El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó una pregunta rotunda en la apertura del 5° Congreso Internacional del Maíz que reavivó el debate público: ¿por qué discutir tanto la regulación de los biocombustibles en un país que produce 70 millones de toneladas de maíz?
La consulta puso en foco una paradoja: mientras la campaña agrícola celebra una cosecha récord, persiste una discusión normativa que condiciona la industrialización y el agregado de valor del cereal.
La magnitud de la cosecha no es abstracta: Córdoba aporta alrededor de 23 millones de toneladas, es decir el 33 % de la producción nacional, y alberga plantas de bioetanol que generan la mitad de la oferta interna.
Ese dato convierte a la provincia en escenario natural del debate sobre el futuro del bioetanol de maíz y sobre la necesidad de políticas que fomenten tanto la exportación en grano como la industrialización doméstica.
Maíz, bioetanol y el inicio del Congreso
El acto de apertura del 5° Congreso Internacional de Maíz reunió a dirigentes, industriales y autoridades provinciales que coincidieron en la urgencia de abordar la ley que regula los biocombustibles.
Llaryora estuvo acompañado por su ministro de Bioagroindustria y otras autoridades y defendió la visión de que el nombre del ministerio refleja la misión de vincular producción agrícola, industria y cuidado ambiental.
El gobernador sostuvo que el camino puede ser replicar modelos internacionales y criticó que la discusión pública se concentre en el porcentaje de corte en lugar de impulsar una agenda de oferta y agregado de valor.
En paralelo, líderes del sector privado como Gustavo Idígoras, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, reclamaron la sanción definitiva de la ley de biocombustibles, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
Desde el auditorio se enfatizó que la normativa potenciaría la rentabilidad del productor y facilitaría la integración de cadenas para llegar a mercados exigentes en sustentabilidad.
Impacto ambiental y oportunidades de mercado
Un argumento recurrente fue el aporte ambiental del bioetanol: la producción genera burlanda, un subproducto de alto valor nutricional para la ganadería que ayuda a reducir emisiones.
Ese es un vector clave para acceder a destinos que exigen huellas de carbono más bajas, una ventaja competitiva que ya fue señalada en el contexto de la habilitación de Japón para la carne argentina.
Los oradores coincidieron en que sumar capacidad industrial no solo mejora precios locales sino que también permite ofrecer productos con mayor valor agregado y sostenibilidad comprobada.
En este marco, la discusión legislativa aparece como la palanca que puede transformar la abundancia de grano en más empleo, inversión y acceso a mercados premium.
El desafío político es que la Cámara de Diputados convierta en ley el proyecto que impulsa el sector, mientras que técnicos y empresarios redoblan la apuesta por inversiones en plantas y logística.
Si se avanza, la apuesta es clara: consolidar al maíz como motor de industrialización rural y herramienta para reducir la huella climática, sin renunciar a la ventana exportadora que hoy muestra el país.
