El Gobierno pone fin al financiamiento obligatorio de la Coviar: qué cambia para la industria del vino
El Ejecutivo nacional oficializó la decisión de interrumpir el mecanismo de financiamiento que durante más de dos décadas sostuvo a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La medida, firmada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), elimina las contribuciones obligatorias que se cobraban por litro producido, embotellado y vendido, y obliga a la entidad a rendir cuentas antes de cerrar el capítulo del plan estratégico vigente. La resolución abre un nuevo escenario para bodegas y productores: deja en pie la personería legal de la Coviar, pero cambia radicalmente cómo se financiará su actividad en adelante.
Qué resolvió la Secretaría de Agricultura
La normativa publicada en el Boletín Oficial oficializa la finalización del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI 2020) —que sufrió sucesivas prórrogas hasta convertirse en el PEVI 2030— y dispone medidas concretas para ordenar el cierre administrativo del programa. Entre los puntos principales se destacan:
- Se declara concluida la vigencia temporal del PEVI 2020/2030 y se ordena su cierre administrativo.
- Se da un plazo de tres meses para que la Coviar presente un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de objetivos y el destino de los fondos recaudados.
- Se suspenden de forma inmediata las contribuciones obligatorias que financiaban el plan, liberando a los establecimientos vitivinícolas de esos pagos.
- Se determina que los recursos remanentes deberán ser transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para garantizar la protección de activos públicos.
- Se aclara que la Corporación mantendrá su personería jurídica y podrá seguir existiendo si financia sus actividades por vías voluntarias.
La resolución completa puede consultarse en el Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341568/20260505.
Por qué el Gobierno tomó la medida
El Ejecutivo argumenta que la Coviar fue creada en 2004 para implementar un plan estratégico con metas de exportación y posicionamiento internacional que, según la Casa Rosada, no se alcanzaron. Como consecuencia, el mecanismo de recaudación —una contribución obligatoria recaudada por el Estado pero destinada a una entidad privada— quedó en entredicho y terminó siendo calificado por funcionarios como un impuesto que afectaba la competitividad del sector.
Los argumentos del Ministerio
Desde la cartera a cargo de la desregulación y transformación del Estado se señaló que, pese a los objetivos fijados (entre ellos una meta de exportaciones cercana a 2.000 millones de dólares anuales y una cuota relevante del comercio mundial), los resultados no acompañaron: las exportaciones no alcanzaron el monto previsto y la participación argentina en el mercado global permaneció muy por debajo de lo proyectado. Además, el Gobierno cuestionó el uso de los fondos y la falta de transparencia sobre su destino.
El ministro responsable de la medida subrayó que, en su criterio, la contribución obligatoria llegó a aumentar por encima de la inflación en años recientes y que, en el acumulado entre 2004 y 2025, los recursos recaudados hacia la Coviar representaron decenas de millones de dólares destinados a objetivos que no se cumplieron. Por eso, insistió en que el financiamiento coactivo debía terminar y que cualquier continuidad de la Coviar debería sostenerse con aportes voluntarios del sector.
Qué decía el sistema de contribuciones
El esquema cuestionado establecía pagos por varios eslabones de la cadena: por litro elaborado y por litro embotellado, por litro vendido de mosto y por kilo de uva ingresado a plantas procesadoras. Según la administración actual, ese modelo funcionó durante años como una carga obligatoria para bodegas y productores, con sanciones para quienes no se adhirieran.
Críticas sobre facultades y transparencia
El Gobierno también planteó que la Coviar se había atribuido la facultad de extender su propio mandato y de actualizar el plan estratégico sin los procedimientos formales necesarios. Desde esa perspectiva, las resoluciones adoptadas por la entidad en los últimos años debían considerarse solicitudes que correspondía resolver al Poder Ejecutivo conforme a la normativa vigente, y no decretos de extensión automática.
Impacto potencial en bodegas y exportaciones
La eliminación de la contribución obligatoria alivia una carga financiera inmediata sobre los establecimientos, lo que para el Ejecutivo puede traducirse en una mejora de la competitividad. Sin embargo, la medida genera incertidumbre sobre la continuidad de programas de promoción y desarrollo que dependían de esos recursos. Las cámaras y asociaciones del sector tendrán que decidir si sostienen iniciativas de manera voluntaria o si se reorganizan los mecanismos de apoyo público-privado.
Transferencia de fondos y rol del INV
La resolución ordena que cualquier saldo pendiente sea remitido al Instituto Nacional de Vitivinicultura, con el objetivo de preservar los bienes y asegurar una transición ordenada. Además, la disposición forma parte de un paquete más amplio de cambios administrativos y regulatorios sobre el sector que incluye recientes modificaciones en el INV, según explicó el Gobierno.
Reacción de la Coviar
Hasta el momento la Corporación no publicó una posición oficial definitiva. Fuentes internas dijeron estar analizando la resolución junto a sus asesores legales y prometieron un pronunciamiento formal una vez concluida esa revisión. La entidad deberá presentar el informe requerido por la Secretaría dentro del plazo establecido para aclarar el uso de los fondos y el grado de cumplimiento de las metas del plan estratégico.
Qué sigue
En las próximas semanas se esperan definiciones sobre la rendición de cuentas exigida por la SAGyP y sobre el destino final de los fondos remanentes. Además, la industria debatirá cómo se sostendrán las acciones de promoción y desarrollo del sector sin la contribución obligatoria: vía aportes voluntarios, nuevas alianzas público-privadas o mediante instrumentos alternativos de financiamiento. Para productores y bodegas, el cambio representa tanto una reducción de costos como un desafío para reconstruir consensos y estructuras de colaboración.
Seguiremos informando a medida que se publiquen documentos oficiales y las partes involucradas hagan sus presentaciones públicas.
