades productivas diferenciadas: los campos maduros que requieren recuperación y las áreas de no convencionales. De este modo, la política energética apunta a proyectar el desarrollo sectorial para las próximas cinco décadas en todo el territorio provincial.
Para los pozos inactivos, la exploración complementaria, los crudos pesados y los proyectos de recuperación asistida o mejorada, la ley prevé reducciones adicionales que podrán ubicarse por debajo del piso tradicional. También se contemplan mecanismos de compensación parcial del canon de explotación para aquellas compañías que asuman riesgos exploratorios superiores al doble del monto eximido, además de bonificaciones temporarias para las prórrogas de permisos de exploración.
Este mecanismo habilita a la autoridad de aplicación a reducir la participación porcentual de la provincia cuando las características geológicas exijan incentivos específicos para garantizar la viabilidad económica de las inversiones. Asimismo, los pliegos de adjudicación ponderarán las inversiones comprometidas, la tecnología aplicada y la producción estimada, desplazando la exclusividad del criterio de la regalía más alta.
Las autoridades provinciales señalaron que la previsibilidad normativa resulta indispensable para transformar los recursos geológicos en proyectos concretos de inversión intensiva. Con este esquema, la Argentina y la provincia buscan posicionar a sus cuencas australes y cuyanas en condiciones competitivas frente a otros distritos hidrocarburíferos del país, facilitando la llegada de capitales orientados a la perforación horizontal y la fractura hidráulica.
La legislación, también, incorpora formalmente las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura ausente en la norma anterior que otorga un marco jurídico preciso para el sector de Vaca Muerta dentro del territorio provincial, particularmente en la zona de Malargüe. La herramienta legal permite a los operadores planificar desarrollos masivos, adaptar tecnologías específicas y reconvertir áreas existentes bajo las exigencias técnicas que requiere esta industria.
Entre las novedades se destaca la presentación obligatoria de una Declaración Jurada de Buenas Prácticas cada dos años, la cual tendrá carácter público e incluirá parámetros relativos al cuidado ambiental, las relaciones comunitarias, la contratación de proveedores locales, la capacitación laboral y las normas de higiene y seguridad.
Controles ambientales y régimen de fiscalización
En paralelo al estímulo productivo, la reforma endurece las obligaciones de las empresas en materia ambiental durante todas las etapas de los proyectos, desde la cateo e inicial exploración hasta el abandono definitivo de los pozos y el saneamiento de pasivos. La normativa estipula que la transferencia o devolución de un área no exime a los operadores de sus responsabilidades ecológicas pendientes.
Por último, la ley establece procedimientos claros de coordinación para resolver eventuales superposiciones entre derechos mineros e hidrocarburíferos en un mismo espacio territorial, priorizando la convivencia técnica y operativa mediante acuerdos entre los titulares de ambas actividades económicas.
El régimen de sanciones económicas también fue actualizado mediante el reemplazo de montos fijos por multas indexadas al valor de la nafta súper, tipificando las infracciones según su gravedad y perjuicio potencial. Adicionalmente, se creó una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera para financiar las labores de fiscalización técnica y adquisición de equipamiento oficial, con un tope porcentual vinculado a las regalías percibidas.
