La empresa agroexportadora Vicentin presentó este miércoles las conformidades para alcanzar la mayoría de capital que exige la Ley de Concursos y Quiebras (CQ) con el fin de avanzar en su concurso de acreedores y pidió la homologación del acuerdo, aunque el expediente está desde el 16 de junio en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

La firma ya había alcanzado la mayoría de personas –con unos mil acreedores que suscribieron los acuerdos- y, al alcanzar este miércoles las de capital, solicitó la homologación al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que fue desplazado de la causa por el máximo tribunal provincial.

“Confiamos que prontamente este suceso cuente con la necesaria homologación judicial, que permita asimismo instrumentar, de manera inmediata, los primeros pagos comprometidos en la propuesta”, sostuvo Vicentin en un comunicado difundido esta tarde.

Pero el expediente del concurso no está en manos del juez civil y comercial de Reconquista, Lorenzini, sino del presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, quien el 16 de junio firmó un decreto de avocamiento al caso y le pidió al magistrado que le remita los cuerpos de la causa principal.

Los apoderados de Vicentin SAIC presentaron el lunes ante la Corte un escrito en el que rechazan el avocamiento y piden que el expediente vuelva al juez del concurso.

“Pretendemos que no se haga lugar al pedido de avocamiento y se retome los autos a la instancia que corresponde porque no hay norma legal que autorice a la Corte a sustraer el expediente”, dijo hoy en declaraciones radiales el abogado constitucionalista Maximiliano Toricelli, que junto a Ricardo Gil Lavedra fueron contratados por la agroexportadora.

Ante el planteo de Vicentin, el acreedor que solicitó el avocamiento de la Corte, Commodities SA –del grupo Grassi- tiene plazo hasta el viernes para responder y luego el máximo tribunal debe resolver cómo continúa el proceso, dijeron a Télam fuentes judiciales.

El decreto firmado por el titular de la Corte provincial, además de solicitarle a Lorenzini la remisión del caso, suspendió los plazos procesales del concurso.

De acuerdo al cronograma del proceso, Vicentin tenía plazo hasta mañana –cuando vencía el período de exclusividad- para presentar las conformidades, tanto de capital como de personas, y evitar así el camino del salvataje o la quiebra de la empresa.

Por eso presentó hoy los acuerdos que le restaba, relativo al porcentaje mínimo de capital exigido por la LCQ, a pesar de que los plazos fueron suspendidos por la Corte y el juez ya no tiene el expediente.

En el comunicado, la agroexportadora expresó que “con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado”.

La novedad es que el pool de bancos internacionales acreedores de Vicentin –por un monto cercano a los U$S500 millones- brindaron su conformidad a la propuesta de pago de la concursada.

“Este hecho se suma a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año”, sostuvo hoy la compañía.

Además, agregó que “de esta manera, la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores alcanzando ambas mayorías y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario y que ha sido entendida por los actores bienintencionados, vinculados con el proceso concursal, como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales, en un contexto país sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios”.

Más allá del planteo de la compañía, lo concreto es que la continuidad del proceso está en manos de la Corte Suprema santafesina, que deberá resolver qué hace con el concurso de Vicentin, al que se avocó tras el planteo de Commodities SA acerca de presuntas irregularidades por parte del juez Lorenzini.

Particularmente, los abogados de Commodities SA cuestionaron la venta de las acciones que Vicentin aún mantiene en Renova –la mayor planta de molienda de soja del mundo- a su socio Viterra, por lo cual recientemente fue imputado en libertad el presidente del directorio de la aceitera, Omar Scarel, por desobediencia judicial.

Dos jueces rosarinos, que investigan presuntas estafas de Vicentin en el marco de su cesación de pagos previa al concurso, habían prohibido a la empresa enajenar bienes o acciones que tuviera en otras firmas.

Scarel pactó el 28 de abril pasado con Viterra (exGlencore) la venta del 33% de las acciones que Vicentin conserva en Renova, por un monto de U$S310 millones, para volcarlos a la propuesta de pago de los acreedores del concurso.

Mientras los directivos de la firma presentaron hoy las conformidades –a pesar de que los plazos procesales están suspendidos-, el Banco Nación, que es el principal acreedor individual del concurso con casi U$S300 millones, hizo saber que se inclina por la vía del cram down o salvataje, mediante la capitalización de sus créditos en forma coordinada con otros acreedores.