El reciente anuncio del Gobierno argentino sobre la nueva fase del esquema económico ha generado diversas reacciones dentro del sector agropecuario. Con medidas clave como la eliminación del dólar blend, el establecimiento de bandas cambiarias y la flexibilización de pagos de importaciones, el Ejecutivo busca avanzar hacia una normalización económica que apunte a la estabilidad y competitividad del país. Sin embargo, las implicancias de estas reformas para los productores agropecuarios, desde la previsibilidad cambiaria hasta el acceso a tecnología e inversión extranjera, siguen siendo una incógnita que el sector enfrenta con expectativas y desafíos.

La eliminación del dólar blend, junto con la finalización del régimen 80/20 de liquidación de exportaciones, marca un cambio importante para los productores, quienes hasta ahora podían obtener una parte de sus ingresos en un tipo de cambio más favorable. Con su desaparición, se genera incertidumbre sobre el poder adquisitivo de los productores frente a un tipo de cambio oficial que podría retrasarse respecto a la inflación. En este nuevo escenario, la planificación financiera se vuelve crucial, y las coberturas en los mercados a término se presentan como una herramienta necesaria para mitigar el impacto de un tipo de cambio retrasado. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que “salir de la brecha cambiaria y del cepo es un paso adelante en normalizar la economía”, al tiempo que expresó su esperanza de que esta medida se traduzca en mejoras significativas en los precios que perciben los productores.

Por otro lado, el establecimiento de bandas cambiarias entre $1.000 y $1.400, con un ajuste mensual del 1%, ha sido recibido con cierto optimismo. Esta medida promete una mayor previsibilidad para los productores, aunque sin la garantía de estabilidad, ya que las bandas no impiden una devaluación abrupta ni una apreciación sostenida del peso. Sin embargo, la capacidad de la autoridad monetaria para intervenir en el mercado cambiario, ya sea comprando o vendiendo dólares, podría generar un entorno de mayor certidumbre para las compras de insumos importados, como maquinaria y fertilizantes. Para el sector agropecuario, que depende de estos insumos para su producción, esta medida representa una oportunidad para planificar con mayor antelación y reducir los efectos de la volatilidad cambiaria.

La flexibilización de los pagos de importaciones es otra de las medidas que, según expertos, podría mejorar la logística y la disponibilidad de tecnología en el sector. Las pequeñas y medianas empresas agropecuarias (MiPyMEs) se verán beneficiadas principalmente, ya que podrán acceder con mayor rapidez a los insumos necesarios para modernizarse y mantenerse competitivas. La posibilidad de realizar pagos con menor demora se convierte en un alivio para quienes enfrentan dificultades con la adquisición de equipos y maquinaria, factores cruciales para el desarrollo del agro.

Otro de los cambios destacados es la posibilidad de giro de dividendos a accionistas no residentes, permitiendo a las empresas agropecuarias captar inversiones extranjeras. Este giro, autorizado a partir de los balances iniciados en 2025, abre la puerta a nuevos proyectos conjuntos con inversores internacionales, como pools de siembra, frigoríficos y otras iniciativas vinculadas al desarrollo agroindustrial. En este contexto, las alianzas estratégicas podrían resultar fundamentales para fortalecer la competitividad del sector en el comercio exterior y acceder a recursos para potenciar la infraestructura necesaria.

El anuncio de los bonos BOPREAL, que permitirán la regularización de pasivos y deudas preexistentes, es otra medida que ha llamado la atención. Este instrumento podría ayudar a las empresas agropecuarias a normalizar sus balances y ordenar su situación financiera, una necesidad que se ha hecho más urgente en los últimos años, dada la compleja situación económica. La posibilidad de regularizar pasivos con proveedores y casas matrices podría ofrecer un respiro a muchas empresas que han tenido que afrontar dificultades de liquidez en el pasado.

Por otro lado, la política monetaria contractiva, que se implementará con la meta de controlar la cantidad de dinero en circulación y eliminar la financiación monetaria al Tesoro, traerá como consecuencia un aumento de las tasas de interés reales, lo que hará más costoso el acceso al crédito. En un sector que depende en gran medida de la financiación externa para proyectos de expansión y renovación tecnológica, este cambio será uno de los mayores desafíos. Las tasas de interés más altas dificultarán el financiamiento, pero también ofrecerán un entorno económico más predecible, lo cual podría favorecer una planificación más rigurosa por parte de los productores.

Finalmente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá reforzar las reservas del Banco Central, ha sido visto con buenos ojos por muchos referentes del sector. Este acuerdo no solo apunta a estabilizar la moneda, sino que también garantizará el acceso a nuevas líneas de crédito y la posibilidad de mejorar la liquidez del sistema financiero en el futuro. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), destacó que “el fin del cepo abre un nuevo horizonte para el sector agropecuario”, resaltando que este tipo de reformas podría atraer más inversiones y traer consigo una mayor estabilidad económica, esenciales para la sostenibilidad del sector.

Desde diversas entidades del sector, también se ha manifestado un respaldo a las medidas del Gobierno. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró que “todo camino que apunte a estabilizar la macroeconomía, ordenar las cuentas públicas y recuperar la confianza es positivo para el país”. José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se mostró cauteloso pero destacó que el acuerdo con el FMI es una “buena noticia” para fortalecer las reservas. Además, resaltó que la eliminación de los múltiples tipos de cambio y la flexibilización de restricciones cambiarias “es una medida largamente reclamada por la agroindustria y necesaria para la normalización de la economía”. Finalmente, destacó que el levantamiento del cepo para las personas y la flexibilización para las empresas son “pasos importantes y necesarios para atraer nuevas inversiones”.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), también se respaldaron las medidas, destacando que “es un paso fundamental en el camino del ordenamiento de las variables económicas de nuestro país” y que, con ellas, se dejan atrás distorsiones como la brecha cambiaria que tanto daño produjo en la economía y en el sector agroindustrial. Además, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) manifestó su apoyo a estas reformas, señalando que “es el sendero correcto para permitir un crecimiento agroexportador imprescindible para el desarrollo económico y social de la Argentina”.

En resumen, las medidas anunciadas por el gobierno argentino apuntan a la normalización económica y la estabilización del tipo de cambio, lo que representa una oportunidad para el sector agropecuario, pero también implica nuevos desafíos. El sector deberá adaptarse a estas reformas, ajustando sus estrategias de planificación, financiamiento y cobertura cambiaria para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos asociados a un entorno económico aún incierto. Como expresó Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, el camino hacia la liberalización del cepo y el tipo de cambio más competitivo representa una “orientación clara hacia la recuperación de competitividad exportadora”, lo que, a su vez, puede generar nuevas oportunidades en el comercio exterior y la economía global.