El arribo de 100 camiones con soja al complejo agroindustrial de Vicentin, en San Lorenzo, marca un nuevo capítulo en la prolongada crisis de la firma. La operación, que implica el ingreso de mercadería valuada en casi dos millones de dólares, forma parte de un acuerdo entre proveedores, el gobierno santafesino y el sector gremial para mantener activas las plantas mientras la justicia avanza con el proceso de cramdown, una herramienta inédita en el país por el volumen económico que representa.
En paralelo al movimiento de camiones, las autoridades provinciales confirmaron que las plantas de Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo siguen operativas. Allí se procesa granos a fasón, es decir, por cuenta de terceros, en un esquema que busca mantener las fuentes laborales mientras se define el futuro legal y comercial de la firma que fuera una de las principales exportadoras del país.
“Nuestra prioridad era poner en marcha las plantas y poder mantener las fuentes de trabajo hasta que se resuelva la cuestión judicial”, explicó el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, en declaraciones a La Nación.
Según explicó el funcionario, “se trabaja con los contratos de fasón vigentes, y en Ricardone se van a sumar otros actores”. Mientras tanto, en San Lorenzo comenzaron los trabajos de mantenimiento para poner en marcha la molienda de soja en las próximas semanas. Aunque aún no se han firmado todos los contratos, Báscolo sostuvo que una vez formalizados se garantizaría la continuidad productiva por al menos seis meses, lo que permitiría sostener los empleos actuales.
El acuerdo de fasón y el riesgo de la deuda
El acuerdo alcanzado días atrás contempla el procesamiento de 500.000 toneladas de granos, lo que permitiría sostener la actividad productiva y los salarios de los trabajadores. Este entendimiento involucra a la intervención judicial, al Ministerio de Trabajo de la Provincia, al gremio aceitero y a varios proveedores de granos que aceptaron participar del esquema.
No obstante, la resolución judicial que habilita el cramdown plantea interrogantes sobre la continuidad del acuerdo. El propio ministro reconoció que “sigue siendo un riesgo latente la deuda posconcursal de Vicentin, que ya supera los 30 millones de dólares”. Pese a ello, afirmó que la nueva etapa legal no afecta el funcionamiento operativo de la firma por el momento.
Desde el sector gremial, Leandro Monzón, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los departamentos General Obligado y San Javier, destacó que los trabajadores están en alerta pero confiados: “Esto no modifica nada lo de los fazones. Estamos esperando saber cómo sigue todo”.
El dirigente también confirmó que este martes se depositó el 40% de los sueldos de abril y se espera el pago del saldo restante y del adicional no remunerativo pactado con la Federación Aceitera.
Un proceso judicial inédito por su volumen
La situación judicial de Vicentin entró en una nueva fase tras la decisión de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que ratificó el fallo del juez Fabián Lorenzini, de Reconquista. En septiembre de 2023, Lorenzini había rechazado homologar la propuesta de acuerdo presentada por la empresa para cerrar su concurso preventivo iniciado en 2020, al considerar que no contaba con el respaldo suficiente de los acreedores.
La resolución judicial confirmó el inicio del cramdown, una instancia legal contemplada en la Ley de Concursos y Quiebras, pero raramente utilizada en el país. El procedimiento abre la posibilidad a que terceros presenten propuestas para hacerse cargo de la empresa y evitar así su liquidación, siempre y cuando logren el aval de una mayoría de acreedores.
En este sentido, ya se habían conocido interesados en entrar en la empresa como posibles nuevos controlantes, aunque sin una definición concreta. Desde el ámbito gremial, Monzón remarcó que “varios oferentes querían entrar”, y que ahora resta ver cómo impacta esta etapa en la gestión operativa del grupo.
Mientras tanto, los trabajadores continúan desempeñando tareas y sostienen la expectativa de que el proceso derive en una solución de fondo para la empresa y sus empleados.
“Ojalá que el período de salvataje salga bien y sigamos teniendo trabajo. Esta incertidumbre lleva más de cinco años”, resumió Monzón.
Vicentin, símbolo de una crisis sin resolver
Vicentin entró en concurso de acreedores en febrero de 2020, luego de declarar un default por US$1.350 millones, lo que desató una crisis económica, política y judicial sin precedentes en el sector agroexportador argentino. Desde entonces, los intentos de encontrar una salida consensuada con los acreedores fracasaron en múltiples instancias, incluyendo el fallido intento de intervención estatal durante la presidencia de Alberto Fernández.
La firma fue durante años una de las principales exportadoras de granos, aceites y subproductos del país, con una importante red industrial en Santa Fe. Hoy, bajo intervención judicial y con múltiples causas abiertas, busca mantenerse operativa mediante contratos a fasón, con la mira puesta en sostener los empleos y reactivar parcialmente su infraestructura.
A pesar de la parálisis financiera, el movimiento logístico registrado esta semana con la llegada de los 100 camiones a San Lorenzo representa un paso concreto para sostener la actividad. El ingreso de soja no solo permite mantener las plantas en funcionamiento, sino que también representa una bocanada de oxígeno para cientos de trabajadores que llevan años sin certezas.
Mientras la justicia avanza con el cramdown y se espera conocer si habrá oferentes formales que intenten quedarse con la firma, Vicentin sigue funcionando, en medio de tensiones judiciales, esfuerzos políticos y acuerdos laborales delicados.
