Pichetto llamó a construir un Frente Nacional con el peronismo unido, radicales y sectores del PRO para ganarle a Milei

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto planteó la necesidad de conformar un Frente Nacional de cara a las elecciones de 2027 y sostuvo que el espacio debe reunir al peronismo, radicales y sectores del PRO que no acompañan al Gobierno.

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Buenos Aires, 17 septiembre (NA) – El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto llamó a construir un Frente Nacional con el peronismo unido, radicales y sectores del PRO como alternativa electoral para 2027, durante una jornada organizada por APOC.

El legislador participó del encuentro “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”, junto al secretario general de APOC, Hugo Quintana; la especialista en derecho ambiental Marisol Díaz y representantes de organismos de control externo de distintas jurisdicciones del país.

Según la información suministrada a la Agencia Noticias Argentinas, Pichetto planteó que el control como política de Estado resulta fundamental, “especialmente en un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones que en algún momento van a tener que responder ante la justicia”.

En ese marco, el diputado llamó a conformar una alianza política de cara a los comicios presidenciales de 2027: “Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con el gobierno”.

“Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional”, agregó Pichetto, quien también destacó el rol de Quintana como constructor de consensos entre los organismos de control.

En sintonía con ese planteo, el secretario general de APOC sostuvo que “el camino es el consenso” y vinculó la reconstrucción institucional con la transparencia.

“Me parece que es hora de que los argentinos volvamos a creer en la política a partir de gobiernos e instituciones transparentes. La transparencia nos permite volver a confiar en la política”, afirmó Quintana.

Al abordar la relación entre la actividad extractiva y los territorios donde se desarrolla, el dirigente puso el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización.

“No se puede negar la importancia de la minería, pero es hora de que los organismos de control estemos más cerca de la problemática de los pueblos, de la gente, de nuestros compañeros para lograr que la minería tenga control y que no afecte al medio ambiente”, señaló.

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Además, planteó: “Respetemos los Tribunales de Cuenta, respetemos las provincias, pongamos a la auditoría en control ambiental para hacer un fondo con una asignación específica”.

Quintana también dimensionó el impacto económico de las actividades extractivas al señalar que “el petróleo va a dejar 30.000 o 40.000 millones de dólares anuales, y la minería 10 o 12.000”.

“Es necesario el crecimiento con desarrollo para que esa plata genere oportunidades de trabajo para la gente”, añadió.

Por su parte, Díaz advirtió sobre la desactualización del marco normativo y sostuvo que “el Código Minero es de 1886, antes incluso del Código Napoleónico”. Según explicó, las sucesivas reformas parciales provocaron “una fragmentación y una distorsión jurídica” que dificulta actualmente las tareas de control.

Frente a ese escenario, la especialista remarcó que “es necesario desarrollar una plataforma para los auditores, un mecanismo que incluya esta big data” y señaló que la inteligencia artificial “tiene la capacidad de leer los datos de informes y hacer que esa información dialogue entre sí, capaz de ordenar información hoy dispersa entre organismos”.

Sobre el Fondo de Compensación Ambiental, Díaz explicó que está pensado “no solamente como una posibilidad de contingencia ambiental, sino anticíclico”, mediante aportes de las empresas según su impacto y la incorporación del principio de responsabilidad social empresarial durante la vida útil de cada proyecto.

Desde APOC remarcaron que la propuesta no implica una posición contraria a la minería, sino que apunta a establecer condiciones para que la actividad se desarrolle con controles efectivos.

“Una empresa que cumple, un Estado que controla adecuadamente y una comunidad que dispone de información confiable deberían formar parte de un mismo modelo”, fue la síntesis de la jornada.

Agencia NA

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