Productores de San Pedro exigen cuentas: la Sociedad Rural judicializa el reclamo por la red vial

La Sociedad Rural de San Pedro denunció falta de transparencia en el uso de los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales y anunció los primeros pasos para avanzar con la judicialización del conflicto. El planteo surge ante lo que la entidad calificó como respuestas “evasivas e irrespetuosas” del municipio y la ausencia de documentación que acredite el destino de los fondos.

El reclamo apunta a conocer con detalle cuánto dinero ingresó, en qué se gastó y qué resultados concretos obtuvieron las intervenciones en la red vial del distrito. La demanda comprende periodos clave: 2025 y 2026, años en los que, según la Rural, faltan aclaraciones sobre montos, obras y proveedores.

Qué exige la Sociedad Rural de San Pedro

Entre los pedidos formales figura el desglose mensual de los ingresos y gastos destinados a los caminos rurales, incluyendo los fondos recaudados por la tasa vial y otras transferencias específicas. La entidad reclama saber cuánto ingresó para la red vial, cuánto se ejecutó y cuántos kilómetros fueron efectivamente intervenidos.

El reclamo solicita también la documentación que respalde un monto que la Rural identificó en informes municipales: $124,9 millones mensuales destinados a combustible, reparaciones, repuestos, materiales y equipamiento. En paralelo piden conocer quiénes fueron los proveedores, los importes abonados y la documentación tributaria o contractual asociada a cada gasto.

Documentos y datos reclamados

Los productores pidieron un inventario exhaustivo de la maquinaria municipal que incluya marca, modelo, año, estado, horas trabajadas y períodos fuera de servicio, además del registro del movimiento de combustible por máquina y vehículo. Solicitan asimismo el detalle de los trabajos realizados en 2025 y 2026, con fechas, tramos intervenidos, kilómetros trabajados, personal afectado y costos de cada tarea.

Otro foco del reclamo son los recursos derivados de la Descentralización Tributaria Rural: qué fondos se transfirieron, en qué fechas, por qué importes y cómo quedaron reflejados en el presupuesto municipal. La Rural también exige el detalle mensual de los litros de combustible adquiridos y consumidos, el destino asignado a cada máquina y la nómina del personal afectado al mantenimiento de la red.

Contexto, impacto y próximos pasos

La discusión no es aislada: según representantes rurales, el planteo de San Pedro se alinea con reclamos similares presentados durante 2025 en distritos vecinos como Rojas, Arrecifes y Colón por la falta de transparencia en la gestión de la red vial. La red vial rural es una infraestructura crítica para la producción y logística agropecuaria, y su correcto mantenimiento repercute en costos, seguridad y acceso a mercados.

San Pedro cuenta con una red de entre 1.200 y 1.400 kilómetros de caminos rurales, por lo que cualquier desvío o ineficiencia en el uso de fondos tiene efectos multiplicadores sobre la actividad productiva local. La falta de respuestas y la tensión pública con el municipio llevaron a la Sociedad Rural a intentar la vía judicial, aunque el inicio del proceso se complicó por la dificultad para reunir firmas de adhesión de otros productores.

Los dirigentes denuncian además que el municipio afirma haber entregado la documentación solicitada, versión que la Rural niega categóricamente y que motiva su insistencia en accesos formales a la información pública. Ante la negativa o la percepción de opacidad, la entidad anunció que seguirá utilizando vías institucionales y legales para exigir que “los recursos son públicos, las explicaciones también”.

La postura municipal no pudo ser registrada: según el medio que difundió el reclamo, las llamadas al intendente Cecilio Salazar fueron interrumpidas y no hubo respuesta oficial que aporte la versión del gobierno local. Mientras tanto, productores y actores rurales mantienen la presión para que la gestión de la red vial sea rendida con números, documentos y resultados verificables.

Para la comunidad productiva de San Pedro, la demanda es menos una disputa administrativa y más una exigencia por certezas sobre servicios esenciales que afectan la cadena agroindustrial. Si no se logra explicar el recorrido de los recursos, la expectativa es que la justicia y la opinión pública actúen como garantes de transparencia en una cuestión clave para la ruralidad.