La Mesa de Enlace se sumó a la avanzada contra las tasas que cobran los municipios del frente portuario del Gran Rosario a los camiones que llegan a las terminales -a razón de $11 mil por vehículo y juntando 25 millones de dólares al año- pese a que los accesos están en muy mal estado, razón por la cual el gobierno provincial quiere cambiar de raíz el sistema para garantizar que la recaudación vaya efectivamente a las mejoras, mantenimiento y refacción de caminos.
Con la firma también de la Federación de Acopiadores, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro le enviarán este viernes una carta al gobernador Maximiliano Pullaro para solicitarle “su urgente intervención ante los abusivos peajes disfrazados de tasas viales que cobran diversos municipios de la jurisdicción provincial, para permitir el acceso a los puertos situados sobre el Río Paraná”.
Según argumentan las entidades, “las tasas producen una altísima recaudación que, según publicaciones conocidas por todos, superarían los veinticinco mil millones de pesos, sin correspondiente contraprestación municipal y sin realización de obras adecuadas o incluso, el “frenado” de otras imprescindibles”.
Y es por eso que, “ante la gravedad del problema, solicitan que ejerza las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial le asigna como Jefe de la Hacienda Pública, e instrumente los mecanismos previstos en los Art. 62 y 72 Inc. 19 de dicha Carta Magna”.
¿Por qué escriben ahora la carta?
“Motivados por la preocupación que representa la confesión de muchos intendentes que la perciben, respecto a que tales gabelas abonadas por todos los productores rurales de la República Argentina, tienen como destino, en gran parte, las “rentas generales” de un pequeño grupo de comunas desinteresadas absolutamente del mantenimiento vial de sus calles internas. También preocupa leer en periódicos locales, la férrea oposición de estos alcaldes a que una autoridad superior solucione el problema del tráfico pesado, procurando exclusivamente, resguardar una voluminosa recaudación percibida por tal concepto, sin informar y sin rendir cuentas sobre el destino apto y eficaz que se impone aplicar por Ley, a dicho dinero colectado”, explica la Mesa de Enlace y la Federación de Acopiadores.
“Fundado en tales extremos y como damnificados directos de estas claras confiscaciones municipales santafecinas, acudimos a Ud. señor gobernaor para que ponga fin a esta realidad impositiva local, desproporcionada e irrazonable, que atenta en forma decidida contra la producción granaria argentina. Debe impedir posibles vulneraciones a la Carta Orgánica de Municipalidades NO 2756 y modificatorias, ante la exposición que gran parte de lo recibido por esas “tasas” están dirigidas a “rentas generales”, mediante probables “vías de hecho administrativas” de las intendencias, impidiendo —de no obrarse el tributo- toda descarga de cereales en las distintas terminales portuarias”.
“Nuestra solicitud, por lo tanto, excede el propósito de un mero rédito económico individual o de un planteo de conveniencia comercial, sino de requerirle la vigencia de un estado de derecho provincial, que ponga coto a estos excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango. Debe resolverse esta cuestión que atenta contra el comercio agroindustrial en su conjunto, y marca un vallado insuperable a la operatividad de las Cláusulas Constitucionales que nos rigen, ya que lo cobrado por cada camión que circula, lejos de configurar una tasa vial, constituiría una evidente “barrera aduanera interna” que no puede ser convalidada por el Señor Gobernador”, finaliza.
