Activistas por los derechos humanos alegan que dichas leyes forman parte de un andamiaje legal con el que se pretende restringir la libertad de expresión e información en el país sudamericano.
CARACAS (AP) — Los delegados de la Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, y exlegisladores de la oposición acordaron el viernes ampliar el desbloqueo de sitios web y revisar leyes que regulan férreamente los contenidos en los medios radioeléctricos y digitales.
En el comunicado, leído por el influyente presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, y la exdiputada Dinorah Figuera —quien lidera a un grupo de exlegisladores opositores que en su momento intentaron destituir al expresidente Nicolás Maduro—, destacaron que el acuerdo forma parte de los “aportes realizados en esta mesa de diálogo” para “fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información”.
Las partes se reunieron en Caracas con el propósito de diseñar una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas. En un comunicado, dieron a conocer la decisión conjunta de acompañar el anuncio del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de continuar y ampliar “el levantamiento de medidas administrativas” que durante años han restringido el acceso a numerosos portales de noticias, páginas web y medios electrónicos. Dicha restricción se llevó a cabo bajo el argumento de que su contenido atentaba contra la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.
Desde 2004, los gobiernos del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y de Maduro (2013-2026) —su sucesor y heredero político—, promulgaron una serie de leyes que regulan férreamente la difusión y recepción de mensajes en los medios de comunicación y que derivaron en su cierre, algunos de ellos tras la imposición de multas millonarias. También permitieron ordenar el bloqueo de numerosos medios radioeléctricos y digitales, locales y extranjeros.
Washington es el principal impulsor de los diálogos. Después de deponer y capturar a Maduro y su esposa en un audaz operativo militar el 3 de enero de este año, el presidente estadounidense Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela, el cual incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática. Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta un juicio por el presunto delito de narcotráfico.
El 17 de septiembre del presente año, la presidenta Rodríguez le ordenó al organismo regulador de las telecomunicaciones en el país autorizar a las empresas proveedoras de internet en Venezuela rehabilitar en sus infraestructuras varios dominios y portales informativos. La organización no gubernamental Ve sin filtro —dedicada a monitorear, documentar y denunciar la censura digital en el país— reportó en redes sociales que, después del anuncio, apenas habían sido rehabilitados 17 dominios, 15 de ellos sitios de noticias, mientras que 177 sitios web seguían bloqueados.
En agosto de 2024, Maduro ordenó bloquear el acceso a redes sociales, entre ellas X, como parte de una serie de empeños de su gobierno para tratar de suprimir el intercambio de información entre las personas que cuestionaban que él hubiera ganado los comicios presidenciales de ese año, en particular después de que la oposición presentó pruebas creíbles de que su candidato había sido el ganador.
Horas antes del cierre del segundo ciclo de conversaciones, la mandataria ordenó “levantar las medidas administrativas” contra un grupo de plataformas y portales web que aún permanecen bloqueados, indicó el Ministerio de Comunicaciones.
Ve sin filtro denunció entonces que “sigue la censura contra muchos medios”, páginas de organizaciones no gubernamentales y de “iniciativas políticas”, entre otras.
En el primer ciclo de conversaciones se acordó renovar en su totalidad el máximo tribunal, entre otras medidas. Estas incluyen renovar y ampliar el comité de postulaciones para la designación de los 32 magistrados que lo componen, así como conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de quienes se postulen al TSJ, con el fin de evitar irregularidades en la designación de los magistrados, dijeron entonces los delegados en un comunicado conjunto.
Las delegaciones en diálogo también acordaron conformar un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los postulados al Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, el oficialismo ha dicho que los nombramientos de magistrados principales y suplentes se hicieron bajo “estricto cumplimiento” de las leyes.
Los adversarios de Chávez y Maduro han acusado al oficialismo de designar con su abrumadora mayoría a los magistrados entre sus aliados, con el fin de asegurarse el control del máximo tribunal. En los últimos 27 años éste se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana, con una gran cantidad de sentencias desfavorables a los críticos de los gobiernos socialistas.
