Durante una cumbre realizada en Uruguay, el Gobierno justificó el cobro del peaje en la Hidrovía del río Paraná, cuya existencia motivó tensiones en el Mercosur, principalmente con Paraguay.
Días después de una reunión del Comité Nacional de Hidrovía, el canciller paraguayo Rubén Ramírez anunció que su gobierno tomó la decisión de recurrir al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para frenar el cobro del peaje por parte de la Argentina, pero el proceso se encuentra hoy en conversaciones directas.
Asimismo, advirtió que “no nos vamos a reservar ninguna de las medidas posibles para poder llegar a resolver este propósito”.
El canciller convocó al embajador argentino Domingo Peppo para comunicarle una protesta ante la retención “arbitraria, injustificada” y que viola la misma legislación de su país, que establece que las intervenciones y los embargos no se pueden realizar cuando la embarcación está cargada y lista para zarpar.
Las fuentes diplomáticas nacionales advirtieron que el cobro de una tasa por el tránsito en el tramo “no significa un retroceso a los avances alcanzados para facilitar el transporte comercial, favorecer el desarrollo y eficiencia de la navegación y no socava el sistema de la hidrovía Paraná-Paraguay”.
Durante la última reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, celebrada el pasado 30 de agosto, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay reiteraron a la Argentina la solicitud de suspender la aplicación de las restricciones y de las resoluciones 625 y 1023, del año 2022, del Ministerio de Transporte de la Argentina.
Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay expresaron su malestar con la Argentina por el cobro de peaje a las embarcaciones que se trasladen por la Hidrovía Paraguay-Paraná, al tiempo que solicitaron la suspensión de ese canon y que el país “se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas”.
