La discusión por las retenciones volvió a ocupar el centro de la agenda productiva en Córdoba. Esta vez, el reclamo llegó acompañado por una comparación incómoda: mientras el agro continúa tributando derechos de exportación después de más de dos décadas, sectores como la energía y la minería reciben estímulos para acelerar inversiones.
Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, planteó esa diferencia durante una entrevista con Palabra de Campo en el 5º Congreso Internacional de Maíz. El funcionario reconoció las reducciones dispuestas por el Gobierno nacional, pero sostuvo que el alivio es todavía insuficiente y que las provincias productoras deben mantener la presión para lograr la eliminación definitiva.
“No hay que naturalizar las retenciones. No existen retenciones buenas o malas según el gobierno que las aplique”, afirmó. Y agregó: “Reconocí el esfuerzo cuando se bajaron, pero falta mucho camino por recorrer y no se puede esperar demasiado más”.
La definición se produjo en un encuentro que Córdoba considera estratégico. El maíz no sólo tiene un peso territorial y cultural en la provincia: también es la materia prima de cadenas pecuarias, alimentos, bioetanol y otros procesos industriales que permiten multiplicar su valor sin sacarlo del territorio.
Un Congreso para transformar el maíz en origen
Busso destacó la convocatoria del Congreso y la presencia de autoridades de Santa Fe y Entre Ríos, junto con el gobernador cordobés y referentes de toda la cadena. Para el ministro, ese marco permitió llevar la conversación más allá de la producción primaria.
“El maíz es algo muy querido por los cordobeses, lo sentimos propio. Estamos ante un momento particular, con acciones que permiten tener expectativas y pensar que transformar lo que producimos puede dejar de ser un discurso”, señaló.
La llave, según su análisis, es una nueva ley de biocombustibles. Un marco que amplíe el uso de bioetanol podría sostener inversiones, generar demanda permanente para el cereal y mejorar la capacidad de las provincias de capturar valor. “Si se sanciona una ley que rompa la inercia que nos impidió avanzar en la transformación, esa posibilidad puede convertirse en realidad”, sostuvo.
El planteo comparte una lógica con la agenda de la Región Centro: producir más no alcanza si el grano sale sin transformación, mientras rutas, energía y logística quedan retrasadas. El salto que reclama Córdoba consiste en convertir parte de esa cosecha en combustible, proteína animal, alimentos y empleo industrial.
US$ 2.500 millones que no volvieron a Córdoba
El tramo más enfático de la entrevista llegó al dimensionar el impacto fiscal. Busso estimó que, en una cosecha que describió como la mayor de Córdoba en seis décadas, los productores provinciales aportaron unos US$ 2.500 millones por derechos de exportación.
“Imaginemos si ese dinero hubiera quedado en el bolsillo de los productores, cuántas cosas podrían haberse hecho y cuánto podría haberse invertido en la economía de nuestros pueblos”, planteó.
La cifra fue presentada por el funcionario como una estimación provincial y expone el argumento político de Córdoba: el recurso se recauda de manera nacional, pero no retorna automáticamente a la zona que lo genera. Esa ausencia de coparticipación alimenta el conflicto entre el Estado nacional y las provincias pampeanas.
Busso insistió en que el costo suele perder visibilidad porque el productor no realiza un pago directo. El descuento aparece incorporado en el precio del grano. “Como no saca el dinero del bolsillo, a veces parece que no paga retenciones. Pero cuando se pone en valor, se ve la cantidad de recursos que podrían invertirse y movilizarse”, explicó.
La comparación con la energía y la minería
Para el ministro, la desigualdad se vuelve más evidente cuando el tratamiento del agro se compara con el de otros sectores exportadores. Aclaró que valora el crecimiento de petróleo, gas y minería, pero cuestionó que esos motores reciban incentivos mientras la producción agrícola continúa aportando una porción relevante de su ingreso bruto.
“¿Por qué el productor tiene que seguir haciendo el esfuerzo después de 22 años y otros sectores de la economía no?”, preguntó. Su ejemplo fue directo: “Imaginemos si el petróleo exportado tuviera que pagar un 24% de retenciones como la soja. ¿Qué rentabilidad tendría esa producción?”.
La comparación busca mostrar el efecto sobre las decisiones dentro del lote. Cuando el precio recibido se reduce, el productor tiende a concentrarse en bajar costos y limitar riesgos antes que en invertir para elevar productividad. Busso contrastó esa realidad con Brasil, donde la ausencia de derechos de exportación deja un margen mayor para fertilización, tecnología y manejo.
“La rentabilidad se va con una retención de ese tamaño. El productor termina pensando más en los costos que en la productividad”, advirtió.
Insistir más y ampliar el esfuerzo fiscal
Ante la pregunta de si el sector reclamó lo suficiente, Busso respondió que hubo insistencia, pero no con la intensidad necesaria para volver inevitable la decisión. “No hay que hacerles tan fácil la tarea a quienes tienen que resolver. Los gobiernos no lo harán solos si no existe un reclamo fuerte”, afirmó.
También rechazó que el equilibrio fiscal deba descansar siempre sobre la misma actividad. Según su mirada, la aparición de nuevos sectores exportadores permite distribuir el esfuerzo de manera más equitativa sin abandonar la disciplina de las cuentas públicas.
El ministro reconoció, de todos modos, que la estabilidad macroeconómica y la eliminación de regulaciones innecesarias son avances. Valoró que se hayan retirado intervenciones que distorsionaban mercados y que el Estado nacional intente no gastar por encima de sus recursos.
Pero trazó un límite: ordenar la macroeconomía no equivale a tener un proyecto de producción. “Es bueno que el Estado haga lo que cualquier familia debe hacer y no gaste más de lo que gana. Ahora, si junto a ese esfuerzo no hay un proyecto que agrande la torta y haga crecer la economía, podemos entrar en un terreno de frustraciones”, sostuvo.
Rutas, caminos, energía y gas
La política productiva que reclama Córdoba tiene componentes concretos: infraestructura vial, caminos rurales, energía, gas y cuidado de los recursos naturales. Sin esa base, explicó Busso, resulta difícil atraer capital y sostener la competitividad de las empresas alejadas de los puertos.
“Si no se piensa en infraestructura en el sentido más amplio —rutas, caminos, energía y gas— es muy difícil generar condiciones para invertir y producir”, aseguró.
El planteo final combina respaldo y exigencia. Busso afirmó que Córdoba quiere que a la Argentina le vaya bien y que colaborará con las decisiones nacionales que considere correctas. Pero anticipó que la provincia defenderá sus prioridades: biocombustibles, menor presión tributaria e infraestructura.
En ese esquema, el maíz funciona como prueba. El país ya tiene producción, conocimiento y empresas capaces de transformarlo. La pregunta es si las reglas fiscales y las obras permitirán que esa capacidad se convierta en más inversión o si el cereal seguirá financiando al Estado mientras las regiones que lo producen esperan caminos, energía y mercados.
