El reporte dio cuenta de un total de 318 ataques este año con esos aparatos pilotados a distancia, 8,2 por semana.
Cada 20 horas se registra en el país un ataque contra la fuerza pública mediante el uso de drones adaptados con explosivos por parte de los grupos armados ilegales, señaló un informe elaborado por la oenegé Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El 71% de esos ataques se han concentrado en los departamentos de Cauca (suroeste), Chocó (noroeste), Valle del Cauca (suroeste) y Norte de Santander (noreste); el 95% de ellos atribuidos a las disidencias del Estado Mayor Central EMC (72%), la principal disidencia de las FARC, y el ELN (23%).
Precisó que desde 2023 hasta el pasado 1 de octubre los militares han contabilizado 716 ataques con este tipo de aparatos, lo que ha desequilibrado la confrontación armada interna, con una ventaja para grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc.
El informe de la FIP precisó que el primer ataque con drones contra los militares se registró en julio de 2023 en el departamento del Putumayo (sur), por parte de las disidencias conocidas como los Comandos de la Frontera. Desde entonces se han registrado 119 ataques en 2024 y 277 el año pasado.
Al menos 487 personas han resultado afectadas por cuenta de ataques con drones desde 2024, de ese total, seis civiles han sido asesinados y 55 más han resultado heridos, mientras que la fuerza pública ha visto caer a 25 de sus hombres y 401 más fueron heridos.
Los drones iniciales eran importados de Estados Unidos, China y Rusia y estaban destinados a otro tipo de actividades, pero fueron adaptados para la confrontación interna. Con la guerra en Ucrania se amplió la oferta global de estos aparatos y los grupos armados locales los adquirieron a través de Venezuela y ahora ellos mismos los fabrican y los adaptan de acuerdo con el uso que les quieran dar.
La investigación sostuvo que las organizaciones armadas ilegales han avanzado en el uso de este tipo de aparatos de manera que han acudido al empleo de drones con fibra óptica, que transmiten la señal por un cable, de manera que no pueden ser detectados ni neutralizados con inhibidores.
Mientras el Estado activó hasta 2025 el primer Batallón Antidrones y este año se presentó el proyecto Escudo Nacional Antidrones, cuyo valor se estima en unos 2.000 millones de dólares, y su primera fase está en desarrollo; las disidencias del EMC se vanaglorian, de acuerdo a mensajes detectados por las tropas, de construir sus propios aparatos a un costo menor de 1900 US$, con la posibilidad de cargar hasta seis libras de explosivos.
“Según se ha documentado, el ELN y las disidencias enviaban personal a formarse en Venezuela, pero hoy lo hacen en Colombia, en escuelas propias de “droneros”. Algunos recurren a academias legales y se cree que han contratado a instructores que regresaron de Ucrania o enviado gente a entrenarse en ese país”, detalló el reporte.
Los drones permiten a las guerrillas ejercer vigilancia sobre las tropas y la población civil, les sirven de centinelas de sus propios campamentos y la formación de operadores de estos aparatos tiene un menor costo y es más rápida que adiestrar a un combatiente.
El Ejecutivo ordenó este año que el ingreso de ese tipo de aparatos al país solo se puede hacer por el puerto de Cartagena de Indias y por Bogotá, mientras que los drones no son considerados armas prohibidas por tratados internacionales, detalló el reporte a partir de información del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La presencia de estos aparatos en las regiones donde estos grupos están presentes les ha permitido hasta ahora reforzar su control territorial, al tiempo que generan temor entre la población civil que se ha visto sometida a desplazamiento forzado, confinamiento y control por parte de esas organizaciones, advirtió el reporte. (ANSA).
