La eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) por parte del Gobierno argentino encendió las alarmas en el sector de maquinaria agrícola. La medida, oficializada a través del decreto 273/2025, permite el ingreso irrestricto de equipos usados, algo que tanto la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA)como la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT)consideran una amenaza directa para la industria nacional. Las entidades sostienen que esta decisión, lejos de estimular la renovación tecnológica, puede agravar la crisis del sector local.
La industria nacional enfrenta una competencia desleal
Desde CAFMA, su presidente Enrique Bertini (h) alertó que las condiciones de competencia son desiguales. “Nuestro cliente no tiene plata y nosotros no podemos bajar los precios si tenemos una carga impositiva del 33%, mientras que en Brasil, por ejemplo, es del 16%”, afirmó. Esta diferencia tributaria, sumada al costo financiero y la falta de incentivos productivos, afecta a una cadena que involucra a más de 850 pymes distribuidas en el interior del país.
El dirigente subrayó que en 2024 el 85% de los tractores y el 98% de las cosechadoras vendidas en Argentina fueron importadas, lo que evidencia una fuerte dependencia externa. En ese contexto, abrir aún más el mercado sin regulaciones claras puede acelerar la desaparición de empresas nacionales, muchas de ellas familiares o de capitales locales que enfrentan dificultades para mantener su planta industrial.
Por su parte, AFAT cuestionó el ingreso de maquinaria usada sin trazabilidad ni garantía técnica. “Estamos preocupados porque estos equipos provienen de países con subsidios y baja carga fiscal. Su precio en origen, sumado a la depreciación por el uso, los vuelve imposibles de igualar desde lo local”, explicaron voceros de la entidad. Además, alertaron que el consumidor final puede verse perjudicado si no cuenta con servicio técnico ni repuestos para esos bienes.
El mercado ya venía resentido y la medida genera más incertidumbre
Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el primer trimestre de 2025 se vendieron 1.226 unidades nuevas de maquinaria agrícola, un incremento del 43,9% respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, ese repunte responde en parte a compras diferidas durante 2024 y al uso de canjes, y no garantiza una recuperación sostenida.
Entre el 60% y el 75% de las operaciones actuales incluyen la entrega de equipos usados como parte de pago. Con la llegada de maquinaria importada de segunda mano, ese mercado secundario corre riesgo de saturarse, depreciando aún más el valor de los bienes nacionales. “La dinámica se altera por completo. El productor piensa dos veces antes de comprar un equipo nuevo si puede acceder a uno más barato del exterior”, señaló Marcela Silvi, de la firma Erca.
La empresaria sostuvo además que “las fábricas nacionales hacemos un gran esfuerzo por mantener nuestros mercados en el exterior y, al mismo tiempo, el mercado interno se cierra para nosotros”. Hoy, muchas firmas exportadoras enfrentan costos logísticos, financieros y fiscales que no se replican en los países de origen de los equipos usados.
El Gobierno defiende la medida como estímulo a la renovación tecnológica
Desde el Ministerio de Economía, que impulsó el decreto, sostienen que la apertura busca bajar los costos de reposición de maquinaria y modernizar el parque productivo. Argumentan que, tras la sequía de 2023 y la recesión posterior, muchos productores no pueden renovar sus equipos y recurren al mercado del usado como única alternativa.
En un contexto de escaso crédito, el Ejecutivo apuesta a liberar importaciones como forma de estimular la actividad, aunque reconoce que esto genera tensiones con sectores fabriles. A nivel oficial, no se anunciaron todavía medidas compensatorias para el segmento industrial nacional, aunque CAFMA solicitó una reunión urgente con la Secretaría de Industria para discutir una agenda productiva conjunta.
Además del alivio impositivo, el sector reclama financiamiento accesible y programas que incentiven el compre nacional. Proponen revisar las normas de acceso al crédito y recomponer herramientas como el leasing agrícola y los planes de inversión del Banco Nación.
Piden reglas claras para sostener el empleo y la producción
En un documento difundido en abril, CAFMA remarcó que la apertura sin regulación puede destruir empleo de calidad y profundizar la concentración del mercado. “Queremos competir, pero con reglas claras. Hoy no hay una política de Estado que proteja a la maquinaria agrícola nacional, que representa tecnología, desarrollo y arraigo”, concluyó Bertini.
El sector genera más de 35 mil puestos de trabajo directos en localidades del interior, muchas de ellas sin otra alternativa industrial. Cada eslabón de la cadena, desde fundiciones hasta talleres de montaje, podría verse comprometido si las ventas caen en los próximos meses.
Mientras tanto, el debate entre apertura y desarrollo productivo vuelve al centro de la escena, con un agro que demanda herramientas modernas, pero también necesita de una industria que responda con soluciones adaptadas a su realidad.
