En el remate del primer lote de soja 2026/27 celebrado en la Bolsa de Comercio de Rosario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó el escenario para plantear reclamos dirigidos al Gobierno nacional que excedieron el debate sobre las retenciones. Además de cuestionar la carga impositiva sobre las exportaciones agrícolas, el mandatario puso el acento en la carencia de infraestructura vial que, según él, complica la logística del campo y la industria en una de las principales provincias agroexportadoras del país.
Ante un auditorio compuesto por productores, industriales y transportistas, Pullaro expuso una crítica centrada en dos ejes: la política tributaria que afecta al sector agropecuario y la responsabilidad del Estado nacional en el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales que cruzan Santa Fe. Desde su perspectiva, esas fallas de infraestructura elevan costos y ponen en riesgo la competitividad del sistema productivo regional.
Retenciones e impuestos: la postura del gobierno provincial
El gobernador sostuvo que las retenciones a las exportaciones siguen siendo un problema para el sector y reclamó su eliminación o al menos una revisión profunda de su aplicación. En paralelo defendió las medidas fiscales provinciales orientadas a aliviar la carga sobre la producción: aseguró que Santa Fe tiene la menor presión tributaria en las últimas dos décadas y destacó alivios específicos para la agroindustria.
Según Pullaro, en la provincia no se aplica el impuesto sobre los ingresos brutos al sector agropecuario, mientras que la industria afronta una tasa reducida cercana al 0,7%. También mencionó incentivos fiscales vinculados a la creación de empleo y al consumo energético, que permiten deducciones del impuesto sobre los ingresos brutos por cada trabajador incorporado y por gastos en electricidad.
Infraestructura: rutas en mal estado y demanda de inversiones
Pullaro insistió en que muchas rutas nacionales que cruzan Santa Fe presentan daños severos, describiéndolos como más que simples baches y responsabilizó al Gobierno federal por la falta de mantenimiento. Planteó que la provincia ha tenido que destinar sus propios recursos para obra pública, aun cuando esos caminos son utilizados de manera intensa por productores, transportistas y la industria local.
Como parte de su defensa de gestión, el gobernador recordó que heredó una administración con déficit y endeudamiento y explicó que, a pesar de ajustes en el gasto, su gobierno logró revertir la situación financiera y destinar fondos a infraestructura: señaló inversiones por 500 millones de dólares en el primer año y 1.500 millones de dólares en el segundo.
Impacto económico y consideraciones para el sector
Pullaro afirmó que las políticas fiscales provinciales implican una renuncia a la recaudación -a la que cuantificó en 82.000 millones de pesos- pero justificó esa decisión como necesaria para impulsar la recuperación económica mediante más financiamiento, mayor inversión en infraestructura y menores impuestos. Desde su óptica, la combinación de estas medidas favorece la generación de empleo y la reducción de costos logísticos para la cadena agroindustrial.
El llamado del gobernador se inscribe en un reclamo tradicional del campo argentino: la demanda de condiciones habilitantes para exportar con competitividad, que incluyen tanto alivios tributarios como mejoras en la red vial y ferroviaria. Para productores y transportistas, la falta de obras aumenta tiempos y costos de flete, afecta la seguridad vial y puede traducirse en menores márgenes para los eslabones productivos.
Qué queda por delante
El discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario reaviva la discusión sobre la responsabilidad del Estado central y las provincias en la gestión de infraestructura estratégica y sobre el modelo de tributación aplicado a un sector clave para la balanza comercial. En las próximas semanas se espera que estas demandas vuelvan a formar parte de la agenda pública y de las negociaciones entre gobernadores, funcionarios nacionales y representantes del sector productor.
Para el campo, el desafío seguirá siendo combinar pedidos de alivio fiscal con propuestas concretas para mejorar la logística: inversiones en rutas y accesos, mantenimiento sostenido y coordinación entre niveles de gobierno para priorizar corredores productivos. Mientras tanto, la provincia de Santa Fe continuará presentando su balance de gestión como argumento para sostener sus decisiones fiscales y su reclamo por mayor responsabilidad federal en obra pública.
