El Gobierno nacional eliminó recientemente el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida que por años restringió el ingreso de maquinaria agrícola usada al país. La decisión abrió un nuevo capítulo para el agro argentino: por primera vez en décadas, las empresas pueden importar equipos usados sin autorización previa, lo que generó una inmediata reacción dentro de la cadena industrial.
Franco Bosso, presidente de Distribuidora Italia, una pyme radicada en Armstrong, Santa Fe, fue el primero en dar el paso. Su empresa, con más de 12 años de experiencia en la fabricación de repuestos y reacondicionamiento de sembradoras, ya aplicaba este modelo en Uruguay y decidió replicarlo en Argentina. La compañía importa equipos usados desde Estados Unidos (como sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras), los reacondiciona localmente y los comercializa con garantías de calidad.
Por qué se habilitó la importación de maquinaria agrícola usada
El Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio impulsaron la medida como parte de un proceso más amplio de desregulación del comercio exterior. Con la eliminación del CIBU, se busca agilizar el acceso a tecnología y dinamizar el mercado de maquinaria agrícola, especialmente en un contexto de costos crecientes y dificultades para acceder a equipos nuevos.
Bosso asegura que su propuesta representa una alternativa viable para pequeños y medianos productores que no pueden pagar maquinaria cero kilómetro: “Importamos maquinaria con garantía, no chatarra. No es una amenaza a la industria nacional, sino una solución para el campo”.
Cada equipo importado es revisado en la planta industrial de Armstrong, donde se ajustan los componentes electrónicos, hidráulicos y de motor. A pesar de que los costos finales suben entre un 60% y 70% respecto del valor original en EE.UU., el resultado final, según Bosso, es competitivo frente al mercado nacional del usado.
Fuerte rechazo de fabricantes y cámaras del sector
Sin embargo, la apertura de importaciones de maquinaria agrícola usada generó un fuerte rechazo entre los fabricantes locales y diversas entidades empresariales. En primer lugar, la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) advirtió que la medida puede afectar la producción nacional, el empleo y el desarrollo de tecnología propia.
Eduardo Borri, presidente de CAFMA, sostuvo en declaraciones recientes: “Lo que se importará no es tecnología de punta, sino máquinas que ya cumplieron su ciclo en otros países. Competir con equipos depreciados y subsidiados en origen pone en jaque a la industria local”.
Desde la Fundación ProTejer y la Unión Industrial Argentina también se expresaron críticas. Sostienen que esta liberalización no viene acompañada de un esquema de defensa industrial, ni exige estándares mínimos de reacondicionamiento o trazabilidad. Además, alertan sobre el riesgo sanitario que implica el ingreso de maquinaria usada con restos vegetales o suelo contaminado, algo que puede introducir plagas o malezas resistentes.
El propio Bosso reconoce este punto y afirma que en su empresa cumplen con protocolos estrictos de limpieza y control fitosanitario. No obstante, algunos especialistas piden un esquema regulado que asegure estándares comunes para todo el sector.
¿Convivencia o conflicto en el nuevo escenario?
Bosso defiende una posición intermedia. Su empresa mantiene una línea activa de producción nacional y emplea a 35 personas. Asegura que el reacondicionamiento local también genera empleo y que “el productor argentino necesita acceso a herramientas que se adapten a su bolsillo y a su campo”.
Desde el INTA y CREA, algunas voces valoran la disponibilidad de opciones más accesibles en un escenario de baja inversión. Sin embargo, también remarcan que la clave está en equilibrar el desarrollo local con una política de incorporación tecnológica sustentable, algo que aún está en debate.
Por ahora, la medida sigue vigente y otras empresas evalúan replicar el modelo de Distribuidora Italia, lo que podría alterar el ecosistema comercial e industrial del agro argentino. Todo dependerá del volumen de equipos que ingresen, de las condiciones sanitarias en las que lo hagan y de la capacidad de la industria nacional para seguir siendo competitiva.
