Necochea impulsa la reimplantación de una tasa portuaria que gravaría a todos los camiones que ingresan a Puerto Quequén, uno de los nodos clave para la agroindustria argentina. Esta decisión reabre un conflicto que afecta a productores, operadores y caminos rurales de la región.
El cobro de una nueva tasa llega en un escenario de precios internacionales ajustados, por lo que cualquier incremento en costos logísticos repercute en la rentabilidad del complejo agrícola exportador. Además, la medida pone en tensión la relación entre el municipio, el Consorcio y los usuarios del puerto.
La novedad judicial del caso fue un fallo de segunda instancia que revierte un amparo previo y autoriza al Partido de Necochea a cobrar temporalmente la tasa hasta que se resuelva el fondo del asunto. Esa decisión judicial reactiva el debate sobre la legalidad y el destino de los fondos recaudados.
Qué propone Necochea y qué implica
La Municipalidad propone aplicar la tasa sobre la totalidad de los granos que ingresan a la terminal, destinando los recursos, según el Ejecutivo local, a obras viales y mantenimiento. Para los productores y operadores portuarios, esa aplicación significa un costo adicional directo por tonelada embarcada y mayor incertidumbre operativa.
El Consorcio de Gestión del Puerto Quequén administra recursos que, históricamente, fueron asignados a la operativa y a la infraestructura portuaria. Cambiar ese destino puede generar precedentes para el uso de fondos de alcance regional en proyectos municipales no relacionados con la actividad portuaria.
La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su “preocupación” por la vinculación entre el Consorcio y obras viales ajenas al ámbito portuario. CARBAP considera que ese tipo de maniobras traslada a los productores costos que corresponden a otras administraciones.
El reclamo del campo y los antecedentes
CARBAP recordó que los recursos del Consorcio provienen del esfuerzo de los productores de la región que utilizan la terminal para comercializar su producción, y por ello rechazó el uso de esos fondos para fines municipales. La entidad señaló además que ya existe un antecedente problemático: la tasa vial no garantizó un mantenimiento adecuado de la red rural.
El puerto ya fue foco de otra polémica en 2024, cuando la discusión por su concesión despertó temores sobre la intención provincial de intervenir en el mercado de granos. Ese episodio alimenta la desconfianza del sector ante cualquier cambio en el manejo del puerto y sus recursos.
CARBAP calificó la iniciativa como una nueva carga tributaria que recae sobre productores de toda la región y advirtió que se sumaría a una larga serie de gravámenes que afectan la actividad agropecuaria. El reclamo público fue encabezado por la conducción de la entidad, liderada por Pablo Ginestet, que exigió transparencia sobre el destino de los fondos.
Impacto económico y futuro legal
En términos prácticos, la aplicación de una tasa por tonelada incrementa los costos logísticos y puede afectar la competitividad de las exportaciones locales frente a otros puertos como Bahía Blanca o el Gran Rosario. También podría modificar las rutas de embarque si operadores y productores buscan terminales con menores costos operativos.
En lo judicial, la cuestión sigue en disputa y la resolución final determinará si el municipio puede consolidar esta herramienta fiscal. Mientras tanto, la medida autorizada por la instancia intermedia genera una ventana de incertidumbre que obliga a los actores del sector a ajustar precios y a monitorear el uso efectivo de los fondos.
Lo que viene a corto plazo es una negociación entre el Consorcio, la Municipalidad y los representantes del agro para definir reglas claras de destino de recursos y resguardar la operatividad portuaria. La transparencia en la rendición de cuentas será clave para evitar que un conflicto administrativo derive en costos permanentes para los productores.
Los productores y cooperativas de la zona deben seguir de cerca las facturaciones y reclamar claridad sobre el destino de cada peso recaudado, según recomiendan las asociaciones del sector. En un contexto de mayor presión fiscal y logística, la decisión judicial definitiva y el diálogo institucional definirán si la medida queda como excepción o se transforma en nuevo estándar regional.
