La muerte de Eduardo de Zavalía, a los 91 años, dejó un fuerte vacío en la dirigencia del campo argentino y reavivó la memoria sobre una gestión que marcó a la Sociedad Rural Argentina (SRA). Fue abogado, productor y dirigente que presidió la entidad entre 1990 y 1994, y su fallecimiento fue recibido con pesar por instituciones y productores.
Nacido el 28 de agosto de 1935, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1959 y combinó su ejercicio profesional con la producción agropecuaria en 25 de Mayo. Estuvo casado con María Lucrecia Álvarez y tuvo dos hijos, Eduardo y Tomás, según recuerdan quienes lo conocieron.
Su trayectoria institucional fue amplia: presidió la Asociación de Criadores de Holando Argentino (ACHA), fue vicepresidente de la SRA, integró comisiones de IDEA, FIEL y la Bolsa de Cereales, y ocupó cargos en organismos internacionales del sector. También formó parte de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa y Presidió esa institución en 2001, consolidando una carrera que atravesó lo productivo, lo académico y lo gremial.
En el plano académico fue profesor titular de Derecho Civil III en la Universidad de Morón entre 1963 y 1980 y recibió el título de Doctor Honoris Causa en 1996; además asesoró en el área lechera de la Secretaría de Agricultura entre 1977 y 1981. Esa combinación de formación jurídica y conocimiento productivo fue clave para su perfil público y para la influencia que luego ejerció en la dirigencia rural.
El predio de Palermo: decisión institucional y conflicto judicial
El capítulo quizás más emblemático de su presidencia fue la operación por el predio de Palermo, realizada durante el gobierno de Carlos Menem y que, con el tiempo, se convirtió en un hito para la SRA por su impacto patrimonial y simbólico. Esa decisión generó fuertes controversias y derivó en una causa judicial que puso en el centro la administración institucional y la transparencia de la entidad.
De Zavalía fue denunciado penalmente junto con su secretario de entonces, Juan Ravagnan, aunque ambos fueron sobreseídos en 2019, cuando la Justicia confirmó la legalidad de la compraventa y la vigencia de los derechos de la SRA sobre el inmueble. Tras la resolución, la entidad celebró la sentencia y afirmó que “no hubo acto de corrupción alguno” en la operatoria, cerrando una disputa que se extendió por décadas.
Quienes lo trataron en la dirigencia recuerdan a De Zavalía por su lucidez y su capacidad analítica, más que por una pertenencia a la estructura tradicional de Palermo. Enrique Crotto, su vicepresidente en la gestión 1990-1994, subrayó su conocimiento técnico en economía y derecho y lo definió como una figura con “gran capacidad de deducción” que supo delegar la conducción del símbolo institucional mientras se ocupaba de los asuntos técnicos.
Su vínculo con la lechería fue otro rasgo central de su obra pública: participó activamente en asambleas y foros internacionales, promovió cambios estatutarios en ACHA y lideró la compra de la sede de esa entidad para fortalecer la representación de los criadores del interior. Máximo Russ y otros referentes de la actividad lo recuerdan como un interlocutor dialoguista y componedor dentro del gremialismo rural.
Legado público y reclamos históricos
En lo económico fue un crítico persistente de la presión impositiva sobre el campo; ya en 1990 alertaba sobre el impacto de las retenciones y del impuesto al gasoil en la rentabilidad de los productores. Para De Zavalía, esas cargas se traducían en un freno a la producción y reclamaba medidas que alivien el margen de los tamberos y productores en general.
Más allá de las polémicas y los reconocimientos, su despedida pública por parte de la SRA subrayó el lazo vital entre su vida profesional y la defensa de la producción agropecuaria en la Argentina. El recuerdo que queda es el de un dirigente que combinó formación jurídica, sensibilidad productiva y un estilo de liderazgo técnico, rasgos que seguirán siendo referencia en la discusión sobre la gobernanza del campo.
El fallecimiento de De Zavalía reabre debates sobre la memoria institucional y la gestión de activos estratégicos, pero también invita a valorar la vocación productiva típica de los productores que siguen en el territorio. En ese plano, sus palabras históricas sobre la necesidad de que el productor pueda obtener rentabilidad resuenan como llamado vigente para quienes diseñan políticas públicas y para la propia dirigencia rural.
