La Red de Excarcelados por la Democracia presentó formalmente ante funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas una denuncia por la “aplicación selectiva y arbitraria” de la norma.
Los ex presos políticos señalan que los tribunales superan sistemáticamente el plazo legal de 15 días para resolver las solicitudes y las rechazan sin motivaciones claras ni criterios transparentes.
El periodista y exdetenido Carlos Julio Rojas denunció una “selectividad perversa”, al afirmar que los mismos jueces que dictaron las condenas originales son los que ahora deciden sobre las amnistías. “No existen parámetros objetivos y muchas liberaciones solo benefician a personas que ya estaban en libertad con medidas cautelares”, denunció.
Foro Penal, entretanto, ha documentado que después de dos meses de aprobación de la ley, 485 presos políticos aún están en cárceles venezolanas.
A pesar de las miles de resoluciones formales anunciadas por el Gobierno interino, más de 8.000 según voceros oficiales, la ONU ha solicitado mayor transparencia y celeridad en el proceso para garantizar que la ley se aplique de forma efectiva, imparcial y sin discriminación.
Inicialmente, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas por parte de tropas estadounidenses, la presidenta interina Delcy Rodríguez remarcaba la tesis de una convivencia nacional. Incluso su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, prometió excarcelación total de los presos políticos.
Con el paso de las semanas, en la presidenta interina pasó a tener más peso el tema de la estabilización económica. (ANSA).
