El reciente anuncio de la creación del Fondo Compensador Vial Solidario, mas conocido como tasa portuaria de Necochea, aprobado por el Concejo Deliberante, continúa generando rechazo en el sector agropecuario. En un comunicado contundente, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) calificó la medida como “una aberración jurídica” y un “atropello a la constitucionalidad”. Este reclamo se suma a las críticas ya manifestadas por 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense, que alertaron sobre el impacto negativo de la tasa portuaria en la competitividad del puerto de Quequén.
Tasa portuaria de Necochea: críticas por la falta de transparencia
Desde CARBAP señalaron que la medida carece de una afectación clara de los fondos que pretende recaudar, poniendo en duda el supuesto objetivo de mejorar la infraestructura vial del municipio. “Esta no es una medida para la mejora de la producción local, sino un simple intento de aumentar las arcas municipales a costa de la competitividad de nuestros productores”, enfatizó la entidad.
Además, la confederación denunció que el área contributiva definida por la ordenanza se extiende más allá de los límites del municipio de Necochea, lo que consideran una maniobra arbitraria. Este punto refuerza la preocupación del sector agropecuario sobre la creciente presión fiscal que enfrentan, con tributos que afectan tanto a los costos de producción como a los precios percibidos.
Un contexto de crisis para el agro
El rechazo de CARBAP no se da en un vacío. El sector agropecuario ya había alertado sobre el impacto económico de la tasa, que equivaldrá a un pago adicional de $750 por tonelada de mercadería movilizada por el puerto de Quequén. Este sobrecosto se traducirá en $16.000 millones anuales, afectando a los productores de toda la región y encareciendo las operaciones en una terminal portuaria clave para la exportación de granos y la importación de fertilizantes.
La medida no solo eleva los costos logísticos, sino que también perjudica la competitividad del puerto, en un momento donde los márgenes del sector agropecuario ya son ajustados debido a factores como la sequía, la inflación y la alta carga impositiva.
Un llamado al diálogo y al cambio de rumbo
En su comunicado, CARBAP instó al intendente de Necochea, Arturo Rojas, a reconsiderar esta decisión y a abrir una mesa de diálogo institucional con el sector productivo. La entidad subrayó la necesidad de priorizar políticas que fomenten la competitividad y la sostenibilidad del agro en lugar de implementar medidas que lo penalicen.
“Es hora de elegir si se está del lado de la vieja política empobrecedora o del lado de la Argentina próspera y libre que todos necesitamos y deseamos”, cuestionó CARBAP, instando a las autoridades locales a reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones.
Un debate que trasciende Necochea
El caso de la tasa portuaria en Necochea refleja una problemática recurrente en la provincia de Buenos Aires, donde los municipios buscan aumentar sus ingresos sin realizar ajustes estructurales en sus presupuestos. En este contexto, el sector agropecuario se ha convertido en un blanco constante de medidas impositivas que, según denuncian las entidades rurales, afectan su capacidad de trabajo y desarrollo.
“Medidas como esta generan un efecto dominó negativo, no solo para los productores sino también para la economía regional. Encarecer las exportaciones desde el puerto de Quequén podría desviar cargas hacia otras terminales, debilitando aún más la economía local”, alertaron fuentes del sector.
Perspectivas a futuro
Mientras la implementación de la ordenanza sigue en curso, CARBAP y otras entidades rurales continuarán ejerciendo presión para evitar que la medida entre en vigor sin modificaciones. El llamado al diálogo busca no solo frenar esta tasa, sino también abrir un espacio para discutir políticas más integrales que beneficien tanto a los municipios como a los sectores productivos.
El impacto de esta decisión será una prueba para la relación entre el sector agropecuario y las autoridades locales, y marcará un precedente sobre cómo se gestionan los conflictos entre la necesidad de financiamiento municipal y la sostenibilidad de la producción agroindustrial.
