Una diputada bonaerense del espacio que integra Union por la Patria presento un proyecto para crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires” (TAMBA) con el objetivo declarado de mitigar las emisiones de metano asociadas a la actividad ganadera. La iniciativa propone aplicar el principio de Responsabilidad Extendida del Productor para que los establecimientos que generan emisiones contribuyan a un fondo destinado a financiar acciones de mitigacion y gestion de residuos. La recaudacion propuesta se canalizaria hacia un Fondo Fiduciario para la Mitigacion del Metano y Financiamiento GIRSU (FoFiMM).
El proyecto plantea que la tasa se determine en funcion de los kilogramos de dioxido de carbono equivalente (CO2e) emitidos por cada establecimiento ganadero, teniendo en cuenta el numero de cabezas de ganado y sus caracteristicas productivas. En los considerandos la autora sostiene que involucrar directamente a los sectores productivos que son grandes emisores de metano es una forma de responsabilizarlos y de contar con recursos especificos para implementar medidas de reduccion de emisiones. Tambien se destaca en la exposicion de motivos la intencion de canalizar esos recursos hacia tecnologias, investigacion y gestion que permitan disminuir el aporte de metano al calentamiento global.
La propuesta genero una respuesta rapida y energica del sector agropecuario. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazo la medida y afirmo que imponer una tasa sobre las emisiones de metano de los bovinos no constituye una discusion ambiental seria, sino un ataque al sector productivo. El gremio sostuvo que cobrar un impuesto por los gases que expulsan los animales equivaldria, en su interpretacion, a “cobrar por respirar a las vacas”, y advirtio que ese tipo de cargas reducirian la produccion en lugar de disminuir las emisiones. CRA argumenta que la actividad ganadera argentina es clave para la alimentacion mundial, genera empleo y sostiene economias regionales, por lo que imponer nuevos gravamenes agrava una presion fiscal que consideran ya muy elevada.
La Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se sumo al rechazo y emitio un comunicado en el que, ademas de cuestionar la medida, empleo una critica ironica sobre la iniciativa y la forma en que, segun su vision, se debatio. CARBAP afirmo que la ganaderia bonaerense soporta una de las presiones impositivas mas altas del pais y sostuvo que sumar una tasa por el metano no contribuiria a reducir emisiones sino que afectaria la produccion, la competitividad y el empleo rural. La entidad pidio politicas publicas basadas en datos, dialogo y conocimiento tecnico, y se pronuncio en contra de cargas adicionales que, en su opinion, castigan a quienes producen alimentos y sostienen comunidades rurales.
En sus comunicados, tanto CRA como CARBAP solicitaron dirigentes que trabajen en favor de la produccion y de soluciones tecnicas viables antes que medidas basadas en ideas que consideran desconectadas de la realidad productiva y cientifica. Las criticas incluyeron la exigencia de mayor dialogo con el sector y la demanda de presentar alternativas concretas y tecnicamente sustentadas para la reduccion de emisiones, en lugar de imponer nuevos impuestos sin una metodologia clara y operativa.
La discusion tambien se traslado a redes sociales, donde organizaciones rurales y representantes politicos expresaron su rechazo con mensajes criticos y burlones. CRA difundio un tuit rechazando la tasa y calificando la propuesta como una muestra de incapacidad de algunos dirigentes para comprender los procesos productivos. CARBAP publico un comentario con tono ironico que cuestionaba la improvisacion legislativa y proponia, en clave satirica, una “tasa para legisladores improvisados”. Ademas, un diputado productor de la Coalicion Civica hizo publica su condena al proyecto, calificandolo en redes como un impuesto absurdo y contraproducente que no incentiva la produccion sino que agrega cargas injustificadas.
Una de las cuestiones tecnicas mas relevantes y al mismo tiempo mas controvertidas del proyecto es la forma en que se cuantificarian las emisiones y, por ende, la tasa a pagar. El texto propone calcularla segun kilogramos de CO2 equivalente emitidos por cada establecimiento, desagregando por numero de animales y caracteristicas productivas. Sin embargo, en las criticas del sector se pregunta con insistencia como se llevaria a cabo esa medicion en la practica, que metodologia especifica se utilizaria, quienes serian los responsables de la verificacion y cuanto costo administrativo implicaria para los productores. Para los opositores, la falta de respuestas claras sobre estos puntos debilita la propuesta y abre interrogantes sobre su viabilidad operativa e impacto real en la reduccion de emisiones.
Quienes respaldan iniciativas de mitigacion de gases de efecto invernadero suelen destacar que el metano es un gas con un potencial de calentamiento por unidad mayor que el dioxido de carbono y que la agricultura, y en particular la ganaderia, contribuye de manera significativa a las emisiones globales de metano. Entre las posibles vias para reducir esas emisiones se mencionan mejoras en la dieta animal, manejo de pasturas, ajustes en la gestion del estiercol, biotecnologia y practicas de produccion que incrementen la eficiencia. No obstante, la implantacion de medidas requiere generalmente de estudios, pilotos, inversion y acompanamiento tecnico, elementos que los representantes del sector privado consideran ausentes o insuficientes en el diseno del impuesto propuesto.
El debate sobre la TAMBA en la provincia bonaerense, por tanto, plantea tensiones tipicas entre objetivos ambientales y preocupaciones economicas y sociales del sector productivo. Por un lado, esta la intencion de asignar responsabilidades y recursos para enfrentar una fuente de emisiones con potencial climatico relevante; por el otro, la percepcion entre productores y sus organizaciones de que la medida penaliza la actividad sin ofrecer soluciones tecnicas claras ni garantizar que los fondos se traduzcan en mejoras reales en la reduccion de emisiones.
La iniciativa, ademas, fue mencionada en el contexto politico local: la diputada promotora dejara su banca proximamente y sera reemplazada por otra figura del mismo espacio. Ese dato suma un componente politico al debate y refuerza la demanda del sector productivo de dialogo y consensos antes de avanzar con normas que afecten a actividades sensibles para la economia regional.
En definitiva, la propuesta de crear una tasa ambiental sobre el metano abrio una polemica que ya se manifiesta en declaraciones publicas, comunicados institucionales y redes sociales. Las organizaciones rurales reclaman que las politicas publicas sobre emisiones se disenen con base en datos, consensos tecnicos y mecanismos que no comprometan la produccion ni el empleo rural, mientras que la autora del proyecto pone el foco en la necesidad de que los grandes emisores contribuyan a financiar la mitigacion. El conflicto plantea la necesidad de profundizar el intercambio entre el Estado, el sector cientifico y las organizaciones productivas para definir instrumentos efectivos, medibles y equitativos que apunten tanto a reducir emisiones como a preservar la actividad productiva.
