El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidió al Senado que avance de manera urgente con la aprobación de una ley para regular el mercado de carbono, tras el dictamen de comisión firmado la semana pasada.
La solicitud plantea la ley como un paso clave para dar previsibilidad e integridad a operaciones que hoy se limitan en gran parte a mercados voluntarios.
El CAA sostiene que reglas claras permitirán captar entre U$S 1.400 y U$S 3.900 millones anuales y apalancar más de U$S 2.000 millones en inversiones territoriales en el mediano plazo.
Esos montos convierten al carbono en una potencial fuente de divisas para el sector agroindustrial y en un incentivo directo para prácticas productivas sustentables.
El llamado del Consejo no sólo apunta a beneficios económicos, sino a garantizar la titularidad de los créditos y el respeto al federalismo ambiental.
La iniciativa busca además evitar trabas burocráticas y facilitar la vinculación con mercados internacionales regulados.
Por qué regular el mercado de carbono
Para el CAA, la agroindustria argentina tiene ventajas diferenciales por el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón.
Sin embargo, esas ventajas necesitan previsibilidad e institucionalidad legal para convertirse en inversión y empleo genuino en las zonas rurales.
Hoy el país cuenta con más de 40 proyectos en ejecución que operan casi exclusivamente en mercados voluntarios, lo que limita su escala y precio.
El vínculo normativo con mecanismos como el Artículo 6 del Acuerdo de París y CORSIA podría duplicar la cantidad de desarrollos en el corto plazo y permitir cotizaciones por tonelada de CO2 que triplican los valores actuales.
Ese salto tendría impacto directo sobre ingresos rurales y la decisión de productores por adoptar prácticas de captura y secuestro de carbono.
En términos prácticos, la regulación busca transformar acciones agropecuarias medibles en activos comerciales con reglas claras sobre propiedad y comercio.
Beneficios, reglas clave y posiciones del sector
El proyecto de ley que respalda el CAA consagra la titularidad de los créditos a favor de los titulares de los proyectos y protege el dominio originario de los recursos.
Además, incluye estabilidad fiscal por 10 años, exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional (ReNaRe) ágil, gratuito y declarativo para evitar la doble contabilización.
La propuesta busca que el registro no se convierta en una “aduana regulatoria”, permitiendo canalizar financiamiento climático sin trabas administrativas que frenen la integración al mercado global.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) coincidió en defender que “el bono de carbono es de quien lo genera”, postura que subrayó en un plenario en el Senado donde reclamó la titularidad para el productor.
Ese principio resulta clave para asegurar que los incentivos lleguen a quien invierte en prácticas sostenibles y asume los riesgos productivos.
La claridad sobre titularidad y beneficios fiscales puede acelerar la adopción de proyectos y mejorar la oferta argentina en mercados internacionales.
Integridad, estándares internacionales y pasos pendientes
El CAA enfatiza la necesidad de actualizar la agenda climática soberana mediante la presentación de la NDC 3.0 ante la ONU y la consolidación del Inventario Nacional de GEI.
Esos instrumentos son indispensables para dar validez técnica a las certificaciones nacionales y para acceder a mecanismos del Artículo 6, incluidos los ITMOs.
Sin marcos de acreditación y un inventario robusto, los proyectos locales pueden quedar fuera de esquemas como CORSIA o enfrentar cuestionamientos de integridad ambiental.
Por eso el Consejo reclama que la regulación se complemente con metas de reducción transparentes y estándares de medición y verificación aceptados internacionalmente.
El argumento final del sector es claro: regular el mercado de carbono no es sólo ambientalismo, sino una herramienta para monetizar buenas prácticas y generar divisas.
El llamado al Senado es urgente y busca transformar la captura de carbono en un motor de inversión rural que acompañe la transición productiva del país.
