La Confederación Rural Argentina (CRA) volvió a la escena pública con una crítica firme a la implementación práctica del sistema VISEC y su impacto en los productores de hacienda.
En una columna de opinión, el secretario Adrián Luna Vázquez defendió que la organización no está en contra de la herramienta en sí, sino de que se la imponga como condición única por parte de los compradores.
La disputa se concentra entre la Mesa de Enlace y varios frigoríficos exportadores que, según CRA, condicionan la compra a la inscripción en la plataforma VISEC para cumplir con el reglamento europeo contra la deforestación.
El dirigente advirtió además sobre el riesgo de que la centralización de datos derive en una “cartelización” de precios, y no descartó recurrir a la Defensa de la Competencia para analizar prácticas comerciales que podrían perjudicar al productor.
En su columna titulada “VISEC: El productor no puede seguir pagando las decisiones de otros”, CRA sostiene que aceptar sin alternativas una plataforma privada equivale a resignarse frente a decisiones que afectan el precio y la libertad de comercialización.
La organización reclama principalmente que la exigencia externa no se trasforme en una condición de mercado impuesta por un actor privado que concentra compras y embarques.
Detrás del conflicto está el Reglamento (UE) 2023/1115, aplicable desde el 30 de diciembre de 2026, cuya entrada en vigor obliga a diligencias de trazabilidad a los operadores que introducen productos al mercado europeo.
Qué dice la norma y dónde nace la confusión
CRA aclara que el Reglamento europeo solicita información sobre la cadena de valor, pero no obliga a inscribirse en VISEC ni designa a dicha plataforma como autoridad de validación.
El problema, según el gremio rural, es que algunos frigoríficos exportadores estarían aplicando descuentos sobre el valor de la res a quienes no se adhieran a VISEC, cuando en otros sectores como la soja existen premios por sistemas diferenciados.
Ese trato diferencial expone una asimetría entre actores que concentran la demanda y productores que terminan asumiendo el costo de adoptar una solución privada.
Frente a esto, CRA propone que se analicen estas prácticas desde la perspectiva de competencia y que no se permita que la posición de compra se transforme en poder de regulación de facto.
Además, la Secretaría de Agricultura ya creó, por Resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación para fomentar la pluralidad de soluciones y evitar exclusividades.
Ejemplos provinciales como la plataforma Santa Fe Produce Sustentable muestran que existen alternativas públicas capaces de acreditar trazabilidad sin depender de una plataforma privada única.
Propuestas de CRA y el rol del Estado
La Cámara rural plantea que, junto a herramientas privadas, Nación y provincias desarrollen validaciones públicas, reconozcan registros oficiales y promuevan plataformas interoperables sin exclusividades.
El gremio insiste en que el productor debe conservar el control de su información y que los costos de validación se distribuyan con equidad entre todos los eslabones de la cadena.
En materia laboral, CRA cuestionó el acuerdo VISEC-UATRE que incorpora una “constancia de legalidad laboral” y recordó que la inspección corresponde a las autoridades administrativas según la Ley 25.877 y la Ley 23.551.
En términos institucionales, la entidad subraya que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos (art. 124) y que la Ley 26.331 regula los bosques nativos, por lo que la validación pública debe respetar el federalismo.
CRA advierte que delegar validaciones en privados sin control público convierte el poder de compra en poder de regulación y vulnera la soberanía de las provincias sobre sus registros.
Además, el comunicado recuerda que países vecinos como Paraguay, Brasil y Uruguay ya avanzaron con herramientas públicas para dar cumplimiento a exigencias externas sin centralizar decisiones en actores privados.
Para el productor, la cuestión es clara: no se trata solo de cumplir con una demanda externa, sino de garantizar que esa exigencia no se transforme en un costo adicional ni en una pérdida de autonomía comercial.
En los próximos meses será clave observar si se multiplican recursos ante la Defensa de la Competencia, la adhesión de más frigoríficos a una sola plataforma o la aceleración de alternativas públicas desde Nación y provincias.
La tensión entre cumplimiento ambiental, trazabilidad y reglas de mercado plantea una encrucijada para la agroindustria argentina que pone en juego competitividad, costos y la capacidad de decisión del productor.
Si el objetivo es mantener el acceso a mercados internacionales sin sacrificar derechos, la solución exigirá coordinación pública, pluralidad de herramientas y controles que eviten la captura por parte de actores privados.
