Un proyecto impulsado por los diputados Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, del PRO, consiguió el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados y reunió 41 firmas adherentes.
La iniciativa, que endurece las penas por vandalismo rural, avanzó esta semana con dictamen favorable en comisión de la Cámara de Diputados.
La Fundación Barbechando, que monitorea temas agropecuarios en el Congreso, explicó que en la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería se avanzó en una reforma del Código Penal.
Con el dictamen cumplido, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto para buscar su media sanción.
Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura y autor de la iniciativa, sostuvo que es necesario terminar con una “visión urbanística del Código Penal” que, dijo, generó abandono y desprotección del interior.
El diputado agregó que el ingreso no autorizado, sobre todo en horario nocturno o sin un fin específico, constituye un riesgo aún cuando no se constate otro delito posterior.
En ese sentido remarcó que tipificar como delito esa conducta —“sin crear una nueva figura”, según sus palabras— impide relegarla al ámbito impreciso de las contravenciones locales.
El respaldo público de organizaciones como Barbechando destaca que la norma sería “un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo” y para dar seguridad a la producción.
Qué propone el proyecto
En materia de intrusión rural, la iniciativa establece penas de 1 mes a 1 año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
En el capítulo de daño agravado, se prevén penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el monto del daño por destruir o perjudicar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados y otra infraestructura productiva.
Desde Barbechando plantean que la afectación no debe medirse solo por el costo de reposición, sino por la función que esos bienes cumplen dentro de un sistema productivo interdependiente.
También advierten que las condiciones estructurales del entorno rural —como grandes distancias, caminos en mal estado, falta de cobertura telefónica e internet y la lejanía de las fuerzas de seguridad— agravan la vulnerabilidad.
Los impulsores subrayan además la inconsistencia legal entre la inviolabilidad del domicilio urbano y la ausencia de un trato equivalente para el límite rural marcado por una tranquera o un alambrado.
El proyecto remarca que la realidad del campo es diversa: no es lo mismo producir en la Pampa Húmeda que en zonas de frontera agrícola o en provincias como Santiago del Estero, Corrientes, Salta o la Patagonia.
Para la Fundación Barbechando, “no alcanza con reaccionar ante cada hecho”: hacen falta normas de largo plazo que brinden seguridad a quienes producen y a las comunidades rurales.
Con el dictamen positivo en comisión, el próximo paso es la discusión en el recinto de Diputados, donde la iniciativa buscará la media sanción antes de pasar al Senado.
La tramitación será seguida de cerca por productores, entidades rurales y legisladores de distintas bancadas, ya que la medida mezcla seguridad, derecho agrario y políticas públicas para el interior.
