Pericias en Tapalqué y Bolívar ponen bajo lupa millones recaudados por la tasa vial
Las pericias contables y de ingeniería realizadas en Tapalqué y Bolívar pusieron en el centro del debate el destino de los fondos que pagan los productores por la tasa vial y las guías de traslado. Estos informes combinan cifras de recaudación, inspecciones de campo y aportes técnicos que ahora están en manos de la justicia.
En Tapalqué, la pericia contable analizó los ejercicios 2024 y 2025 y determinó que por la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural y los Servicios de Guías de Traslado ingresaron $1905 millones en 2024 y $2336 millones en 2025. En ese mismo periodo el gasto devengado directamente en el programa de mantenimiento de caminos rurales ascendió a $1203 millones en 2024 y a $1610 millones en 2025, lo que arroja un total recaudado de $4241 millones frente a $2814 millones imputados al programa.
El análisis contable señala una diferencia acumulada que supera el monto de $1.400 millones, desagregada en $701,9 millones en 2024 y $725,6 millones en 2025 según la pericia. Esa brecha es la que motiva las acciones judiciales y las solicitudes de explicación sobre la trazabilidad y el uso de los recursos.
Los peritos encontraron que los fondos de la tasa y de las guías ingresan a una cuenta recaudadora única y pasan a formar parte de Rentas Generales, lo que complica seguir su destino específico. Además, la compra de insumos como gasoil y lubricantes se centraliza junto con otros servicios municipales y no existen partes diarios de salida ni registros de odómetro u horómetro que permitan determinar el uso efectivo en la red rural.
En el relevamiento físico, los registros municipales consignaban unas 12 motoniveladoras, pero durante la inspección muchas estaban paradas, rotas o desarmadas, según el perito. El informe estima que el municipio necesitaría alrededor de un 30 % más de unidades para cubrir con solvencia la red rural y fortalecer los obradores más alejados.
La pericia en Bolívar abordó la cuestión desde la ingeniería vial y realizó un relevamiento sobre una red de aproximadamente 2400 kilómetros, analizando cotas, hidráulica, alcantarillado y costos de conservación según parámetros de Carbap. El diagnóstico evidencia deficiencias de cotas, faltas de alteos estructurales y gálibos reglamentarios, y una capacidad de maquinaria considerada insuficiente para atender toda la extensión.
Qué buscan las demandas y qué aportan las pruebas técnicas
Los productores presentaron acciones declarativas de certeza constitucional para que la justicia determine si existe el servicio que justifica el cobro de la tasa y cuánto asciende, en su caso, el eventual desvío de fondos. La estrategia combina pericias contables, que reconstruyen circuitos financieros, con pericias de ingeniería que valoran el estado real de los caminos.
Para Jorge Moroni, abogado que representa a productores en estas causas, la importancia de las pruebas está en cruzar la información contable con la constatación in situ del estado vial. “La pericia administrativa expuso una ‘nebulosa contable’ en torno al destino de los fondos recaudados”, explicó, y sostuvo que esa intersección técnica será clave para que el juez defina responsabilidades.
Los números sobre el estado de la red reflejan un problema estructural: entre el 60 % y 70 % de los caminos relevados presentaban problemas de mantenimiento o perfiles transversales deficientes. Además, entre 600 y 900 kilómetros —el 30 % al 40 % de la red— quedarían por debajo de la cota natural de inundabilidad, mientras que entre el 70 % y 80 % carecería de alteos estructurales y gálibos reglamentarios.
Moroni aclaró que los productores no buscan dejar de pagar las tasas sino que desean que el cobro guarde relación con una contraprestación efectiva; en su planteo, si los caminos estuvieran en buen estado, estarían dispuestos incluso a aportar más. El reclamo apunta entonces a la correspondencia entre monto cobrado y servicio entregado, y a que los recursos efectivamente vuelvan a la red vial.
La estrategia judicial se replicó ya en varios distritos bonaerenses y alcanza a municipios como Azul, Daireaux, 25 de Mayo, Bragado, Brandsen, Pila, Ayacucho, Carlos Tejedor, Tapalqué y Trenque Lauquen. Según los demandantes, participan en las causas alrededor de 40 productores en Tapalqué, 40 en Ayacucho, 15 en Pila, 90 en Brandsen y similares en otros distritos, lo que refleja una expansión del reclamo más allá de episodios aislados.
La controversia por las guías de traslado y la demanda de transparencia
Además de la tasa vial, las demandas cuestionan la recaudación por las guías de traslado de hacienda y su destino, dado que hoy la tramitación se realiza de forma electrónica a través del SENASA y está nacionalizada. Los productores preguntan por qué los municipios siguen cobrando esa guía y qué contraprestación concreta se brinda por ese ingreso.
Entre las medidas reclamadas figuran la segregación de cuentas para que los fondos de la tasa vial no se mezclen con Rentas Generales, la implantación de registros de combustible y odómetro para cada máquina y la publicidad de los contratos y órdenes de compra vinculadas al mantenimiento vial. En paralelo, aparecen como modelos de gestión los consorcios y cooperativas de caminos con participación de productores, ingenieros y contadores, vigentes en distritos como Tandil y Benito Juárez, donde la convivencia entre privados y municipios muestra un manejo más transparente según los involucrados.
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Si vivís o trabajás en zonas rurales y querés aportar un testimonio sobre el estado de los caminos y la gestión de la tasa vial, dejá tu relato en los comentarios o compartilo en nuestras redes para que la investigación continúe con datos de campo. La acumulación de experiencias locales ayudará a complementar las pericias y a mostrar si los problemas detectados en Tapalqué y Bolívar se repiten en otros distritos.
La nota fue elaborada por Mariana Reinke, periodista especializada en agroindustria, clima y desarrollo rural. Palabra de Campo sigue la evolución de las causas y publicará actualizaciones conforme avancen las pericias y las resoluciones judiciales.
