El conflicto entre la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Unión de Recibidores de Granos y Afines (Urgara) por la actualización salarial ya afecta la logística portuaria y la cadena de exportación agroindustrial.
La disputa, que estalló hace menos de una semana, concentra su impacto en el Puerto de Bahía Blanca y amenaza plazos de embarque clave para el sector agrícola.
Conflicto en Bahía Blanca
La CPPC denunció que el sindicato está incumpliendo la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y pidió sanciones ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
Según la entidad, esta falta de acatamiento dejó más de 400 camiones varados en las inmediaciones del puerto, con demoras que ya se traducen en cuellos de botella logísticos.
Urgara había anunciado un paro previsto para el 20 de agosto que fue levantado por la intervención de la autoridad laboral; sin embargo, la tensión se reavivó en la operativa diaria.
La CPPC formalizó una denuncia ante la directora Mara Mentoro, solicitando la urgente aplicación de medidas contra lo que calificó como una ruptura de la paz social.
Reclamo empresarial y horas extras
La cámara empresaria remarca que, aunque la realización de horas extra es opcional por ley, en la operativa agroexportadora funcionan como una práctica habitual bajo el régimen 24×365, esencial para mantener la fluidez del comercio exterior.
En ese marco, la negativa a cubrir vacantes o a rotar personal entre sectores habría desarticulado la logística de recepción y descarga en el complejo portuario afectado.
En la práctica, los delegados de Urgara informaron a las terminales su decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir reemplazos, según la versión empresarial.
Ese esquema operó como medida encubierta de fuerza que, según la CPPC, generó el congestionamiento y las demoras en el transporte terrestre vinculado a las exportaciones agroindustriales.
La propuesta salarial y su alcance
La CPPC sostiene que su oferta es «superadora» de los índices oficiales e incluye un aumento del 31,99 % (enero-diciembre de 2026) y una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para la 3a categoría, pagadera en dos cuotas consecutivas desde agosto.
La cámara afirma que ese esquema supera la inflación anual proyectada por el Gobierno y los organismos técnicos, estimada en 30,20 %, y busca recuperar poder adquisitivo acumulado en meses pasados.
Desde el sector empresarial advierten que la continuidad de la medida sindical afecta compromisos de embarque y la cadena logística completa, con impacto directo en productores y exportadores.
En este contexto, la CPPC reclama a la autoridad laboral la fiscalización del cumplimiento y la imposición de sanciones si Persiste la ruptura de la paz social.
Qué se juega y próximos pasos
Urgara no emitió una respuesta formal en esta ronda, aunque advirtió previamente que, si la cámara no recompone en 15 días, la medida puede volver a la mesa de presión gremial.
La resolución del conflicto determinará la capacidad de los puertos para sostener ritmos de descarga y embarque en un momento de alta demanda exportadora.
Para productores, transportistas y compradores internacionales, la prioridad es mantener la previsibilidad en plazos y costos de la cadena de suministro de granos y oleaginosas.
La evolución del procedimiento ante la Secretaría de Trabajo y las eventuales sanciones o acuerdos serán claves para medir el alcance real de las demoras en Bahía Blanca y otros puertos del país.
Seguiremos la negociación de cerca para informar cómo impacta en los cronogramas de cosecha, el movimiento de camiones y las ventas externas.
La solución requerirá diálogo entre las partes y la intervención responsable del Estado para evitar que una disputa salarial derive en un costo mayor para la economía agroexportadora y las comunidades vinculadas.
