El gobierno de México ha dado un paso decisivo en la regulación de los cultivos modificados genéticamente. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que prohíbe el maíz transgénico en el país, una medida que refuerza el compromiso con la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la salud pública.
La nueva normativa restringe la siembra, comercialización e importación de variedades de maíz genéticamente modificado y busca proteger el maíz criollo, una especie fundamental para la cultura y la economía mexicana. Productores agrícolas, ambientalistas y la industria alimentaria han manifestado opiniones encontradas sobre el impacto de esta decisión.
Un decreto que transforma la producción de maíz en México
El decreto de Sheinbaum amplía las restricciones establecidas en administraciones anteriores, prohibiendo el uso de maíz transgénico para consumo humano directo y limitando su importación en ciertos sectores. La medida también reafirma la eliminación gradual del herbicida glifosato, utilizado en la agricultura industrial.
“La protección de nuestras semillas nativas es clave para la seguridad alimentaria de México”, afirmó Sheinbaum al firmar el decreto. Además, señaló que el país seguirá promoviendo la producción de maíz criollo como parte de una estrategia de desarrollo rural sustentable.
Desde el punto de vista ambiental, científicos y activistas aplauden la prohibición, argumentando que los cultivos transgénicos afectan la biodiversidad y pueden generar resistencia en plagas. No obstante, la industria agroalimentaria advierte que la medida podría afectar el abastecimiento y encarecer costos para los productores y consumidores.
Impacto en los productores y la cadena agroalimentaria
El sector agrícola enfrenta un desafío significativo con esta prohibición. México importa millones de toneladas de maíz transgénico cada año, principalmente desde Estados Unidos. La nueva regulación podría generar tensiones comerciales y afectar a productores que dependen de estos insumos.
Expertos señalan que será clave fortalecer el apoyo a los agricultores nacionales para mejorar los rendimientos del maíz criollo sin recurrir a organismos modificados genéticamente. Programas de subsidios, capacitación y desarrollo de semillas nativas resistentes al clima serán esenciales para que esta transición sea efectiva y sostenible.
En contraste, las grandes empresas agroindustriales han expresado su preocupación por la estabilidad del mercado. Asociaciones del sector afirman que la prohibición podría limitar la competitividad de México en el comercio internacional de granos y aumentar la dependencia de importaciones de otros cultivos.
Un cambio de rumbo en la política agrícola de México
Este decreto refuerza la tendencia del gobierno de México hacia una producción agropecuaria más sustentable y centrada en la preservación de recursos genéticos locales. Además, responde a las demandas de organizaciones campesinas que han abogado por la protección de las semillas nativas y el rechazo de transgénicos.
A nivel global, la medida podría influir en las políticas agrícolas de otros países de Latinoamérica, donde los cultivos transgénicos generan debates sobre sus efectos en la salud y el medio ambiente.
Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de su implementación y del desarrollo de alternativas viables para garantizar el suministro de maíz libre de transgénicos, sin afectar la seguridad alimentaria ni la economía agrícola del país.
