Las intenciones de siembra de trigo y cebada para la campaña 2025/26 muestran señales positivas tras un ciclo adverso. Según la Encuesta SEA de CREA, un 33% de las empresas agropecuarias incluyó a los cultivos de invierno en su esquema productivo, el valor más alto desde 2012. Esta tendencia se explica por el buen estado hídrico registrado al momento del relevamiento, en marzo. Sin embargo, en el contexto actual, la permanencia de los derechos de exportación (DD.EE.) podría frenar este repunte.
El exceso de lluvias en abril y mayo, sumado a precios internacionales en retroceso y un tipo de cambio anclado, generan incertidumbre. Frente a este escenario, los productores reclaman condiciones más previsibles para decidir inversiones. El principal reclamo: eliminar los derechos de exportación que afectan especialmente al trigo y a la cebada.
Una política distorsiva que afecta la inversión y la producción
El Gobierno nacional ha logrado avances en el plano macroeconómico. En poco más de un año redujo la inflación, saneó las cuentas públicas y eliminó el cepo cambiario. También liberó las exportaciones, suprimió el impuesto PAIS y facilitó el ingreso de insumos y bienes de capital. No obstante, el esquema de retenciones sigue vigente, especialmente para los granos.
En este contexto, el impacto de los DD.EE. se agrava, ya que no hay un tipo de cambio competitivo ni precios internacionales elevados que lo compensen. De hecho, el valor real de los granos apenas supera en 7,5% al de los peores años de la convertibilidad, mientras que la competitividad cambiaria se ubica en los niveles más bajos desde los años noventa.
Además del efecto sobre los márgenes del productor, las retenciones perjudican a toda la cadena agroindustrial. Se rompen las relaciones de precios entre granos y los insumos necesarios para producir. Un ejemplo claro: en trigo y cebada, más del 40% de los costos se destinan a fertilizantes, cuya eficiencia incide directamente en el rendimiento y la sostenibilidad productiva.
El resultado es un freno a la inversión. Si se invierte en tecnología o fertilización, el Estado se lleva entre el 12% y el 33% de la producción adicional generada por esa mejora. Para un productor que piensa en quintales, el desincentivo es evidente.
Eliminar retenciones: un estímulo inmediato para producir más y mejor
Los cálculos realizados por técnicos del Movimiento CREA son contundentes: si se eliminan los DD.EE., la fertilización nitrogenada aumentaría, lo que se traduciría en una mayor producción de trigo estimada en 2,7%. En valores, esto implicaría exportaciones adicionales por USD 112 millones.
No se trata solo de eficiencia técnica. También se trata de expectativas. Aunque el 72% de los empresarios CREA considera que la situación del país mejoró en el último año, solo el 25% cree que es un buen momento para invertir. Esta desconexión entre la macroeconomía y la realidad del agro se explica, en gran medida, por la falta de definiciones en política agropecuaria.
Los productores piden algo básico: que el precio de sus productos e insumos sea el del mercado, y que los impuestos no discriminen por actividad. Eliminar las retenciones sería un paso clave en ese sentido. Como ya se demostró en otros ciclos, cuando el agro tiene reglas claras y precios sin distorsiones, invierte, incorpora tecnología y multiplica la producción.
Un costo fiscal mínimo, frente a beneficios amplios
La eliminación de las retenciones a los granos finos tendría un costo fiscal muy limitado. Con una cosecha promedio de trigo y cebada, se proyectan USD 3293 millones en exportaciones para 2026, de los cuales el Estado recaudaría por DD.EE. unos USD 395 millones, apenas el 0,05% del PBI.
A cambio, la quita del impuesto impulsaría la siembra, mejoraría la calidad de los cultivos y contribuiría al ingreso de divisas, en un momento en el que el país necesita crecimiento genuino y sostenible. El tiempo apremia: si no se actúa rápido, las intenciones de siembra podrían truncarse y comprometer la próxima cosecha fina.
