Este lunes se realizó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación una nueva reunión convocada por el Gobierno para intentar avanzar en la actualización de la normativa sobre semillas.
El encuentro, coordinado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), vuelve a poner en tensión a productores y a la industria semillera a pocos meses de que venza el plazo político para avanzar con la nueva ley.
Plazos y relevancia del debate
La cuenta regresiva es corta: a solo tres meses para que finalice el año, y con ello se estrecha la ventana para que el proyecto ingrese al Congreso antes de terminar 2026.
Si el proyecto no llega al Parlamento este año, resulta difícil que el tema prospere en un 2027 con agenda electoral marcada y prioridades políticas distintas.
Qué dejó la última reunión
A la reunión asistieron representantes del sector, aunque muchas entidades no enviaron a sus primeras figuras y algunos actores clave estuvieron ausentes por compromisos institucionales.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) informó que participó con su director, Tomás Palazón, mientras que Coninagro estuvo representada por su presidente, Lucas Magnano, y Federación Agraria no asistió por su congreso anual.
Diagnóstico: diálogo sin acuerdos cerrados
Del encuentro surgió una conclusión recurrente: hay diálogo pero pocos avances concretos que cierren posiciones sobre puntos críticos de la norma.
La SRA valoró el ámbito de discusión y exigió que cualquier reforma cuente con consenso amplio, equilibrio y reglas claras que compatibilicen la innovación con los derechos del agricultor.
Uso propio y adhesión a UPOV, el núcleo del conflicto
El debate central sigue siendo el régimen del uso propio de semillas y cómo se instrumentarán las regalías por mejoras biotecnológicas.
Una arista clave es la posible adhesión a UPOV-91, frente al actual marco de UPOV-78 que garantiza el uso propio y que desde el sector rural se considera menos gravoso para los productores.
Propuestas contrapuestas sobre quién paga
En el campo proponen que sólo un tercio (33 %) de los productores aporte por el uso oneroso de semilla, priorizando a los que siembran más superficie según el Sistema de Información Simplificado Agrícola.
La industria semillera considera insuficiente esa fórmula y reclama que la proporción alcance cerca de dos tercios (66 %) del mercado para mejorar la recuperación de inversiones en obtención.
Factores externos y la discusión pública
El debate se mezcló con reclamos en redes: hubo quienes sostienen que no habría objeciones a pagar más por semilla si previamente se eliminaran las retenciones.
Además, la discusión sobre la adhesión a UPOV-91 aparece vinculada a compromisos comerciales, incluido un punto del pacto con Estados Unidos, lo que complejiza la decisión política.
El rol del Gobierno y los próximos pasos
Corresponde ahora al Gobierno procesar la información y diseñar un proyecto que funcione como punto de equilibrio entre las partes y que llegue al Congreso con probabilidades reales de tratamiento.
Si el Ejecutivo consigue un texto que evite vetos cruzados, el debate podrá centrarse en implementación y fiscalización, en lugar de quedar estancado por posiciones inamovibles.
Por qué importa para los productores
La nueva ley impactará directamente en el costo de producción y en las decisiones de inversión de los productores a mediano y largo plazo.
Un marco claro sobre propiedad intelectual y uso propio influye en la adopción de innovaciones, la disponibilidad de semillas y la competitividad del sector agroindustrial argentino.
La discusión seguirá en los próximos meses en mesas técnicas y oficinas del Ejecutivo, con la presión de sectores que buscan certidumbre antes de fin de año.
Para los productores, la expectativa es simple: reglas previsibles que permitan producir con tecnología sin perder derechos básicos sobre su propia actividad.
