El aumento del vandalismo rural en la Patagonia y otras regiones pone en riesgo la producción, la seguridad de comunidades y la conservación ambiental.
La combinación de abigeato, incendios y usurpaciones exige respuestas legales y operativas concretas para proteger el tejido productivo y el patrimonio natural.
En un informe de Infocampo Estudio, el fiscal general de Chubut, Carlos María Díaz Mayer, ofreció un diagnóstico que confirma un incremento estadístico de la criminalidad rural.
Según su evaluación, en la última estadística los delitos aumentaron un 12 %, con un incremento visible en las actuaciones del Ministerio Público.
El fenómeno no se limita a la región pampeana o al NEA y NOA, sino que ya afecta seriamente a campos patagónicos.
Productores, vecinos y autoridades judiciales coinciden en la percepción de una tensión creciente sobre la ruralidad que demanda respuestas rápidas y técnicas.
Entre las modalidades que preocupan están el cuatrerismo o abigeato, incendios intencionales y ocupaciones de tierras.
Esas prácticas impactan directamente en la rentabilidad de los establecimientos y en la seguridad de familias rurales que quedan aisladas frente al delito.
VANDALISMO RURAL: DISTINGUIR ABIGEATO DE CAZA FURTIVA
Díaz Mayer remarcó la necesidad de distinguir técnicamente entre abigeato y caza furtiva para evitar confusiones en la opinión pública y en la investigación penal.
La diferencia no es solo semántica sino que condiciona la tipificación, la prueba requerida y la pena aplicable por los tribunales.
Para que una conducta se configure como abigeato la ley exige elementos vinculados a la custodia, la cantidad de animales y la intención del autor.
La calificación tiene en cuenta, por ejemplo, si hubo transporte de la hacienda o si se sustrajeron más de cinco animales y si existió una finalidad de criarlos o engordarlos.
“Para que sea abigeato el dueño del animal lo tiene que haber dejado en algún lugar para criarse o para engordar; esa es la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con caza furtiva”, precisó el fiscal.
Desde la fiscalía se subraya que esa precisión técnica es clave para la investigación y para la solicitud de penas ante los tribunales.
La condición de ruralidad permite a la Fiscalía pedir al juez que se aleje del mínimo de la escala penal y eleve la pena conforme a la gravedad del hecho.
Esa argumentación se apoya en los artículos 40 y 41 del Código Penal para justificar una gradación mayor cuando la indefensión del productor es evidente.
El magistrado mantiene la facultad de aplicar una pena dentro de un piso y un techo establecidos por la ley, lo que evita arbitrariedades.
Díaz Mayer puso como ejemplo que no es lo mismo sustraer una que 50 cabezas, y que esa diferencia debe traducirse en la graduación del castigo.
EL VANDALISMO RURAL Y LOS INCENDIOS FORESTALES
Los incendios en la cordillera y precordillera patagónica configuran una emergencia ambiental, social y económica que se repite casi todos los veranos desde 2021.
El foco de Puerto Patriada, Epuyén y Cholila dejó un saldo devastador de más de 65.000 hectáreas quemadas y daños a viviendas, chacras y bosques.
Díaz Mayer advirtió sobre la dificultad de encuadrar jurídicamente estos episodios y cuestionó la eficacia de etiquetas como “ecocidio” para acelerar la investigación penal.
Desde la fiscalía sostienen que la distinción entre daño y estrago doloso es determinante para definir qué bienes jurídicos se protegen y cómo se persiguen las responsabilidades.
El estrago doloso afecta la seguridad pública por la magnitud del peligro que genera, mientras que el daño tiene un alcance más particular y reparable.
Por eso, el título que se le asigne a la conducta debe corresponder a los hechos objetivos y no a consignas mediáticas que compliquen la investigación.
VANDALISMO RURAL: EL PROBLEMA DE LAS USURPACIONES
Las ocupaciones de campos y los intentos de usurpación suman otra dimensión al conflicto rural y tensionan la respuesta judicial y policial.
Díaz Mayer descartó que exista una duplicación normativa significativa y explicó que prima la aplicación de la ley más benigna cuando hay dudas sobre la norma aplicable.
El fiscal sostuvo que es más habitual encontrar vacíos legales que normas contradictorias, y que la ley especial deroga a la general cuando corresponde.
Frente a los reclamos territoriales, la fiscalía mantiene la persecución penal activa para proteger la propiedad privada y la producción agropecuaria en la provincia.
Productores y comunidades demandan respuestas coordinadas que integren control, prevención y certeza jurídica para evitar la repetición de hechos graves.
La fiscalía propone que la calificación técnica de los hechos y la aplicación efectiva de la graduación penal sean parte central de esa estrategia.
La expansión del vandalismo rural en la Patagonia obliga a políticas que sumen tecnologías de prevención, vigilancia y asistencia a productores.
Sin mayor articulación entre fiscalías, fuerzas de seguridad y gobiernos provinciales será difícil revertir la tendencia y garantizar la seguridad alimentaria y el patrimonio ambiental de la región.
