La Ley de Semillas volvió a instalarse en el centro del debate agropecuario argentino. Se trata de una discusión que lleva décadas sin resolverse y que involucra intereses económicos, tecnológicos y productivos de enorme magnitud. Lo que está en juego no es solamente el pago de regalías por una bolsa de semillas, sino el modelo de innovación que tendrá la agricultura argentina en los próximos años.
El impulso llegó de la mano del Gobierno nacional, que busca avanzar hacia un esquema de mayor protección de la propiedad intelectual, alineado con los compromisos internacionales asumidos por el país y con los principios del convenio UPOV 91, una normativa que fortalece los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales.
La iniciativa, sin embargo, abrió un intenso debate dentro del sector agropecuario. Nadie discute que la investigación genética necesita financiamiento, pero sí existe una fuerte controversia sobre cómo repartir ese costo y hasta dónde puede limitarse el histórico derecho del productor a guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla.
Durante una entrevista con Palabra de Campo, el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pablo Ginestet, sostuvo que el debate es necesario, aunque pidió que se dé sobre datos reales y no sobre afirmaciones que, según consideró, generan más desconfianza que consensos.
“Todos somos conscientes de que tenemos que buscar una solución a este tema de la Ley de Semillas. Venimos discutiéndolo hace muchísimo tiempo y ojalá ahora podamos realmente hacer un diálogo adulto, constructivo y avanzar.”
Qué cambia con la nueva discusión sobre la Ley de Semillas
El principal punto de conflicto gira alrededor del denominado uso propio.
Actualmente, los productores de cultivos autógamos como soja y trigo pueden guardar parte del grano cosechado para utilizarlo como semilla en la campaña siguiente sin volver a pagar regalías.
Las empresas semilleras sostienen desde hace años que ese esquema desalienta la inversión en investigación, porque una misma tecnología puede utilizarse durante varios ciclos sin generar nuevos ingresos para quien la desarrolló.
Los productores, en cambio, argumentan que la semilla ya fue comprada legalmente y que ese derecho forma parte de la historia productiva argentina.
Ginestet cree que el sistema actual necesita cambios, aunque aclaró que eso no significa eliminar el uso propio.
“Somos conscientes de que el uso propio, tal como lo conocemos hoy, merece algunos cambios y estamos dispuestos a dar esa discusión. De hecho, hicimos una propuesta concreta.”
El campo propone pagar regalías, pero sin perder el uso propio
Lejos de rechazar cualquier modificación, desde CARBAP sostienen que el camino pasa por encontrar un mecanismo que reconozca la propiedad intelectual sin romper el equilibrio económico de la producción.
La propuesta presentada por la entidad contempla mantener el derecho al uso propio, pero incorporando un sistema de reconocimiento económico durante un período determinado y estableciendo exenciones para los productores de menor escala.
“El derecho de hacer uso propio tiene que seguir siendo del productor. No tengo que pedirle permiso a un semillero para usar mi propia semilla. Ahora bien, podemos discutir cómo se paga ese reconocimiento a la tecnología.”
Según explicó, la iniciativa plantea que la semilla originalmente adquirida genere un reconocimiento económico durante tres campañas, además de establecer un mínimo de hectáreas exentas para proteger a los pequeños productores.
“Ese es el cambio sustancial que proponemos respecto del sistema actual.”
Para Ginestet, el objetivo no es frenar la innovación, sino construir un sistema que resulte sustentable para todos los actores de la cadena.
“Hay coincidencia en gran parte del sector productivo en que hay que pagar por esa innovación para que las empresas sigan desarrollando genética. Lo que discutimos es cómo hacerlo y hasta dónde.”
La baja rentabilidad condiciona cualquier reforma
El dirigente remarcó que la discusión no puede analizarse aislada del contexto económico que atraviesa el productor argentino.
La caída de los precios internacionales, el peso de los alquileres rurales, el costo de los insumos, el financiamiento y las retenciones dejan márgenes cada vez más ajustados.
En ese contexto, recordó que cerca del 70 % de la producción agrícola argentina se realiza sobre campos alquilados, un dato que explica buena parte de la fragilidad económica de muchas explotaciones.
“Si uno mira solamente el aspecto económico, el productor va a perder porque va a tener que pagar una regalía. Pero se supone que también va a tener mejor genética y mayores rendimientos para recuperar esa inversión.”
No obstante, aclaró que esa ecuación sólo funcionará si la nueva tecnología realmente genera un beneficio económico.
“Si el productor considera que esa tecnología no es rentable o que la regalía es demasiado cara, seguirá utilizando las variedades actuales. Nadie está obligado a comprar una tecnología que no le cierre económicamente.”
El peso de las grandes empresas semilleras
Otro aspecto que apareció durante la entrevista fue la fuerte concentración del negocio mundial de la genética vegetal.
Según Ginestet, tres o cuatro compañías internacionales concentran alrededor del 95 % de la investigación y el desarrollo biotecnológico, una situación que les otorga una enorme capacidad de influencia sobre los mercados y las políticas públicas.
“Hay muchísimo lobby de las empresas semilleras internacionales. Entendemos que muchas veces exageran o no dicen toda la verdad con algunos números, y eso dificulta construir confianza.”
También cuestionó algunas estimaciones difundidas recientemente por funcionarios nacionales.
“Si realmente con una resolución Argentina fuera a exportar 4.000 millones de dólares más, ya estaría solucionado el problema. Lamentablemente no funciona así. Ese tipo de afirmaciones no ayudan a construir confianza.”
Brasil, el espejo que el campo pone en discusión
Uno de los argumentos oficiales sostiene que países como Brasil lograron mayores niveles de productividad gracias a una legislación más moderna sobre propiedad intelectual.
Para Ginestet, esa comparación es parcial porque deja de lado factores económicos decisivos.
“Se hace mucho hincapié en que Argentina rinde menos soja que Brasil y se atribuye esa diferencia a la genética. Pero la realidad es que el 80 % o el 90 % de esa diferencia está en otro lado.”
El dirigente explicó que el productor brasileño recibe un precio considerablemente superior por su soja debido a que no paga derechos de exportación, lo que le permite invertir mucho más en fertilización, manejo y tecnología.
“El productor brasileño está recibiendo alrededor de 430 dólares por tonelada de soja. En Argentina estamos recibiendo cerca de 300 dólares. Los fertilizantes cuestan prácticamente lo mismo para ambos. Ahí está la mayor diferencia, no en la genética.”
El equilibrio, la palabra que más se repite en el debate
Más allá de las diferencias, existe un punto en el que prácticamente todos los actores coinciden: la legislación vigente quedó desactualizada y necesita una actualización que incentive la innovación sin perjudicar la competitividad del productor argentino.
Para Ginestet, el desafío será encontrar un punto medio entre el reconocimiento de la propiedad intelectual y la realidad económica del agro.
“No tiene que haber ganadores ni perdedores. Lo que hay que buscar es un equilibrio. Hoy la balanza está levemente inclinada hacia los productores; lo que no queremos es que quede totalmente inclinada para las empresas de genética.”
Mientras el Gobierno avanza con la discusión y el Congreso vuelve a poner el tema sobre la mesa, la reforma de la Ley de Semillas aparece como uno de los debates más trascendentes para el futuro de la agricultura argentina, ya que de ella dependerán no sólo las reglas para remunerar la innovación, sino también las condiciones bajo las cuales producirán millones de hectáreas de soja, trigo y otros cultivos estratégicos en los próximos años.
