Los caminos rurales en Buenos Aires, fundamentales para el transporte agrícola y la vida en las zonas rurales, enfrentan un deterioro alarmante. A pesar de los fondos públicos que deberían destinarse a su mantenimiento, el 58% de estos caminos se encuentran en condiciones “regulares” o “malas”.
En el reciente 4° Simposio de Caminos Rurales, celebrado en Tres Arroyos, productores y representantes del sector rural exigieron respuestas concretas y la creación de un organismo de control para asegurar que los recursos se destinen realmente a la red vial. ¿Por qué los caminos rurales siguen siendo un problema estructural y qué soluciones se están proponiendo?
La realidad de los caminos rurales y su impacto en el agro
Los caminos rurales no son solo vías de tránsito: para los productores agropecuarios, representan una conexión crucial para transportar sus cosechas, recibir insumos y movilizarse hacia servicios esenciales. Sin embargo, la situación actual es insostenible, con más de la mitad de la red vial de Buenos Aires en mal estado, según un relevamiento reciente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
“Cada vez que llueve, los caminos se vuelven intransitables y quedamos prácticamente aislados”, explica Luis González, productor de maíz en Chacabuco. “Esto afecta la producción, encarece los costos de transporte y nos hace menos competitivos”.
Los productores coinciden en que el mal estado de los caminos los obliga a incurrir en mayores gastos, ya sea en el mantenimiento de sus vehículos o en el alquiler de transporte especializado para poder sacar la cosecha en épocas críticas.
Para las familias que viven en zonas rurales, el deterioro de los caminos también impacta su calidad de vida. “Cuando los caminos están intransitables, se limita el acceso a servicios básicos como salud y educación”, comenta Carmen Martínez, residente de General Villegas. Estas dificultades son constantes y se ven agravadas durante el invierno y en periodos de fuertes lluvias, afectando tanto a los productores como a las comunidades que dependen de estos caminos.
Transparencia y rendición de cuentas: una exigencia del agro
En el simposio, uno de los principales reclamos fue la necesidad de garantizar que los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales realmente lleguen a su destino. Según la ley 13.010, el 12% de lo recaudado a través del impuesto Inmobiliario Rural debería invertirse en la red vial. Sin embargo, los productores denuncian que los municipios no están cumpliendo con esta asignación.
“El dinero está, pero los caminos siguen igual. Queremos saber a dónde va ese dinero y por qué no se están haciendo las obras necesarias”, sostuvo Roberto Cittadini, dirigente de CARBAP. Desde la entidad reclaman la creación de un ente fiscalizador conformado por representantes del sector rural y del gobierno provincial, que pueda auditar los recursos y verificar que se utilicen para el mantenimiento de los caminos.
Este reclamo no es nuevo. Años atrás, el sector ya había advertido sobre el desvío de fondos en algunos municipios, que destinan los recursos a otros proyectos y dejan la red vial en segundo plano. La falta de transparencia en la administración de estos fondos ha generado un clima de desconfianza entre los productores, quienes sienten que los impuestos que pagan no se reflejan en mejoras concretas.
La experiencia de Tres Arroyos: un modelo de gestión para toda la provincia
A pesar del panorama general, en Tres Arroyos se implementó un modelo de gestión de caminos que ha logrado buenos resultados. En esta localidad, el Ente Vial trabaja en conjunto con los productores locales para mantener la transitabilidad de la red durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.
Martín Maldonado, director del ente, explicó que el sistema de mantenimiento constante permite evitar la acumulación de problemas y mantener los caminos en buen estado.
“El trabajo aquí es constante, no esperamos a que los caminos se deterioren. Tenemos un plan de mantenimiento que incluye tanto el mejoramiento de la red como la realización de obras de infraestructura”, indicó Maldonado. Este modelo ha sido destacado en el simposio como una posible solución para el resto de la provincia, ya que demuestra que con una administración eficiente y colaboración entre el municipio y los productores, es posible mantener la red vial en condiciones aceptables.
Un costo económico que afecta a todos
El mal estado de los caminos rurales tiene un impacto económico que va más allá del sector agropecuario. Según un informe de CARBAP, el incremento de los costos de transporte debido a los caminos en mal estado puede elevarse hasta un 30%. Esto no solo afecta a los productores, sino que se traslada al precio final de los productos, generando un aumento en los costos de alimentos y productos agrícolas que también repercute en los consumidores.
“El deterioro de los caminos rurales encarece todo el sistema de producción y transporte. En última instancia, estos costos adicionales terminan pagándolos los consumidores”, explica Jorge Ruiz, economista del sector agropecuario. La falta de inversión en infraestructura vial afecta tanto a la competitividad del agro en el mercado interno como a su capacidad para competir en el mercado global, ya que aumenta el costo de los productos en todas las etapas de la cadena de suministro.
La necesidad de un compromiso a largo plazo
El sector agropecuario espera que, en el próximo simposio, las autoridades provinciales y nacionales se comprometan a garantizar la inversión necesaria y establezcan un plan de infraestructura que contemple el mantenimiento de los caminos rurales a largo plazo. Con una red vial en condiciones, se podría no solo mejorar la eficiencia del agro, sino también potenciar la vida y el desarrollo en las zonas rurales.
Los productores y habitantes rurales están pidiendo algo fundamental: caminos que no se hundan bajo la lluvia, que no requieran reparaciones costosas cada año y que les permitan trabajar y vivir dignamente. A medida que crece el reclamo y el descontento, el futuro de los caminos rurales parece estar en manos de las decisiones políticas y de un cambio en la administración de los fondos destinados al agro.
