En la provincia de Santa Fe se abrió un nuevo capítulo en la polémica por el uso de la plataforma VISEC, diseñada por el sector privado para mostrar la trazabilidad de las exportaciones de soja y carne. La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) pidió a sus entidades que definan una postura a favor o en contra del sistema, lo que volvió a poner en tensión a las principales representaciones del campo.
La discusión es clave porque la adopción de sistemas de trazabilidad condiciona el cumplimiento del reglamento europeo antideforestación y, por ende, el acceso a mercados internacionales. Para productores y exportadores, la claridad institucional puede marcar la diferencia entre mantener clientes y afrontar barreras comerciales o reputacionales.
El debate institucional entre CRA y SRA
Carsfe informó que en la última reunión de su Consejo se analizó la posición expresada por CRA y por la SRA respecto de VISEC, y advirtió que existen diferencias entre ambas entidades. El núcleo del conflicto es que varias sociedades rurales de base forman parte de las dos confederaciones y reciben mensajes institucionales contrapuestos.
La carta de Carsfe señala que, hasta el momento, no se registraron manifestaciones públicas de disconformidad desde las entidades rurales que integran el Consejo Federal de la SRA. En ese sentido, la confederación provincial instó a que cada Sociedad Rural exprese formalmente su postura para evitar ambigüedades en los espacios de representación.
Qué está en juego para productores y exportadores
La implementación o el rechazo de VISEC afecta la cadena agroindustrial porque implica cambios en la trazabilidad documental y operativa de granos y carne. Además, la ausencia de criterios uniformes puede provocar costos adicionales y riesgos legales para pequeños y medianos productores que deben demostrar la procedencia de su producción.
El reglamento europeo exige pruebas de origen y de ausencia de deforestación en las cadenas de suministro, por lo que las plataformas privadas cobran relevancia práctica. En este contexto, la divergencia entre CRA y SRA podría complicar la respuesta coordinada del sector frente a los compradores internacionales y a las exigencias regulatorias.
Próximos pasos y posibles escenarios
Carsfe pidió a las sociedades rurales que, si lo consideran necesario, remitan a la SRA una nota formal con su posición y, en caso de hacerlo, que envíen una copia a la propia Carsfe para conocimiento institucional. La solicitud, que busca transparentar gestiones y posturas, apunta a forzar un orden institucional que reduzca la incertidumbre para productores y comerciantes.
Si la brecha entre las confederaciones persiste, el sector puede enfrentar decisiones fragmentadas que compliquen la implementación de sistemas de cumplimiento en origen. Una salida viable implica diálogo coordinado entre las entidades, definición técnica de estándares y comunicación clara hacia los productores para minimizar costos y preservar mercados.
La definición que tomen las sociedades rurales no es solo una disputa interna: repercute en la cadena de valor, en la capacidad de exportación y en la imagen del país ante compradores extranjeros. Por eso, la pulseada por VISEC cobra relevancia práctica y exige que las organizaciones rurales prioricen la seguridad jurídica y la claridad para sus representados.
