La Policía de Uruguay inició investigaciones para identificar a los responsables de la ola de amenazas de bomba y violencia contra centros comerciales y educativos que resultaron falsas, pero sembraron miedo en los últimos días.
“Este tipo de investigación tiene su tiempo”, señaló el director de la Policía Nacional, José Azambuya, en conferencia de prensa.
Las amenazas llevaron incluso a la suspensión de las clases en la estatal Universidad de la República, cuyas instalaciones debieron ser evacuadas tras la llegada de un correo electrónico en el que una persona amenazaba con concretar una “masacre”.
Otras amenazas fueron dirigidas contra tres de los principales centros comerciales de Montevideo, que también terminaron evacuados, recordó la agencia de noticias Xinhua.
LA PISTA DEL ULTRAVIOLENTO GRUPO 764
Una pista orientó las pesquisas hacia el accionar del grupo ultraviolento 764, de acuerdo con un informe del sitio Newsweek Argentina.
Un individuo se identificó como “Marcos Barber, del grupo 764”, una temida organización internacional dedicada principalmente a la explotación infantil.
“Trataré de matar a la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Además transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado”, decía el texto que se atribuyó el mencionado sujeto.
Lo acompañó con armas de fuego y balas qué formaban el número 764.
A comienzos de marzo, el FBI emitió una advertencia sobre “un fuerte aumento en la actividad de ‘764’ y otras redes violentas en línea que operan en Estados Unidos y en todo el mundo”.
La agencia estadounidense define a este grupo como “una red de extremistas violentos en línea que cometen delitos dentro de los Estados Unidos y en el extranjero, con fines políticos, sociales o religiosos que se derivan principalmente del odio a la sociedad en general y del deseo de provocar su colapso sembrando el caos, la destrucción y la inestabilidad social de forma indiscriminada”.
Estas redes “atacan y explotan metódicamente a menores y otras personas vulnerables” utilizando “amenazas, chantaje y manipulación para coaccionar o extorsionar a las víctimas para que produzcan, compartan o transmitan en vivo actos de autolesión, crueldad animal, actos sexualmente explícitos o suicidio”, explicó la mencionada agencia.
