Productores de Misiones iniciaron una ola de reclamos institucionales que recorre toda la provincia. En un encuentro con más de 60 referentes de yerba mate, té, tabaco, forestación, citricultura y agroindustria familiar convocado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), exigieron la derogación completa de la ley glifosato Misiones.
Desde el primer párrafo, reitero la clave ley glifosato Misiones para asegurar su visibilidad SEO. Los productores aseguran que la normativa les obliga a “vivir en la ilegalidad”, ya que muy pocos lograron inscribirse en el registro creado por el decreto 1608/24, requisito para seguir usando glifosato sin caer en sanciones.
Representantes de entidades como la Sociedad Rural de Misiones, APICOFOM, INTA, SENASA, cooperativas y cámaras de comercio publicaron una proclama. Plantean: no rechazan el control ambiental, pero exigen normas realistas y alternativas viables antes de prohibir el glifosato.
Decreto y burocracia: la transición pendiente
En 2023, la Legislatura sancionó la Ley VIII‑103, que prohíbe el uso del glifosato a partir del 4 de julio de 2025, salvo productores que acrediten ventas internacionales exigentes y se registren en una base oficial. Luego, el Ejecutivo extendió el uso por cinco años solo para quienes cumplieron esos requisitos, mediante el decreto 1608/24.
Ese registro impone trámites burocráticos: documentación respaldatoria, plan de conversión a bioinsumos y selección discrecional por parte del Ministerio del Agro. Productores denuncian arbitrariedad en la selección y falta de claridad técnica.
Consideran que ese sistema genera una distorsión: autorizaciones solo para sectores alineados con compradores internacionales, mientras el productor local queda expuesto a multas millonarias por incumplimiento.
Sin alternativas reales, riesgo de desinversión y exportaciones
Productores aclaran que no defienden el glifosato por carácter ideológico. Afirman que no existe actualmente un bioherbicida con eficacia productiva en Misiones, ni accesible para el pequeño productor.
La Cámara del Té en Estados Unidos ya comunicó que no permitirá importaciones que usen insumos no aprobados por la FDA, lo que generaría pérdidas directas para el sector tealero misionero, que destina más del 50 % de su producción a ese mercado.
El uso continuado del glifosato desde hace más de 40 años permitió suplantar mano de obra y mantener competitividad ante la escasez de operarios. Productores alertan: sin esa herramienta, la provincia enfrentará una crisis productiva, caída de inversiones y pérdida.
Los costos políticos de una decisión sin consenso
El oficialismo provincial (liderado por Carlos Rovira) presentó la ley como parte de un modelo de conservación ambiental: convertir a Misiones en santuario verde y vender bonos de carbono por capturas forestales —estimadas en USD 70‑80 millones entre 2019 y 2022.
Sin embargo, productores consideran que la norma no surgió de diálogo y apuntan a intereses ocultos: la empresa Agro Sustentable SA, ligada a actores políticos, promocionó un bioherbicida sin registro del SENASA, de dudosa eficacia, supuestamente como alternativa al glifosato.
Durante la reunión, productores expulsaron a varios legisladores provinciales y nacionales cercanos al oficialismo. Dieron la bienvenida a representantes de Javier Milei, que podrían canalizar reclamos en futuras instancias institucionales.
La lucha contra la ley glifosato Misiones unió a sectores productivos diversos con un mensaje claro: legislar sin alternativas viables provoca crisis y bloquea la producción. Reclaman diálogo real, derogación urgente y políticas públicas acordes con la realidad productiva.
Si no hay cambios inmediatos, advierten, el colapso productivo en Misiones será inminente.
