Argentina renueva su marco de biocombustibles: qué cambia, cómo impacta y qué queda pendiente
Hace veinte años que la Argentina regula la producción y uso de biocombustibles: la Ley 26.093, sancionada en 2006, marcó el inicio de un mercado que desde entonces busca equilibrar la producción agroindustrial con objetivos ambientales y energéticos. En 2021 se aprobó una modificación que ajustó los pisos de mezcla obligatoria, y ahora el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) impulsa una nueva ley que propone cambios estructurales en la regulación, la comercialización y el rol del Estado.
Antecedentes y propósito del nuevo marco
La iniciativa, impulsada en el Senado por la exministra Patricia Bullrich y respaldada por la gestión de Javier Milei, llega con el argumento de actualizar una normativa que, según sus promotores, se volvió obsoleta y limitó el desarrollo del sector. El objetivo declarado es insertar a la Argentina en el mercado global con reglas claras, previsibilidad y mayor libertad contractual, promoviendo inversiones, empleo regional y mayores exportaciones.
Principales novedades
– Vigencia y alcance: la propuesta aspira a un marco de 15 años y declara de interés público todas las actividades vinculadas a la elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles.
– Eliminación del precio regulado: desaparece el régimen por el cual la Secretaría de Energía fijaba precios para biodiésel y bioetanol. En su lugar se plantea un Mercado Electrónico donde elaboradores y mezcladores (principalmente petroleras) ofertarán en un sistema administrado por un organismo independiente.
– Libre mercado y límites: aunque se mantienen cortes obligatorios en naftas y gasoil, la comercialización y fijación de precios pasarían a la competencia, con medidas para evitar que los precios internos superen la paridad de importación.
– Nuevos combustibles y bioenergía: la ley habilita la inyección de biometano en redes de gas y la comercialización de Combustibles de Aviación Sostenible (SAF). Estos no estarían sujetos a cortes obligatorios, sino a la demanda del mercado.
– Flex fuel y surtidores específicos: se reconoce y facilita la circulación de vehículos “flex” que pueden usar mezclas de biocombustible superiores a los mínimos, y permite estaciones con surtidores exclusivos de biodiésel o bioetanol.
Cortes obligatorios: cronograma y composición
Uno de los puntos más sensibles para la industria y los consumidores es el cronograma de mezcla en combustibles fósiles:
– Gasoil: un piso inicial obligatorio del 7,5% de biodiésel por litro, que se elevará al 10% después de 12 meses desde la sanción de la ley.
– Naftas: un corte obligatorio del 12% en primera instancia, que aumentará al 15% al cabo de un año. La ley asegura un mínimo del 6% para bioetanol de caña de azúcar y 6% para bioetanol de maíz; el resto del porcentaje no estaría sujeto a restricciones sobre su materia prima.
Mercado Electrónico y reglas de transparencia
La propuesta representa un cambio de paradigma: pasar de un sistema estatal de asignación de cupos y precios a un mercado competitivo y transparente. El Mercado Electrónico sería administrado por un organismo independiente y funcionaría como plataforma para que productores y mezcladores realicen ofertas públicas de compra y venta. Además:
– Se establece un mecanismo para fijar precios máximos basados en la paridad de importación, calculada con fuentes internacionales reconocidas.
– La intención es que la competencia y la eficiencia reduzcan la huella de carbono y limiten la exposición de los precios locales a la volatilidad internacional de los hidrocarburos.
Transición y protección de PYMES
Para mitigar el impacto de una apertura del mercado, el proyecto contempla un Período de Transición hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante ese lapso:
– Se aplicarán cuotas destinadas a proteger a las PYMES “no integradas” (empresas que no controlan toda la cadena, desde aceites vegetales hasta biodiésel). Estas pymes tendrían asegurado un porcentaje del corte que comienza en 7,5% y se reduce gradualmente hasta 3% en 2030.
– Se formaliza la distinción entre empresas “Integradas” (que también producen aceites vegetales) y “No Integradas”, con reglas específicas para su participación en el mercado interno.
– Se autoriza el co-procesamiento de materias primas no fósiles en refinerías, permitiendo a las petroleras computar ese proceso como parte del cumplimiento del corte obligatorio de biodiésel.
Reacciones del sector aceitero y riesgos señalados
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y representantes del sector han mostrado inquietudes y, al mismo tiempo, advertencias. En un mensaje público, su presidente Gustavo Idígoras comparó la prohibición actual de vender biodiésel de alta calidad internamente con “tener a Messi en el banco” en un momento de presión internacional por la suba del petróleo. El sector reclama abrir el mercado interno a plantas exportadoras de aceite y biodiésel para evitar importaciones costosas de gasoil y aprovechar la capacidad local.
Impactos esperados y puntos críticos
– Competitividad y precios: la liberalización promete mayor competitividad y señales de precios más alineadas con el mercado internacional, pero también puede elevar la presión sobre productores menos eficientes.
– Empleo y desarrollo regional: si se atraen inversiones, podría crecer la actividad en regiones productoras; la ley busca incentivar empleo regional y encadenamientos productivos.
– Sostenibilidad y nuevas tecnologías: la inclusión del biometano y SAF marca una apertura hacia combustibles con menor intensidad de carbono, aunque su despliegue dependerá de inversiones y demanda.
– Riesgo de concentración: la liberalización sin contrapesos podría favorecer a grandes jugadores integrados si las medidas de protección para PYMES resultan insuficientes o temporales.
Qué sigue en el proceso legislativo
El proyecto debe ser debatido y aprobado por el Congreso. En caso de sanción, las nuevas reglas establecerían un esquema de transición y un cambio estructural en la comercialización y en las obligaciones de mezcla. Quedan por definirse detalles técnicos del Mercado Electrónico, la metodología exacta para la paridad de importación, el régimen de cuotas y los incentivos para la producción de SAF y biometano.
Conclusión
La propuesta de LLA supone una reforma profunda del régimen de biocombustibles en Argentina: mantiene los cortes obligatorios pero cambia la forma en que se fijan y negocian precios, abre la puerta a nuevos combustibles y busca una mayor competitividad. La transición prevista intenta equilibrar la protección de PYMES y la integración de grandes productores, pero el resultado final dependerá de las reglas concretas que apruebe el Legislativo y de cómo se implemente el Mercado Electrónico. El debate continuará centrado en la tensión entre eficiencia de mercado, desarrollo industrial regional y objetivos ambientales.
