Prohibieron el uso de drones para pulverización en Misiones tras denuncias de daños por deriva

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables misionero dispuso la suspensión de uso de drones hasta tanto haya una reglamentación que los regule. Una entidad empresarial de Montecarlo expresó su rechazo a la medida.

Disposición N° 104/2026 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable de Misiones suspende de forma preventiva e indeterminada el uso de vehículos aéreos no tripulados —VANT o drones— para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios en toda la provincia. La medida reabre un conflicto con amplios sectores productivos que sostienen que la prohibición afecta la productividad y la seguridad en chacras pequeñas y de difícil acceso.

La suspensión llega luego de denuncias de productores de Pozo Azul y otras localidades por la deriva de fitosanitarios que, según relatan, afectó cultivos de tabaco, poroto y tomate. El caso pone en discusión la falta de una reglamentación específica para drones agrícolas, una laguna que ya genera debate en otras provincias.

Qué dispone la medida y su alcance

La disposición ordena que se prohíba el uso de drones pulverizadores hasta que la Dirección de Recursos Vitales reglamente un artículo del decreto que aplica la ley provincial sobre fitosanitarios. En la práctica, se trata de una prohibición preventiva que espera la definición de parámetros de forma, condición y altura para operar.

El texto administrativo remite además al Decreto N.° 2556/2022, que ya habilitó el uso de drones pero dejó pendiente la fijación de límites operativos por parte de la autoridad de aplicación. Esa espera es el punto central de la controversia entre reguladores y productores que ya invirtieron en tecnología y capacitación.

Denuncias por deriva y vacío normativo

Productores denunciaron daños por deriva de pulverizaciones realizadas con drones, lo que motiva la rápida reacción estatal en una provincia sensible por sus pequeñas parcelas y cultivos hortícolas. Sin embargo, la normativa tradicional sobre agroquímicos suele contemplar pulverizadoras terrestres y aeronaves convencionales, no la tecnología específica que representan los VANT.

La ausencia de reglas claras sobre alturas, condiciones meteorológicas, distancias de seguridad y registro de operaciones complica la fiscalización y la atribución de responsabilidades. Esa indefinición es el argumento que usan tanto autoridades para aplicar medidas precautorias como productores para reclamar una regulación precisa y operable.

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Rechazo del sector privado y argumentos técnicos

La Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) repudió la disposición y la calificó como un “retroceso tecnológico” que perjudica a una producción en parcelas inclinadas y con yerbales donde el tractor no entra. La entidad reivindica que el dron de aplicación permite aplicar dosis justas, reducir consumo de agua y minimizar el contacto directo del trabajador con los productos.

La CACIM también advirtió que prohibir la herramienta no reduce el uso de agroquímicos, sino que puede devolver prácticas menos controlables y aumentar la exposición humana y ambiental. Por eso pidió dejar sin efecto la medida y ofreció colaborar en la reglamentación para establecer controles efectivos y sanciones a malos operadores.

Alternativas de regulación y control

Expertos y cámaras proponen medidas técnicas que no requieren invenciones: establecer certificación de operadores, límites de altura, zonas de exclusión y registros de vuelo con georreferenciación. Estas herramientas permiten identificar responsables, aplicar sanciones y promover buenas prácticas sin eliminar una tecnología que, bien usada, reduce riesgos operativos.

Además, la capacitación obligatoria y la vigilancia meteorológica previa a la aplicación reducirían significativamente la deriva y los incidentes reportados. La combinación de reglas claras y control efectivo es la vía que reclaman productores y especialistas para reconciliar producción y cuidado ambiental.

Qué está en juego y próximos pasos

La decisión en Misiones marcará un precedente para otras jurisdicciones que también enfrentan el desafío de regular los drones agrícolas. La rapidez con la que la autoridad provincial concrete la reglamentación será clave para dar certeza a productores, prestadores de servicios y al propio control sanitario.

En resumen, la discusión ya no es si los drones deben usarse, sino cómo hacerlo de forma segura y trazable; y en ese punto, la provincia anunció una pausa que obliga a acelerar el diálogo entre estado, cámaras y técnicos. La forma en que se cierre esa brecha definirá si la medida queda como una solución preventiva o como un freno a la modernización del manejo fitosanitario en la región.

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