Siete exministros y exsecretarios de Agricultura de la Nación alzaron la voz ante la reforma que el Gobierno impulsa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Lo hicieron a través de una carta pública donde expresan su preocupación por lo que consideran un “intento de vaciamiento institucional” que amenaza con debilitar uno de los pilares estratégicos del desarrollo agropecuario argentino.
Los firmantes —Felipe Solá, Javier de Urquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yauhar, Luis Basterra y Juan José Bahillo— representan gestiones de distintos colores políticos, pero en esta oportunidad se unieron para rechazar los cambios en la estructura del organismo.
Más allá de las diferencias ideológicas, los exfuncionarios coinciden en que el INTA no debe ser víctima de un reordenamiento estatal que responde más a criterios de ajuste que a una estrategia de fortalecimiento productivo. Según explicaron, los cambios promovidos desde el Ejecutivo suprimen espacios de participación, limitan el federalismo interno del organismo y afectan su autonomía técnica.
El INTA como engranaje del desarrollo agropecuario
Creado en 1956, el INTA ha sido a lo largo de las décadas una referencia clave en materia de investigación aplicada, extensión rural y transferencia tecnológica. Con 52 estaciones experimentales y más de 350 agencias distribuidas en todo el país, su rol ha sido fundamental para el progreso de miles de productores, especialmente en regiones donde el acceso a la innovación depende casi exclusivamente de la articulación con organismos públicos.
En las últimas campañas, el INTA tuvo un papel destacado en la validación de nuevas variedades de cultivos, el desarrollo de tecnologías de riego, el impulso de prácticas de manejo sustentable y la mejora genética en producción animal. Su capacidad técnica ha sido reconocida tanto por el sector productivo como por organismos internacionales.
Los exministros aseguran que la reforma actual pone en jaque ese entramado técnico-científico. Lo más preocupante, subrayan, es que la reestructuración del Consejo Directivo eliminaría la representación de universidades, grupos técnicos privados y entidades regionales, que han sido claves para garantizar una mirada amplia, territorial y participativa.
Riesgo de recentralización y debilitamiento técnico
Uno de los ejes más cuestionados por los exfuncionarios es la decisión de reducir la cantidad de miembros del Consejo Directivo, eliminando así la presencia de actores del conocimiento y del entramado productivo. Según señalan, este cambio no solo debilita el carácter federal del INTA, sino que lo transforma en un organismo más vertical, dependiente de decisiones del poder central y con menor capacidad de respuesta territorial.
También advierten que el debilitamiento del sistema experimental, el achicamiento de las agencias de extensión y la posible venta de activos estratégicos como campos experimentales forman parte de un proceso que se orienta más al desmantelamiento que a la eficiencia.
“Sin un sistema público que investigue y transfiera tecnologías adaptadas a cada zona, muchos productores pequeños y medianos quedarán a la deriva”, alertan analistas del sector que observan con preocupación la deriva del actual proceso de reforma.
El impacto en las economías regionales
Más allá del debate estructural, lo que está en juego, según los exministros, es el modelo de desarrollo agropecuario de largo plazo. En muchas provincias, sobre todo del norte argentino, el INTA representa el único canal de acceso al conocimiento actualizado, a tecnologías de bajo costo y a planes de manejo que consideran la realidad de cada territorio.
El debilitamiento del organismo implicaría un retroceso para las economías regionales, que dependen del acompañamiento técnico en temas clave como sanidad vegetal, mejora de suelos, control biológico de plagas o uso eficiente del agua. La eventual reducción de presupuesto, sumada al recorte de personal técnico y a la concentración de decisiones, podría desarticular décadas de construcción institucional en zonas vulnerables.
Una carta que marca posición política y técnica
La publicación de la carta no solo es un gesto político. También marca un posicionamiento técnico frente a un gobierno que ha cuestionado públicamente el funcionamiento del INTA. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, deslizó recientemente que el organismo debía “reordenarse” por falta de eficiencia, en declaraciones que fueron rechazadas por buena parte del arco agropecuario y académico.
Ariel Pereda, director nacional del INTA, también expresó su rechazo, al tiempo que sectores internos denuncian una intervención de facto sin resolución firme, con decisiones que han comenzado a concentrarse en la Secretaría de Bioeconomía.
En este marco, los exministros remarcaron la importancia de preservar la estructura institucional, técnica y participativa del INTA, como una herramienta estratégica para el país y no como un gasto a recortar.
La tensión entre ajuste fiscal y desarrollo productivo
La discusión de fondo trasciende al INTA: se trata de cómo se concibe el rol del Estado en el desarrollo del agro argentino. Mientras que el Gobierno impulsa una agenda de recorte y desregulación, sectores productivos y técnicos sostienen que sin inversión pública en ciencia, tecnología y extensión, el sector quedará sujeto a lógicas puramente privadas que no siempre contemplan a todos los actores.
Los firmantes de la carta consideran que la reforma actual no genera ahorro genuino, sino una pérdida de capacidades que costará reconstruir. En un contexto donde el agro debe enfrentar desafíos como el cambio climático, la competitividad global y la transición hacia sistemas más sostenibles, el debilitamiento del INTA representa, en palabras de varios especialistas, “una decisión que compromete el futuro del sector”.
